Las ayudas diseñadas para el sector azulejero, en un limbo legal por el requisito de morosidad

El sector exportador está presionando al Gobierno para que modifique la ley de subvenciones o establezca algún tipo de excepcionalidad que le permita acceder a ayudas públicas o subvenciones, sin tener que acreditar el pago de facturas en el plazo máximo de 60 días que marca la normativa antimorosidad. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez introdujo el pasado mes de septiembre un retoque en la legislación de subvenciones, a través de la ley de creación y crecimiento de empresas, que obliga a cualquier compañía aspirante a la recepción de programas de apoyo público a acreditar que los gastos subvencionables hayan sido abonados "en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".

La medida ha cogido a contrapié a muchas empresas exportadoras, que suelen funcionar con plazos de pago ajenos al habitual. En ocasiones, el límite para cobrar facturas alcanza los 180 días y es habitual cargar parte de esa demora sobre sus propios proveedores, en un flujo más o menos consentido por todas las partes, pero que se hace más evidente cuando hay problemas de tesorería.

Los primeros en alzar la voz han sido los empresarios del sector cerámico, que llevaban meses reclamando al Gobierno medidas de apoyo específico a las industrias gasintensivas para poder amortiguar de forma coyuntural el incremento de los precios del gas natural, combustible principal de los hornos de cocción, como consecuencia de la guerra de Ucrania. El sector ha crecido en ventas alrededor de un 15%, al haber incorporado a sus tarifas el incremento de costes. Pero asegura estar al límite de su equilibrio financiero.

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Finalmente, Pedro Sánchez anunció en diciembre del año pasado un paquete de 450 millones de euros dirigidos a subsectores industriales gasintensivos, entre los que citó "la cerámica de la provincia de Castellón", donde se concentra este clúster liderado por grandes firmas como Porcelanosa, Pamesa o Argenta, pero con otras muchas empresas de tamaño medio que están sufriendo problemas de competitividad por el incremento de su factura energética.

La orden de ayudas, dependiente del Ministerio de Industria, está ahora en fase de alegaciones. La patronal del sector, Ascer, es crítica con sus requisitos. Sostiene, entre otras cuestiones, que la exigencia de que todo gasto subvencionable acredite haberse pagado dentro del plazo máximo de 60 días que marca la norma de morosidad hará casi inviable que ninguna empresa pueda acogerse a las ayudas. Se une el factor exportador con las tensiones actuales de costes. "Las empresas tienen problemas de liquidez y la tesorería dañada. Muchas no están pagando en plazo, por eso mismo se solicitan las ayudas", se admite desde la patronal, que preside Vicente Nomdedeu.

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Los azulejeros han pedido ayuda a la Generalitat, que está presionando al Gobierno para que habilite algún tipo de excepcionalidad para el sector. Este mismo lunes, en la inauguración de la feria internacional Cevisama, el presidente valenciano, Ximo Puig, reclamaba al Gobierno central “una respuesta adecuada en momentos difíciles” que permita agilizar la llegada de las ayudas al sector de la cerámica, que “durante muchos años ha sido tabla de salvación de las exportaciones españolas”, dijo el barón socialista. Puig reclamó que “la burocracia no impida agilizar al máximo las ayudas” y recordó que gracias a la cerámica, Castellón lidera la riqueza per cápita de Comunidad Valenciana. Representa el 34% del PIB local y es la provincia española donde la industria tiene un mayor peso.

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La Administración valenciana se ha encontrado con el mismo problema a la hora de diseñar sus propias ayudas, pues cualquier programación está condicionada por la ley estatal de subvenciones. Fuentes del área económica de la Generalitat admiten en privado que no entienden el requisito, no ya solo para el sector cerámico, sino para el conjunto de empresas con problemas que concurren a convocatorias para mejorar su solvencia. "Con la norma tal como se modificó en septiembre, no habríamos podido dar ayudas a muchas empresas afectadas durante la pandemia", señalan. La alternativa que el Gobierno autonómico ha puesto encima de la mesa es duplicar de 50 a 100 millones de euros los préstamos bonificados que ofrece el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), no afectados por la ley de subvenciones.

El conflicto burocrático, sin embargo, va más allá del sector cerámico. Manuel Herrero, director de la Agrupación de Empresas Exportadoras Españolas (Arvet), una asociación patronal constituida en 1970 con la finalidad de promover la internacionalización y mejorar la competitividad del sector exportador, asegura que el requisito va a generar muchos problemas de acceso a empresas de distintos sectores. "Tenemos empresas que están cobrando a 180 días y esto genera un círculo vicioso con los proveedores. A los azulejeros les afecta mucho; se les prometieron unas cosas que no se cumplen. Pero nos va a llegar a todos. Hay ayudas a la investigación o a la reindustrialización que no van a poder darse por esto. Es lógico que haya algún tipo de salvedad", señala Herrero en declaraciones a El Confidencial.