3.000 multas al día con Madrid 360: el mapa de los puntos negros del plan de Almeida

El pasado mes de mayo fue el primero en que el Ayuntamiento de Madrid ya multaba por acceder a cualquiera de las tres áreas restringidas que contempla Madrid 360: el distrito centro, plaza Elíptica y el interior de la M-30, según distintas condiciones en cada caso. Las cámaras del consistorio leyeron hasta 84.000 matrículas de coches que se habían colado en alguna de esas zonas sin tener permiso, unas 3.000 multas al día.

Pero no todos los puntos de acceso detectan la misma cantidad de conductores. Solo en los tres principales accesos a plaza Elíptica hubo en mayo casi 30.000 infracciones, un 35% del total en ese mes en toda la ciudad. También las entradas al distrito centro por Alcalá 71, Gran Vía 71 o Atocha 125 son algunos de los principales puntos negros de las multas de este tipo. Al final, prácticamente 10 puntos son el origen de dos de cada tres accesos sin permiso registrados.

El mapa muestra las multas de mayo, último mes con datos disponibles, de aquellos accesos donde se han puesto al menos 50. Pero las recetas de Madrid 360 comenzaron a llegar en diciembre de 2021. Al principio, solo tenía efecto la zona del distrito centro, un perímetro casi idéntico al que en su día se aprobó bajo el mandato de Manuela Carmena. Hasta febrero, las sanciones superaron las 77.000. Desde finales de febrero, a estas multas hay que sumar las interpuestas en una nueva zona restringida, la de plaza Elíptica, que ya aglutina el 44% de las multas de este tipo.

El tercer paso llegó en mayo, cuando ya se empezó a multar también a los vehículos sin distintivo ambiental (clasificación A) no residentes que acceden al interior de la M-30. En un mes, han sido casi 5.300 las sanciones por este motivo, poco más del 6% del total. Con datos de la DGT a 2021, el porcentaje del parque de turismos de la región de Madrid que no tiene etiqueta es del 23%, y la proporción que realmente está en circulación es menor.

"Será imposible que entres por algún sitio y que no seas captado"

Además, la entrada al perímetro de la M-30 no está vigilada en todos sus accesos, como sí ocurre con distrito centro o plaza Elíptica, sino que para detectar estos vehículos existen 15 cámaras repartidas por toda el área, por lo que el control es, de momento, más laxo. Desde el ayuntamiento, explican que "Madrid ZBE va a tener 110 cámaras en el interior de la M-30", pero que, por dilatación de trámites administrativos, su instalación y puesta en funcionamiento se ha retrasado. Estas cámaras estarán operativas antes de que finalice el año, y de nuevo se dará un tiempo de preaviso para que la gente sepa que están ahí. "Para cuando estén por toda la ciudad, será imposible que entres por algún sitio y que no seas captado", advierten desde el consistorio. Desde la oposición, Más Madrid calificó de "chapuza" que la nueva zona de bajas emisiones no tuviera la capacidad sancionadora prevista desde el primer momento.

Un arranque progresivo

Las primeras áreas de prioridad residencial (APR) de Madrid llegaron en la década de los dos mil en los barrios de las Letras, Cortes y Embajadores. Ya en 2015, con la inauguración de la APR de Ópera, la media de las multas pasó de unas 800 a casi 2.500 diarias en los primeros meses de implantación. Con el paso del tiempo y el mayor conocimiento de la población, esa cifra fue cayendo hasta las 1.200 en noviembre de 2019.

Justo entonces, comenzó el periodo de prueba del Madrid Central de Manuela Carmena, del cual no se empezaron a ver multas efectivas hasta finales de marzo de 2019. Los primeros meses de esas restricciones prácticamente no se registraron sanciones. Por un momento, parecía que Madrid Central traía muchas menos multas que las áreas previas, y desde el consistorio lo achacaban a una mejor señalización y conocimiento del nuevo perímetro, más "intuitivo".

