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Cuando McKinsey llega al ministerio: cuánto depende el Estado español de las consultoras
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LOS MINISTERIOS HACEN EL 90% DE ENCARGOS

Cuando McKinsey llega al ministerio: cuánto depende el Estado español de las consultoras

La Administración, desde ministerios a ayuntamientos o empresas públicas de todo el país, invierte millones de euros cada año en las Big Four, McKinsey o Grant Thornton. La pandemia ha elevado estas facturas

Foto: Cuatro de las cinco torres en el área financiera de Madrid. (EFE/Mariscal)
Cuatro de las cinco torres en el área financiera de Madrid. (EFE/Mariscal)
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Cuando Madrid necesita crear una oficina de seguimiento para comprobar qué tal funciona el plan Madrid 360, descuelga el teléfono y llama a Deloitte, igual que hace la Sociedad Canaria de Fomento Económico cuando necesita un informe sobre el sector de los videojuegos.

Cuando Cuenca busca crear un modelo de turismo sostenible en la ciudad, descuelga el teléfono y llama a KPMG, igual que hace la Universidad de Almería a la hora de auditar sus cuentas anuales.

Foto: El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (EFE/J. J. Guillén)

Cuando la Sareb valora la idoneidad de lanzar un concurso de cesión de suelos, descuelga el teléfono y llama a PriceWaterhouseCoopers, igual que hace el Ayuntamiento de Garachico en Tenerife cuando busca pedir fondos europeos de recuperación tras la pandemia.

Cuando Ceuta necesita identificar empresas potencialmente interesadas en establecerse en la ciudad autónoma, atraídas por su particular régimen económico y fiscal, descuelga el teléfono y llama a EY, igual que hizo la Empresa Municipal del Suelo de Leganés para contratar formación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para algunos de sus empleados.

Así, en multitud de procesos relacionados con la Administración, desde el Ministerio de Hacienda hasta el ayuntamiento más remoto, las principales multinacionales especializadas en servicios de consultoría y asesoría hacen bombear la sangre que hace latir el corazón del Estado, realizan innumerables labores burocráticas y de fontanería para una Administración a menudo atrofiada. La incapacidad de muchas de las ramificaciones del sector público queda suplida por las Big Four arriba mencionadas y por otras firmas habituales como McKinsey o Grant Thornton, que facturan millones de euros cada año en contraprestación a sus servicios. Concretamente, las cinco principales han facturado más de 120 millones de euros a la Administración General del Estado en unos 720 contratos desde 2018. A eso hay que sumarles otros, suscritos con comunidades autónomas, empresas públicas, universidades o ayuntamientos.

Estas empresas superan la especialización y la capacidad de carga de trabajo del sector público

"El hecho de que la Administración pública, especialmente a nivel nacional, contrate a estas empresas puntualmente puede tener sentido por varias razones", explica a este periódico Pablo Sanz Bayón, profesor de Derecho Mercantil en Icade y autor de varios trabajos académicos al respecto. "En primer lugar, estas empresas cuentan con profesionales técnicos altamente especializados, y esto en determinados ámbitos de consultoría supera normalmente la capacidad de carga de trabajo respecto de las plantillas del sector público". Además, al ser estas empresas de servicios que se mueven a escala internacional, "se manejan muy bien en entornos como el de Bruselas y en las instituciones de la Unión Europea", añade este experto. "El hecho de que estas firmas trabajan con unos modelos y estándares comunes a nivel global representa un valor añadido a la hora de presentar información pública en diversas instancias supranacionales".

¿Dependemos demasiado de la consultoría?

Durante años, la relación entre las consultorías y la Administración ha sido vista con absoluta normalidad, aunque la irrupción de la pandemia —o siendo precisos, la pospandemia, con la gestión de esa lluvia millonaria de fondos de recuperación europeos— ha supuesto un auténtico boom para estas empresas, ¿pero tiene el sector público una relación sana con estas empresas o de absoluta dependencia?

El Gobierno francés, a través de su ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, admitió a finales de noviembre que los ejecutivos, tanto el de Macron como los anteriores, se habían apoyado demasiado en asesores externos. "Creo que hemos ido demasiado lejos", declaró a la televisión gala. Antes, Politico analizó cómo el país se había entregado a las consultoras para organizar el reparto de las vacunas del covid-19 o combatir el cambio climático, tareas para las que, en teoría, la Administración contaba con capacidad suficiente.

placeholder Mariana Mazzucato, el año pasado en Berlín. (EFE/EPA/Clemens Bilan)
Mariana Mazzucato, el año pasado en Berlín. (EFE/EPA/Clemens Bilan)

En su reciente libro The Big Con —todavía sin traducción al español, aunque el título podría interpretarse como El gran engaño—, las economistas Mariana Mazzucato y Rosie Collington analizan precisamente cómo estas empresas "saben menos de lo que aseguran, cuestan más de lo que parece y, a largo plazo, impiden que el sector público desarrolle capacidades internas", según contaba la académica italo-estadounidense al Financial Times. Las economistas explican en este último libro cómo las grandes consultoras aprovecharon el adelgazamiento de los Estados provocado por la crisis de 2008 para introducirse y ejercer funciones que hasta entonces eran asumidas internamente. En este sentido, la crisis pandémica ha supuesto otro empujón para estas empresas y, al mismo tiempo, para la debilidad de las administraciones.

