Empiezan las multas de Madrid 360 en plena ofensiva judicial para dejarlas sin efecto

El pasado 1 de mayo entró en vigor la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid que restringe el acceso de vehículos sin distintivo ambiental (etiqueta 'A') al interior de la M-30. A partir del domingo, todos aquellos que no respeten las prohibiciones serán castigados con multas de 200 euros, que pueden quedarse en 100 si se abonan por pronto pago. Las sanciones se enmarcan dentro del plan Madrid 360, el programa impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida que establece zonas de bajas emisiones (ZBE) para bajar el nivel de contaminación en la capital y cumplir con las exigencias que establece la ley. Ahora bien, estas multas podrían tener los días contados.

El motivo son los dos recursos que pesan actualmente contra la ordenanza en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Uno de ellos, interpuesto en septiembre de 2021 por Avarm, la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales. El segundo, promovido por el despacho de abogados Pyramid Consulting. Ambos discuten la legalidad de las restricciones y piden su nulidad.

Los motivos que alegan son varios. Para empezar, la falta de documentación necesaria para justificar las medidas. A pesar de que sí existe un informe, los demandantes argumentan que en su interior "no se aborda el impacto en la sociedad, negocios y vida de los madrileños que las restricciones de la ordenanza van a suponer". Asimismo, critican que no se haya dado audiencia a los municipios limítrofes, a pesar de que las restricciones al tráfico les afectarán también a ellos. Pero, principalmente, consideran que la ordenanza vulnera varios derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, entre los que destacan el derecho a la libertad e igualdad, a la libre circulación de personas y trabajadores y el derecho a la propiedad privada y su uso y disfrute.

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A los argumentos jurídicos se une un elemento importante: la existencia de un precedente. Y es que a finales de marzo de este año, el TSJ de Cataluña anuló la zona de bajas emisiones de Barcelona al entender que no había suficientes informes que avalasen algunas de las restricciones que se están aplicando. Asimismo, la sala consideró que la prohibición abarcaba un ámbito geográfico excesivo y que había demasiados vehículos afectados. Un razonamiento que, según Vicente Ynzenga Aranda, abogado en Pyramid Consulting, podría ser extrapolable a la ordenanza madrileña.

"Haciendo memoria de lo que pasó, el recorrido podría ser el mismo", señala el letrado. Una opinión que comparte Antonio Benítez, socio director de Administrativando Abogados, que califica el fallo catalán como un precedente muy relevante para Madrid 360. "Podría ser anulado basándose en los mismos motivos", insiste. Ahora bien, Ynzenga Aranda matiza que, por el momento, Madrid 360 sigue plenamente vigente y las multas son legales, por lo que toca esperar al fallo del TSJ o, incluso, al Tribunal Supremo, quien tendría la última palabra sobre la legitimidad de las ZBE. "Pero para eso tendremos que esperar bastante. Aproximadamente dos años, que es lo que tardaron la última vez", recuerda.

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Ynzenga Aranda hace referencia al proceso judicial en contra de Madrid Central, el predecesor del modelo actual, que fue impugnado primero ante el TSJ madrileño y luego ante el Supremo. En esta ocasión, sin embargo, los magistrados no entraron en el fondo del asunto, sino que anularon la medida estrella de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, por un defecto técnico.

Ante la duda, impugna

¿Qué pasará en caso de que la Justicia falle en contra de Madrid 360? En ese caso, los ciudadanos multados podrían exigir la devolución de las cuantías. Pero no siempre. "Las multas que no hayan sido recurridas no serán devueltas con base en el principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española", subraya Benítez. Es decir, que los ciudadanos sancionados que abonen la cuantía y no interpongan ningún recurso en contra en el plazo legalmente establecido para ello no podrán exigir una eventual compensación.

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Por el contrario, Diego Luis Luque, abogado experto en derecho contencioso-administrativo en Andersen, indica que si la multa no es firme en el momento en que se impugnara la ordenanza, sería automáticamente nula, "ya que carecería del instrumento jurídico que le da cobertura". Es por ello que los letrados consultados recomiendan impugnar las multas que vayan llegando. Solo así, señalan, será posible reclamar la devolución si los tribunales anularan la norma eventualmente.

Carta de aviso

A la espera de que se pronuncie la Justicia, Ynzenga Aranda considera que hay otros argumentos en que los ciudadanos sancionados pueden apoyarse para librarse de las multas. Así, explica que desde el bufete ya están alegando la vulneración de la confianza legítima, un principio recogido en la CE que obliga a la Administración a actuar con transparencia y buena fe. Un precepto que, en su opinión, se podría haber infringido si el ayuntamiento no mandó una carta previa de aviso.

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Este fue precisamente el motivo por el que el ayuntamiento retrasó dos meses la aplicación de las multas, ya que quiso dejar un plazo en el que fue avisando vía correo a los conductores que incumplían las prohibiciones. "Pero no todo el mundo lo ha recibido. Ya pasó con Madrid Central y lo estamos detectando ahora", alerta. Por tanto, si no has recibido esa carta informativa y luego te multan, "podrías impugnarla alegando que no se ha respetado el principio de confianza", concluye.