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La gran mentira de PSOE y PP con los sobresueldos de Unicaja y el 'papelón' de Cs
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BRAULIO MEDEL

La gran mentira de PSOE y PP con los sobresueldos de Unicaja y el 'papelón' de Cs

El PSOE pasó de pedir responsabilidades por las retribuciones de Cajasur a mirar hacia otro lado con Unicaja. El PP se mantiene de perfil y Cs todavía no ha mostrado sus cartas

Foto: Juanma Moreno (2i), presidente de la Junta de Andalucía, junto a Braulio Medel (2d), presidente de la Fundación Unicaja. (EFE)
Juanma Moreno (2i), presidente de la Junta de Andalucía, junto a Braulio Medel (2d), presidente de la Fundación Unicaja. (EFE)

“No es posible la compatibilización del ejercicio de las funciones de presidente ejecutivo de la caja de ahorros […] con las de cualquier otra actividad retribuida”. Así de claro tenía la Junta de Andalucía del PSOE que los responsables de las antiguas cajas no podían ejercer y cobrar en otras empresas. Estas palabras son del Consejo Consultivo de Andalucía en un informe pedido en 2003 para respaldar una cruzada administrativa y penal contra Cajasur, la caja de la Iglesia.

Por ello, la Junta, liderada por la entonces consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, pidió responsabilidades ante la Fiscalía para el entonces presidente de la caja cordobesa, Miguel Castillejo. El caso acabó archivado, pero el informe del Consejo Consultivo era aplicable a todas las cajas andaluzas.

placeholder Informe del Consejo Consultivo de Andalucía
Informe del Consejo Consultivo de Andalucía

Vista con perspectiva, esta ofensiva de la Junta choca frente a lo que ocurrió cuatro años después con Unicaja. Las conclusiones del Consejo Consultivo de Andalucía —el 176/2003 que se puede consultar en su página web— quedaron en papel mojado cuando en lugar del caso de la caja de la Iglesia se puso sobre la mesa otro similar de la malagueña, más próxima al gobierno andaluz. El Banco de España firmó en 2007 y 2009 informes advirtiendo de posibles irregularidades en las remuneraciones del presidente de Unicaja, Braulio Medel, por el dinero cobrado en empresas participadas.

Solo entre 2007 y 2011 percibió unos 3 millones de euros en empresas participadas de la caja malagueña, como Iberdrola, Abertis y Acerinox. La Ley de Cajas apuntaba que los presidentes y directores generales no podían tener "ninguna otra actividad retribuida, pública o privada, ya sea a título personal o representativo, salvo las que corresponda en representación de la caja, en cuyo caso deberá reembolsar a esta las cantidades percibidas".

placeholder Magdalena Álvarez, conversa con los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán. (EFE)
Magdalena Álvarez, conversa con los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán. (EFE)

¿Qué hizo entonces la Junta? Nada. En lugar de pedir responsabilidades o, al menos, abrir una investigación como con Cajasur, la consejería de Hacienda, cuya batuta había cogido José Antonio Griñán, metió en un cajón el informe durante 10 años. Y eso a pesar de que el trabajo de campo le venía hecho del Banco de España, en lugar del millón de euros que tuvo que pagar por un informe de KPMG para analizar las presuntas irregularidades de Castillejo en Cajasur. La encargada de dar carpetazo a este asunto fue María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, en su papel de consejera de Hacienda en 2017.

Este relato refleja la importancia de la figura de Medel y su capacidad de supervivencia en las altas esferas andaluzas. Este economista, director de la tesis de Magdalena Álvarez, ha sabido moverse entre bastidores de todos los gobiernos andaluces e instituciones locales, tanto del PSOE como del PP, durante las últimas tres décadas. Eso explica, en parte, que Medel haya sorteado sin un rasguño las tres crisis recientes que acaba de protagonizar la Fundación Unicaja que él preside.

Medel ha sorteado tres crisis recientes sin oposición de la Junta del PP

La primera fue por la posición de esta fundación en la fusión entre Unicaja Banco —donde tiene un 50% del capital— y Liberbank, apoyando al banco asturiano frente al equipo de Manuel Azuaga, presidente del banco malagueño, como publicó 'Diario Sur'. Este capítulo se saldó con un tirón de orejas del consejero de Presidencia de la Junta del PP y Ciudadanos (Cs), Elías Bendodo, y con una patada hacia delante a la cuestión del conflicto: será en 2023 cuando se sabrá quién es el sucesor de Azuaga como primer ejecutivo.