En España, es justo lo que ha pasado. Las facturas entre estas empresas y la Administración central aumentaron a partir de la crisis del covid-19. De hecho, en solo dos meses de 2023 han facturado casi tanto como en todo 2019.

"No estamos en contra de las consultoras", escriben. "El problema es cuando una industria no incentiva que el Gobierno sea independiente. Un terapeuta que tiene a su cliente en terapia toda la vida obviamente no es un terapeuta muy bueno".

Es una idea que va adquiriendo cada vez más fuerza, especialmente a partir de la publicación el año pasado de Cuando McKinsey llega a la ciudad, un trabajo de investigación de Walt Bogdanich y Michael Forsythe, periodistas del New York Times, sobre La Firma, una compañía siempre envuelta en secretismo y cuyos resultados son, a menudo, cuestionables.

Foto: Logo de McKinsey. (Reuters/Charles Platiau) Opinión

McKinsey, como el resto de las Big Four, se caracteriza por ser discreta. En los últimos cinco años, en España ha logrado contratos con ministerios como el de Hacienda y con empresas públicas como Renfe o Navantia por valor de unos 11 millones de euros. Para acceder a esta información, en El Confidencial hemos seguido el único rastro indeleble que queda de su actividad, que es el que estas empresas dejan en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Los datos han sido extraídos de esta plataforma con Gobierto Contratación, una herramienta de análisis e inteligencia de mercado sobre contratación pública.

Para los datos de este artículo, solo se han tenido en cuenta aquellos contratos con la Administración General del Estado, pero los tentáculos de las consultoras llegan, como hemos visto, hasta ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.

Dentro de los contratos con la AGE, el 90% del dinero lo pagan los ministerios, y un 35% de las cantidades formalizadas lo acapara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, conocido como de Fomento entre 2018 y 2021. Algunos de los contratos más caros, de hecho, han sido adjudicados por esta cartera, como asistencias para Aena, Renfe o para los planes inmobiliarios de los aeropuertos Barajas y El Prat.

Entre las desventajas para que la Administración contrate los servicios de estas consultoras está, en primer lugar, "el coste de estos servicios, ya que el pago de los honorarios de estas firmas procede del presupuesto público", apunta Sanz Bayón, que se pregunta también si "esta contratación masiva y multimillonaria por parte de la Administración no es en el fondo una delegación de funciones políticas o públicas, teniendo en cuenta que la propia Administración ya cuenta con cuerpos de altos funcionarios del Grupo A y órganos de asesores ministeriales o de la Moncloa supuestamente capacitados para estas tareas de prospectiva, análisis y consultoría".

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, es uno de los que tienen una dependencia más discreta de estas empresas

Sin embargo, en determinados ministerios o instituciones se opta recurrentemente por la subcontratación a estas firmas. "Esta práctica tan consolidada hoy día podría interpretarse como una privatización o delegación de servicios públicos", añade el profesor de Icade. "Finalmente, el grado de concentración en este sector puede suponer una excesiva dependencia de unas pocas empresas, y, por tanto, suponer la transferencia de información sensible, privilegiada o estratégica del Estado a ciertos socios directivos de las Big Four que a su vez tienen en su cartera de clientes a empresas extranjeras, lo cual podría poner en riesgo la seguridad nacional o los intereses asociados a la soberanía de la economía española", concluye. Otro riesgo añadido estaría también en los vasos comunicantes que a menudo se establecen entre estas empresas y el mundo político.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, el mismo que inició la inspección a las Big Four por los horarios laborales, es uno de los que tienen una dependencia más discreta de estas empresas. En cinco años, apenas ha requerido cinco contratos destinados a, principalmente, la digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o elaborar una propuesta de indicadores para la evaluación y seguimiento de los planes anuales de empleo, ambas contratadas con Deloitte.

McKinsey, esta vez sí, tiene el honor de haber logrado el mayor contrato con la Administración de los últimos años: más de ocho millones de euros para asistir a Aena en la implantación de un Plan Estratégico de Sistemas de Información. No es el único con un montante similar, ya que es más o menos lo que Deloitte facturó al Banco de España y al Ministerio de Fomento por sendos contratos.

En total, la plataforma recoge más de 1.300 contratos entre estas seis empresas —para esta investigación, hemos comprobado los CIF asociados a estas compañías en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), lo cual ofrece una panorámica bastante completa pero no exhaustiva— y las distintas administraciones, que suman más de 166 millones de euros. En la siguiente tabla, puede consultar toda la información descargada para la elaboración de este artículo.

Aunque el portal solo recoge una parte de toda la contratación del sector público, las cifras ayudan a entender cómo se han ido convirtiendo en una muleta para el normal funcionamiento de muchas instituciones públicas.

La cuestión que queda por dilucidar es si el paciente será capaz de volver a caminar con normalidad una vez retiradas estas muletas.

Cuando Madrid necesita crear una oficina de seguimiento para comprobar qué tal funciona el plan Madrid 360, descuelga el teléfono y llama a Deloitte, igual que hace la Sociedad Canaria de Fomento Económico cuando necesita un informe sobre el sector de los videojuegos.

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