Moncloa excluye del cheque de 200 euros a millones de pensionistas con rentas muy bajas

El cheque de 200 euros que el Gobierno entregará a los hogares con rentas inferiores a 27.000 euros anuales brutos tendrá un destinatario principal: las familias monoparentales. Es decir, aquellos núcleos formados por uno solo de los progenitores con hijo o hijos a cargo, y que están mayoritariamente integrados por madres con algún o algunos descendientes.

Según Estadística, en 2020 —último año publicado— había 1,94 millones de hogares de esas características, el 75% de los cuales eran madres con hijos. La renta media en 2021 de ese colectivo, que supone casi la mitad de los 4,2 millones de hogares beneficiados a priori por la medida aprobada por el Consejo de Ministros, era equivalente a 19.192 euros, lo que significa que esos hogares entran de lleno en los límites impuestos por el Gobierno. Entre otros, que tengan un patrimonio inferior (sin contar la vivienda en propiedad) de 75.000 euros a 31 de diciembre de este año.

No se trata, por lo tanto, de “clase media trabajadora”, como proclama la referencia del Consejo de Ministros. Entre otros motivos, porque la renta media de los hogares españoles, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) se sitúa en 30.552 euros. Es decir, casi un 60% más de la renta disponible del colectivo más beneficiado.

Esto es así porque el propio Real-decreto ley que regula la concesión habla de una ayuda a las “personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio”. Es decir, nada de clases medias trabajadoras, como sostiene el propio Gobierno en su discurso público.

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El segundo colectivo más beneficiado, precisamente, será el formado por los hogares compuestos por una sola persona sin hijos a cargo. En este caso, su renta media, también según el INE, se sitúa en 16.660 euros sin alquiler de su vivienda imputado. Es decir, en caso de que se tuviera en cuenta el coste de su residencia. En esta circunstancia se encuentran 4,88 millones de personas que viven solas (hogares unipersonales), pero hay que tener cuenta que solo una pequeña parte podrá beneficiarse de la ayuda. El Gobierno no ha dado información sobre cómo ha llegado a la conclusión de que podrán beneficiarse 4,2 millones de hogares, una cifra que representa nada menos que uno de cada cinco de los 18,75 millones de hogares que existían en 2020 (el 22,4%).

Parados y parados

Y esto es así porque el Gobierno ha excluido a quienes hoy perciben el ingreso mínimo vital, que hasta el pasado mes de octubre beneficiaba a 509.574 hogares y 1,4 millones de personas. También deja fuera a quienes cobren pensiones abonadas por la Seguridad Social o por el régimen de clases pasivas. Incluso a los parados de larga duración, toda vez que el texto publicado en el BOE deja bien claro que solo tendrán derecho los desempleados que hayan cobrado la prestación o el subsidio durante el año 2022, pero no antes.

Se excluye, igualmente, a quienes perciban una prestación a cargo de una mutualidad alternativa al sistema de Seguridad Social. Es decir, se deja al margen de la medida a colectivos muy relevantes como las viudas (2,35 millones), cuyos ingresos mensuales —datos de noviembre pasado— equivalen a 781,16 euros. O lo que es lo mismo, 10.936 euros al año.

Por lo tanto, una cantidad muy inferior al umbral fijado por el Gobierno: 27.000 euros por unidad familiar. Ese colectivo tan numeroso, y en la inmensa mayoría, ya sin poder elevar sus rentas habida cuenta de su edad, no se beneficiará, sin embargo, de la ayuda de los 200 euros, pese a que en su caso el impacto de la inflación se amplifica de forma muy relevante. Entre otros motivos, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es mayor que el de las rentas elevadas, ya que tienen que destinar todos sus ingresos a consumir. En particular, alimentación y mantenimiento del hogar.

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Tampoco se beneficiarán quienes perciban una pensión por incapacidad permanente (948.664 prestaciones de este tipo con unos ingresos mensuales medios de 1.094 euros) o quienes tienen derecho a una pensión de orfandad (340.641 beneficiarios), y cuya prestación equivale a 439 euros mensuales.

El Gobierno, por el momento, todavía no ha revelado de forma oficial cuánto costará la medida. Una simple operación aritmética indica, sin embargo, que si hay 4,2 millones de beneficiarios con un coste por hogar de 200 euros, el resultado serían 840 millones de euros, pero en el Real Decreto-ley publicado en el BOE este miércoles se habla de la “concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.000 euros”. Esta cifra es a todas luces un error que debería ser subsanada en los próximos días.

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La experiencia dice, así sucedió cuando se aprobó el ingreso mínimo vital, que suele haber una enorme distancia entre los cálculos iniciales del Gobierno que se publicitan el día que se anuncia la medida y las cifras finalmente resultantes. Fundamentalmente, por la complejidad burocrática que incorporan este tipo de ayudas públicas dirigidas principalmente a colectivos que en ocasiones están en la frontera de la exclusión fiscal. La norma, en todo caso, aclara que el cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará considerando las rentas obtenidas por ambos cónyuges o, en su caso, la pareja de hecho, pero siempre que esté inscrita en el registro de uniones de las comunidades autónomas.

En esta ocasión, el Gobierno ha optado por relajar algo los controles administrativos. En concreto, la fiscalización previa, que es la práctica habitual de la Administración, se sustituye por el “control financiero permanente” realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La norma establece que los pagos los realizará directamente la Agencia Tributaria previa solicitud a instancias del interesado después del 15 de febrero próximo, que es cuando estarán disponibles los impresos. En total, 200 euros en un solo pago, lo que supone 54 céntimos al día durante un año. O 1,09 euros diarios durante un semestre, como se prefiera.