Los trabajadores de los servicios sociales serán considerados 'esenciales'

La primera ley de servicios sociales de la democracia comenzará a tramitarse este martes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un anteproyecto de ley cuyo objetivo fundamental es la creación de una cartera mínima de servicios sociales destinada a cubrir las necesidades de al menos dos millones de personas que hoy, de una u otra manera, dependen de las diferentes actuaciones de los poderes públicos.

Aunque esta es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la idea de los redactores del anteproyecto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es llevarla de forma inmediata a la conferencia sectorial, en la que participan todos los territorios, para su discusión. Una vez que se concluya el correspondiente informe, el texto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y enviarlo posteriormente al Parlamento. El Gobierno es consciente de que este es el paso más delicado, a la vista de que necesita el apoyo de sus socios vascos y catalanes, que siempre han mostrado todo tipo de resistencias a que la Administración central pueda invadir sus competencias.

El texto, de hecho, ha contado con la asistencia técnica de la OCDE y de los propios funcionarios de la Comisión Europea

La ley, en todo caso, es uno de los hitos del plan de recuperación y ha sido la propia Comisión Europea la que ha animado al Gobierno a su aprobación, habida cuenta de que ha detectado una enorme descoordinación en las políticas sociales por ausencia de una ley estatal, ya que en la práctica existen 17 sistemas de servicios sociales, tantos como comunidades autónomas. El texto, de hecho, ha contado con la asistencia técnica de la OCDE y de los propios funcionarios de la Comisión, que han detectado que la cartera de servicios es muy desigual entre territorios, lo que choca en ocasiones con el mandato constitucional.

Se ha detectado, por ejemplo, como sostiene uno de los redactores del texto legal, que existen importantes restricciones para que un ciudadano que cuenta con una determinada ayuda social pueda cambiar de residencia en otra comunidad, ya que pierde sus derechos y entonces está obligado a navegar de nuevo por el laberinto burocrático hasta que puede obtener una nueva ayuda.

Trabajadores esenciales

La futura ley, igualmente, pretende acabar con los problemas administrativos que dificultan la actuación de los gestores de políticas sociales, y que solo se pueden solucionar desde una ley estatal. Así, por ejemplo, la actual legislación no prevé que los trabajadores sociales sean considerados esenciales, lo que hace que no puedan beneficiar de las tasas de reposición que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos. Este problema se observó con toda nitidez durante la pandemia, cuando muchos empleos no se pudieron cubrir al no ser considerados los trabajadores empleados esenciales.

Otro asunto que pretende corregir la ley es la tramitación de las ayudas de emergencia, que son las prestaciones que se dirigen a personas que padecen situaciones excepcionales, como es un desahucio. Con la legislación actual, las ayudas, pese a ser de emergencia, tardan dos o tres meses, ya que hay que aplicar la ley de subvenciones, que tiene carácter estatal, lo que supone un enorme retraso, debido a que quienes las gestionan son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

El anteproyecto, igualmente, incorpora un aspecto importante. Hasta ahora, los litigios en el ámbito social se tramitan mediante la vía de lo contencioso, pero en el futuro serán los juzgados de lo social quienes tramiten los contenciosos. Esto es importante, porque estos juzgados, que entienden de las causas laborales, son mucho más rápidos que los contenciosos, lo que mejorará las demandas de colectivos muy vulnerables.

La Constitución española dispone que las regiones podrán asumir competencias en materia de asistencia social

El anteproyecto de ley no cuenta, por el momento, con memoria económica, ya que dependerá de la cartera de servicios mínimos que pacten las comunidades autónomas. Lo que hizo el Gobierno cuando aprobó el plan de recuperación fue reservar unos 3.000 millones de euros para políticas sociales, al contrario que otros países, que destinan toda la cuantía a inversión y/o transformación del aparato productivo.

El ministerio de Ione Belarra ya ha mantenido reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, y ahora lo que espera son nuevas aportaciones para mejorar y precisar el texto. Se considera que, al igual que sucede en el ámbito sanitario, no es incompatible que las comunidades autónomas sigan teniendo competencias exclusivas sobre esta materia, como ordena la Constitución, con una mayor coordinación para evitar desajustes e ineficiencias.

La Constitución española, en concreto, dispone que las regiones podrán asumir competencias en materia de asistencia social, y así se refleja en todos los estatutos de autonomía. Hoy, todas las regiones cuentan con un texto ad hoc. La última en actualizarlo ha sido la Comunidad de Madrid. Lo relevante, igualmente, es que al tramitarse como una ley estatal, los derechos sociales son reclamables ante los tribunales.