Cheque de 200 euros y menos IVA a los alimentos: una de cal y otra de arena

Temporales y dirigidas. La coletilla se ha repetido hasta la saciedad en las distintas evaluaciones que se han hecho de las medidas puestas en marcha por el Gobierno español para mitigar los efectos de la crisis inflacionaria para las familias españolas.

Son precisamente esos principios los que explican que buena parte de los expertos económicos haya acogido con complacencia la decisión del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez de retirar el plan de subvenciones generalizadas al consumo de combustibles para pasar a un sistema de ayudas dirigidas a colectivos concretos, más expuestos a los efectos de los precios energéticos elevados.

Durante mucho tiempo, se ha puesto énfasis en los efectos negativos de esta subvención generalizada, puesto que se entiende que representa un esfuerzo sensible para las arcas públicas, con un alto riesgo de acabar transformándose en mayores márgenes para las distribuidoras y que, cuando llega al bolsillo de los consumidores, lo acaparan principalmente quienes menos lo necesitan.

Por eso, no deja de resultar paradójico que, en su plan para atacar los efectos de la inflación en la cesta de la compra, el Gobierno incida en medidas a las que se pueden achacar idénticos defectos, como puede ser la rebaja del IVA e, incluso, su eliminación total para algunos productos.

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Es habitual señalar —y numerosa literatura académica lo respalda— que este tipo de soluciones tiene un traslado a precios lento y en muchos casos incompleto, de modo que la pérdida de recaudación que conlleva acaba resultando, al menos en parte, en un aumento de los beneficios de alguno o varios de los actores implicados en la cadena de suministro, y no tanto en un alivio para los consumidores. El caso de la bajada del IVA al cine en España es paradigmático de este riesgo.

Ante esta amenaza, el propio Sánchez manifestaba este martes la intención del Gobierno de controlar que la rebaja del IVA se traslade eficazmente a los precios. Se puede confiar más o menos en la capacidad de la Administración de evitar estas distorsiones, pero, como observa Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, no hace falta pararse en este aspecto para recelar de una solución como la bajada de los precios del IVA.

Las rebajas de IVA a menudo se trasladan de forma lenta e incompleta a los precios

En su opinión, esta adolece del mismo defecto de base que las ayudas al consumo energético, ya que representan una ayuda indiscriminada que acaba repercutiendo en una proporción muy elevada en los bolsillos de las familias de mayor poder adquisitivo.

Aunque es cierto que los productos de primera necesidad suelen representar una mayor proporción del consumo de los hogares de rentas bajas, la evidencia académica discute que las bajadas del IVA sean un instrumento eficaz para limitar la regresividad de este impuesto. Según cálculos de la AIReF en el contexto del Spending Review, en 2020, más del 60% del coste recaudatorio de los tipos reducidos beneficia al 40% de hogares más ricos. “Considero —por las razones que expusimos en el Libro Blanco— que favorecen más a las rentas más altas, y suponen una altísima pérdida de recaudación”, observa en este sentido Violeta Ruiz Almendral, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, que formó parte del comité de expertos que elaboró el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria presentado este año tras encargo del Gobierno.

Son estas razones las que conducen a expertos como Ángel de la Fuente a declararse más partidarios de mantener la recaudación por esa vía y trasformarla en ayudas dirigidas específicamente a los hogares más desfavorecidos a través de ayudas directas, como la que representa el cheque de 200 euros también planteado ahora por el Gobierno.

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“Esta es, en nuestra opinión, la medida más correcta, porque supone un traslado de rentas a las familias con dificultades”, observa Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. La posibilidad de haber elevado esta ayuda a un monto más significativo aprovechando el aumento de la recaudación por IVA, sin recurrir a la rebaja de este, es planteada por diversos expertos como un uso más apropiado de los recursos, aunque, como advierte el propio Hidalgo, este tipo de ayudas tienen un carácter inflacionista, por lo que también deben estar suficientemente medidas.

En este sentido, el anuncio del Gobierno de que podrán beneficiarse del mismo familias con ingresos hasta 27.000 euros anuales, lo que daría acceso a la medida a más de 4,2 millones de hogares (más de un 20% de los hogares en España) es visto con cierto escepticismo entre los expertos, ya que creen que puede estar apuntando a un universo más amplio del conveniente, limitando sus efectos positivos (para el rango más elevado, esos 200 euros representan una porción limitada de sus ingresos) en aras de ampliar el número de beneficiarios.