El sector consumo se siente amenazado por el impuesto al plástico y pide su aplazamiento

Hasta 15 organizaciones del sector consumo han solicitado al Gobierno un aplazamiento del impuesto al plástico, que entrará en vigor en España a partir del 1 de enero de 2023. "Nuestro compromiso medioambiental es absoluto, pero no podemos olvidar el contexto en el que nos encontramos", ha apuntado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, en referencia a una inflación que ya ha elevado el coste de las materias primas, la energía y el transporte.

Los cálculos de las organizaciones estiman que el gravamen a los envases de un solo uso (0,45 euros por kilogramo) supondrá un impacto de 690 millones de euros directos y unos 1.100 millones indirectos. "Somos un sector que no se ha recuperado y no hacen más que ponernos palos en las ruedas", ha añadido el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, en una rueda de prensa a la que también han acudido representantes de ACES, ADELMA, AECOC, AFEB, ANGED, APPLIA, ASAJA, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa.

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Han mantenido conversaciones con los ministerios correspondientes, pero el Gobierno ha rechazado el aplazamiento, alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta es la versión de las 15 organizaciones, que consideran que se trata de "una medida recaudatoria". Además, denuncian que existe una gran incertidumbre en la aplicación de la tasa al plástico al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, aún no han sido resueltas por las autoridades competentes.

Sostienen que, en el contexto económico actual, las pymes van a ser las más perjudicadas y no descartan que sus asociados vayan a repercutir el impuesto en el coste de sus productos. "Las ventas están complicadas en algunos sectores, al final no puedes vender a pérdida y puede tener un impacto directo", reconoce Zamácola. Tampoco descartan que llegue a tener un efecto sobre el empleo, aunque aclara que más bien será un problema de creación de nuevos puestos de trabajo, más que de destrucción de los ya existentes.

También han querido reivindicar que retrasar el impuesto no pone en duda su compromiso medioambiental. Y ponen sobre la mesa una serie de informes, propios y ajenos, con los que justificar esta postura. Por un lado, apuntan que Eurostat sitúa a España entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plásticos, con un 51,4%, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 37,7%. Por otro, apoyados en un informe de AECOC, manifiestan que el 69,1% de los plásticos que emplean son reutilizables y el 35,1% de sus envases son reciclados.

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En ratios de reciclaje, España se encuentra por encima de Italia, país que recientemente ha decidido aplazar este impuesto basado en una directiva de la Unión Europea. Ha sido el nuevo Ejecutivo de Giorgia Meloni quien ha pausado la medida que firmó su predecesor Mario Draghi. En este sentido, sostienen que "España se queda sola en Europa con la introducción del nuevo impuesto", que no es de obligado cumplimiento para los estados miembros. "El reglamento Europeo no impone a ningún país tener un impuesto y vamos a ser el único país que lo tiene", concluye Zamácola.