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Ya en septiembre de ese año, con Carmena fuera del ayuntamiento, la exdelegada de Movilidad y Medio Ambiente y responsable de la implantación de Madrid Central, Inés Sabanés, explicó que, en un primer momento, solo se sancionaba a los vehículos sin distintivo medioambiental, dejando fuera aquellos con distintivo B y C hasta que el sistema estuviese más rodado.

Cuando esto se supo, ya como alcalde, José Luis Martínez-Almeida calificó la estrategia de “moratoria encubierta” con “fines políticos” de cara a las elecciones, que se celebraron en mayo de 2019. Ese mes, se registraron poco más de 13.300 multas, mientras que en junio la cifra subió a casi 80.000.

Durante los meses de vacaciones, las cifras se mantuvieron estables, pero a la vuelta se vivió el mayor pico en las multas de Madrid Central y la cifra más alta desde 2015: 4.000 al día. La tendencia desde entonces fue descendente y con el confinamiento se vivió una caída en picado de las multas. Después, el número de sanciones se estabilizó en unas 1.700 diarias.

Tras el parón producido a causa de la anulación por parte del Tribunal Supremo de la zona de bajas emisiones que abarcaba todo el distrito centro, las multas volvieron pocos meses después de la entrada en vigor del plan de Almeida, Madrid 360. Desde diciembre del año pasado, las cámaras del centro volvieron a detectar las matrículas de los coches que acceden sin permiso y el nivel de multas se mantuvo hasta febrero de este año en cifras similares a las que había dejado Madrid Central.

En marzo, el volumen de sanciones creció un 60%, después de que, pocos días antes, se hubiera empezado también a multar por el acceso a la zona de plaza Elíptica. Desde entonces, el ayuntamiento ha acumulado varias quejas por problemas en la recepción de las sanciones por acceder a la nueva zona restringida. Miles de conductores acumularon varias multas reiteradas, que llegaron de golpe y sin que pudieran abonarlas en la modalidad de pronto pago, lo que les habría permitido reducir la cantidad a abonar de 200 a 100 euros.

"El objetivo es mejorar la calidad del aire y lo que no queremos es un afán recaudador"

La rectificación del consistorio ha llegado en este mes de julio, cuando Almeida aseguró que los afectados por estos errores solo pagarían la primera de las multas que les hubieran llegado. Además, si esta fue interpuesta antes del 21 de marzo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, la cantidad a abonar sería de 90 euros, o 45 en pronto pago.

En el pleno celebrado el 20 de julio, Almeida afirmó que su Gobierno “va a revisar de oficio las sanciones antes del 2 de mayo, dejando únicamente la primera y anulando las posteriores”. "Lo que ha habido son confusiones con respecto al periodo de preaviso. El objetivo es mejorar la calidad del aire y lo que no queremos es un afán recaudador", aseguró el alcalde.

La historia se repite

Una vez más, todas estas multas o parte de ellas podrían quedar sin efecto. Nada más aprobarse el plan para mejorar la calidad del aire del ayuntamiento, en septiembre de 2021, la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales interpuso un recurso contra la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y también el despacho de abogados Pyramid Consulting ha recurrido la norma y pide su nulidad.

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Los demandantes esgrimen falta de documentación que justifique las medidas y que no se haya dado audiencia a municipios limítrofes. A su favor juega la jurisprudencia reciente, ya que a finales de marzo el TSJ de Cataluña dejó en el aire la zona de bajas emisiones de Barcelona. La sentencia no es firme y el tribunal tiene en cuenta que el ayuntamiento aún puede recurrir al Tribunal Supremo, por lo que la decisión, de momento, no tiene efecto.

Con todo, la historia es similar también a lo que ya ocurrió con Madrid Central. Entonces, los recursos fueron presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en al ayuntamiento y la mercantil DVuelta Asistencia Legal. Casi tres años después de que se iniciase el proceso, con recurso de Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior para salvar la ZBE de Carmena, el Tribunal Supremo dio carpetazo a Madrid Central.