¿Vuelva Vd. mañana? Ojalá, la Administración pública ya da citas a varios meses vista

71,4 días. Este es el tiempo de espera para conseguir una cita previa para obtener un certificado de fe de vida, un documento esencial para seguir cobrando determinadas prestaciones como la jubilación. Para otros trámites más básicos, como expedir un DNI o un pasaporte, la media se sitúa en 22 días, mientras que gestionar la nacionalidad española por residencia es, sencillamente, imposible: en todo 2022 no hubo una sola cita previa disponible. Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP), elaborado por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam).

El estudio analiza los tiempos medios de espera que tardaron las administraciones públicas en dar una cita previa para ciertos trámites básicos a lo largo de 2022 y llega a una conclusión: las administraciones públicas han convertido las gestiones presenciales en una "carrera de obstáculos". "Bien sea por falta de personal, bien sea por colapsos de tramitación, en algunas ocasiones la cita previa se demora excesivamente o incluso deja de estar disponible", asevera el documento, que califica la implantación de la cita previa obligatoria como una manera de restringir la atención presencial a la ciudadanía.

En concreto, el documento se centra en 25 trámites correspondientes a cinco ministerios: Educación y Formación Profesional; Hacienda y Función Pública; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior, y Justicia. Este último es, precisamente, el que obtiene la peor nota en cuanto a agilidad para ofrecer disponibilidad a los ciudadanos. De media, cualquier gestión que dependa de este ministerio se demora un mínimo de 15 días, si bien algunos trámites se alargan mucho más (como la nacionalidad o el certificado de fe de vida, que en el mes de mayo tuvo un retraso de 114 días, lo que equivale a cerca de cuatro meses).

En segunda posición se sitúa el ministerio de Seguridad Social, con una media de 14,5 días para asignar fechas a los ciudadanos que quieren realizar alguna gestión importante. Los trámites más lentos fueron la obtención del ingreso mínimo vital —con cerca de 20 días de espera de promedio—, jubilación y viudedad, con alrededor de 15 días de media, si bien en algunos meses el tiempo de espera superó los 30.

Por su parte, Interior registra una media no demasiado elevada (siete días), aunque el dato tiene cierta trampa: de los ocho trámites analizados, seis únicamente tienen disponibilidad en dos meses del año. Para los otros dos, expedición del DNI y el pasaporte, la cita previa se consigue con un retraso de 22 días. De hecho, estos tres ministerios no tuvieron ninguna opción de cita durante alguno de los meses de 2022, mientras que Hacienda fue el único con disponibilidad durante todo el año para el trámite analizado (la petición de titularidades catastrales).

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"Si esto sigue así, va a llegar el momento en el que tengamos que crear la cita previa de la cita previa", ironiza Fernando Santiago, presidente del Icogam. "No es de recibo que realizar trámites, muchos de ellos vitales para ciudadanos y negocios, conlleve la desesperación de pasar el día dándole al botón a ver si aparece el mensaje de días disponible. En algunos organismos públicos, la persona de seguridad de la puerta te aconseja que trates de conseguir hora de madrugada... obtener cita en algunos casos es como conseguir el premio en la chapa del refresco", asevera.

Para el presidente del organismo, el hecho de que se permitan realizar algunos de estos trámites de manera telemática no exime a la Administración de intentar reducir los tiempos de espera presenciales. "No olvidemos que la brecha digital se hace mucho más grande cuando se trata de usar el ordenador para realizar un trámite. Equivocarse al entrar en una página de un periódico no supone ningún coste para el ciudadano, equivocarse en un trámite si puede suponerlo, y eso genera inseguridad", subraya.

"Obtener cita en algunos casos es como conseguir el premio en la chapa del refresco", afirma Fernando Santiago

Por su parte, Diego Gómez, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, critica la lentitud de las administraciones y afea que obliguen a pedir cita previa para algunos de los trámites. "Siempre ha sido algo voluntario. Si no tenías, acudías y te atendían igualmente. Con el covid, empezaron a exigirlo y ahora lo siguen manteniendo a pesar de que la ley no lo permite", reprocha. De hecho, el letrado indica que los ciudadanos tienen la opción de presentar un documento para eliminar la exigencia de cita previa. "La razón de ser de las administraciones es servir a la ciudadanía. No se pueden invertir los términos", zanja