La segunda crisis fue por los sobresueldos, ante las noticias publicadas por este medio. La Consejería de Hacienda, que lidera Juan Bravo (PP), decidió examinar el expediente archivado por Montero, aunque tres meses después todavía no hay noticias del resultado. Y Medel consiguió parar la petición del patronato de que se pidiera un informe independiente sobre los sobresueldos, con la pasividad del representante de la Junta, el exárbitro Antonio Jesús López Nieto.

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El consejero de Hacienda, Juan Bravo (c), el vicepresidente andaluz, Juan Marín (i), y el consejero de Presidencia, Elias Bendodo (d). (EFE)

La tercera crisis ha llegado por el club de baloncesto Unicaja, del que la fundación es dueño. Las noticias de que esta institución iba a cerrar el grifo de la financiación ha hecho levantarse en armas a la sociedad malagueña, con declaraciones en contra de todas las instituciones andaluzas. Muchas de ellas están representadas en el patronato de la Fundación Unicaja. Y, sin embargo, aprobaron esta medida y han sido incapaces de convocar un patronato extraordinario para corregirla. Pudieron influir en contra las maniobras de Medel poniéndose en contacto con los patronos para saber si iban a apoyar la reunión extraordinaria.

Sea como fuere, el resultado es que el banquero andaluz ha marcado una vez más el camino a seguir al resto de protagonistas, dentro y fuera de Unicaja. La incógnita en este tablero político está siendo Ciudadanos. Un partido sin nexos pasados —que se sepa— con el todopoderoso Medel, ni conflictos de interés por haber tenido un representante en el órgano responsable de velar por la legalidad de las remuneraciones de Medel, como sí ocurre con PSOE y PP, que ocupaban la presidencia y vicepresidencia de ese órgano durante la inspección del Banco de España. Aun así, su discurso bipolar acaba desconcertando. Una postura tibia que algunos vinculan con la ascendencia que tiene el PP sobre la formación.

El dilema de Cs

Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, ha sido de los pocos actores políticos que se ha desmarcado del discurso institucional y diplomático. Alzó la voz cuando trascendió las intenciones de la Fundación Unicaja de cancelar el patrocinio del club de baloncesto y, días atrás, no ocultaba su perplejidad por la postura de la inmensa mayoría de los patronos.

En esta polémica representa lo que comúnmente se conoce como un ‘verso libre’ frente a la inoperancia de su partido en el Parlamento andaluz, donde resulta más que singular que, al igual que populares y socialistas, no haya presentado ninguna iniciativa para —por ejemplo— indagar en la cuestión de los sobresueldos percibidos por Braulio Medel.

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El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, otrora entrenador del equipo cajista y cuota naranja en el Ejecutivo de Juanma Moreno, parece haber asumido el papel de mediador. En las últimas horas ha reconocido contactos con el presidente de la Fundación, aunque fuentes de su entorno han limitado su capacidad de influencia: “Calma y confianza en que haya un entendimiento”.

Las declaraciones se endurecen notablemente cuando el dirigente sondeado pide el anonimato. En ese momento dibujan a Medel como un titiritero que selecciona a sus marionetas entre la clase política andaluza para manejarlas a su antojo. “Tradicionalmente ha sido un personaje muy protegido por todos los partidos, pero sobre todo, por PSOE y PP”, explica una de las fuentes, que hace hincapié en los “lazos” estrechados durante años como principal vía para perpetuar su figura.

“No es posible la compatibilización del ejercicio de las funciones de presidente ejecutivo de la caja de ahorros […] con las de cualquier otra actividad retribuida”. Así de claro tenía la Junta de Andalucía del PSOE que los responsables de las antiguas cajas no podían ejercer y cobrar en otras empresas. Estas palabras son del Consejo Consultivo de Andalucía en un informe pedido en 2003 para respaldar una cruzada administrativa y penal contra Cajasur, la caja de la Iglesia.

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