Temor empresarial ante el acelerón del Gobierno para implantar ya el impuesto al plástico

Revuelo empresarial ante el acelerón del Gobierno para aprobar ya la ley de residuos, que incluye un nuevo impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable (0,45 euros por kilo), material de uso masivo para compañías de sectores muy diversos.

El malestar se ha desatado después de que el Ejecutivo haya vetado todas las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios que pretendían someter a debate el citado impuesto.

Diferentes empresas y sus representantes transmiten una preocupación máxima tras conocer la intención de los grupos parlamentarios que representan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de sacar adelante esta ley de forma inminente.

Este mismo miércoles, se ha celebrado en el Congreso de los Diputados una ponencia a puerta cerrada. La idea del Ejecutivo era ventilar por la vía rápida las 742 enmiendas que se plantearon a esta ley para en los próximos días aprobarla en pleno y remitirla al Senado. Sin embargo, los partidos del Ejecutivo se ha encontrado con una oposición general del resto de grupos, incluidos algunos de sus socios, que no quieren despachar en tan breve plazo el debate de esta ley trascendental para la economía.

Las previsiones que se venían haciendo eran que esta ley impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica estuviera lista para la primavera de 2022, pero fuentes sectoriales advierten de que hace pocas semanas se les dijo que se pretendía acortar esos plazos. El Gobierno tiene varias razones que lo obligan a acelerar. Por un lado, está el hecho de que su tramitación viene de primavera de este año y España tiene que transponer una directiva europea relativa a los residuos, habiendo superado ya el plazo estipulado para ello.

Por otro lado, fuentes políticas destacan que la llegada de fondos europeos, críticos para la recuperación tras la pandemia, están vinculados con que se aprueben en plazo diversas leyes.

Además de lo anterior, otros consideran que el Gobierno busca aprobar dicha ley por la vía rápida para que no influya en la Ley de Presupuestos que tramita en paralelo. Y, por último, también hay quien cree que si no acelera con la agenda legislativa ahora, en primavera todo será más complicado, ya con todos los partidos estarán centrados en las elecciones generales de 2023. En esta línea entienden que Moncloa haya decidido duplicar los consejos de ministros hasta final de año.

El Gobierno lleva retraso en la transposición de la directiva. Necesita sacar adelante la ley como parte de las exigencias para recibir fondos UE

Pero el acelerón a la ley de residuos no entraba en los planes de las empresas y tampoco de los grupos políticos, que están expresando su malestar. Grupos de la oposición como el PP, pero también algunos de los socios habituales del Gobierno, consideran que no es ajustado acelerar tanto ahora los trámites y no entienden por qué el Ejecutivo está aplicando el rodillo de esta manera. Además, algunos como Euskal Herria Bildu piden que se les entreguen todos los materiales sobre los que debatir y votar para tener una visión más global a la hora de abordar la próxima ponencia, dada la complejidad de lo que están aprobando.

El veto de 46 enmiendas que planteaban aligerar el impuesto al plástico —ya sea demorando su entrada en vigor, reduciendo su coste o dejando exentos determinados supuestos— ha generado un fuerte enfado entre los distintos grupos y las empresas temen así la llegada de un nuevo coste en un momento de encarecimiento generalizado.

El Gobierno justifica en un documento remitido a las Cortes, al que ha tenido acceso El Confidencial, que no permite que se debatan dichas propuestas porque tienen un impacto sobre los ingresos previstos ya en los presupuestos generales del Estado de 2022, que asciende en total a 491 millones de euros. No permite excluir del gravamen el plástico de fuentes renovables (procedente de materiales renovables). Incluso se ha vetado la propuesta de eliminar el IVA a las donaciones, que preveía dejar de gravar el material que envían las empresas a organizaciones sin ánimo de lucro, ONG u organizaciones benéficas. Tampoco ha permitido que el impuesto tenga un carácter finalista.

Algunos grupos entienden que el Gobierno actúa de forma discrecional y han planteado acciones ante la Mesa del Congreso. Concretamente, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha remitido un escrito este miércoles, a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial, en el que solicita a la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, a que "inste a los letrados de las cortes a realizar los informes preceptivos acerca de los argumentos técnicos que el Gobierno ha utilizado para expresar su disconformidad con las enmiendas planteadas".

Creen en el PP que no se puede esgrimir la afectación presupuestaria cuando los presupuestos a los que se refiere ni siquiera están aprobados. Critica que el Gobierno alegue la falta de datos y de estudios para introducir nuevas exenciones, lo cual no le impide concluir que, a pesar de no poder calcular el impacto presupuestario, esto supondrá una menor recaudación. En este sentido, lamenta que haya ignorado el dictamen del Consejo de Estado que pedía al Gobierno que hubiera recabado un estudio que de forma sistemática permitiera tener conocimiento de estos impactos, cosa que no ha hecho.

Por todo lo anterior, consideran dicha circunstancia una anomalía sin precedentes, por lo que piden que se paralice la ponencia hasta que no se disponga de los informes requeridos de manera que se garantice que los derechos de todos los partidos políticos y todos los diputados se respeten y estén protegidos. Gamarra expone que la voz del parlamento debe prevalecer sobre la facultad constitucional (artículo 134.6) que se otorga al Gobierno para vetar aquellas enmiendas con afectación presupuestaria. Asegura que así lo dictamina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Con el veto, asociaciones como Asozumos, FIAB, Aecoc o incluso CEOE ven cómo muchas de las propuestas que habían realizado y las cuales habían recogido diferentes grupos quedan en nada.

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El malestar es generalizado. Grandes empresas como Coca-Cola, Danone, Inditex, Don Simón, los fabricantes de 'briks' o firmas de gran distribución como Mercadona o DIA se verían impactadas de manera directa por la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico.

Ante la escasa oferta de plástico reciclado, exento de este gravamen, y con la elevada demanda actual, muchas empresas no tienen más remedio que comprar envases de plástico no reutilizable y pagar el nuevo tributo. Tendrán que decidir si asumen ese nuevo coste contra sus márgenes o trasladan el coste al cliente final. Tanto fuentes políticas como empresariales creen que este nuevo impuesto llega en el peor de los momentos, con la inflación disparada al mayor nivel desde 1992 (el IPC está en el 5,6%).

En paralelo a la ley, se tramita un real decreto de envases y residuos con un fuerte impacto para los supermercados y otros establecimientos, ya que les obliga a que materiales ahora desechables sean reutilizables, con el replanteamiento logístico a que les obligaría. El Gobierno suma un nuevo frente empresarial en contra tras estallar la crisis con camioneros, agricultores, ganadores o trabajadores de la industria del metal.