La Audiencia Nacional difumina el riesgo reputacional en la venta de Bankia a Caixa

La Audiencia Nacional se ha inclinado por la versión oficial en la salida a bolsa de Bankia y ha absuelto a los 34 imputados. Dicho de otra manera, considera que la información sobre la situación contable y los riesgos del banco posteriormente nacionalizado era suficiente. La sentencia llega después de que CaixaBank y Bankia hayan acordado su fusión con el visto bueno del Ministerio de Economía, pese a las quejas de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno.

El dictamen supone la absolución de Rodrigo Rato, al que acerca a la semilibertad, y de otros 33 acusados. Pese a los 22.424 millones que inyectó posteriormente el Estado para el rescate de Bankia con la recaída de la economía —Bruselas calculó una ayuda de 36.000 millones por sobreprecio pagado por Sareb por ladrillo tóxico— y los 1.850 millones devueltos por el banco a los inversores minoristas, la Audiencia Nacional considera que no hubo fraude, ya que “la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía”, en un proceso de salida a bolsa supervisado por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA.

La sentencia del tribunal presidido por Ángela Murillo se produce dos años después de que empezara el juicio, y uno desde que terminó, aunque la instrucción arrancó en julio de 2012. El escrito de 442 páginas ha sido recibido con los brazos abiertos desde Bankia y desde CaixaBank. En el primer caso especialmente, porque va en línea con lo que ha defendido la entidad durante los últimos siete años, considerando que no debió celebrarse nunca el juicio por no haber posibilidad de delito en lo que fue una operación de Estado, y porque entre los absueltos está un ejecutivo que permanece aún en el banco, donde aterrizó semanas después de la salida a bolsa como interventor, Sergio Durá Mañas.

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Desde el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, siempre han argumentado que la imputación de Durá, responsable de la formulación de las cuentas el 28 de marzo de 2012 y su reformulación en mayo, es una prueba de cómo se embarró el proceso más allá de la salida a bolsa. En CaixaBank, también se ha recibido la sentencia como una buena noticia, al dejar cerrado este capítulo con dictamen acorde al argumento de Bankia antes de la fusión.

De esta forma, no habrá herencia jurídica posible o sanción que tuviera que asumir el nuevo banco, aunque de todos modos ninguno de los escenarios de la sentencia suponía un riesgo para la fusión bancaria más importante de la última década. Aunque la mayor amenaza era la reputacional. “Son buenas noticias para las dos entidades, antes de realizar su fusión y hacer fuertes ajustes que incluirán cierre de oficinas y despidos para capturar las sinergias de 3.300 millones que han anunciado, y eso ya será de por sí un nuevo golpe a la reputación”, explica un consultor de banca.

En efecto, los dos bancos planean sinergias en costes de 770 millones anuales a partir de 2023, después de asumir costes de reestructuración de 2.200 millones, a lo que se sumarían otros 1.200 millones por ajustes del valor razonable de activos de las entidades. El primer concepto incluirá el cierre de sucursales y un previsible expediente de regulación de empleo (ERE).

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“Estaba en juicio el Bankia del pasado, y no del presente. Con Goirigolzarri se profesionalizó la gestión y se alejó del momento de la salida a bolsa, para la que se han buscado tantos responsables que al final no hay ningún responsable”, opina Santiago Simón, del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade. “Si afecta a la reputación es positivamente, tras un juicio que ha sido un fiasco, porque Bankia ya es una marca reconocida, aunque ahora se enfrenta a la necesidad de recortar personal en la fusión con CaixaBank”, agrega por su parte Manuel Romera, director de Sector Financiero de IE Business School.

Pero eso no quita que la sentencia provoque, al menos en el corto plazo, ruido y críticas en torno al nombre propio de Bankia. El PSOE ha evitado significarse, mientras que el PP ha puesto el foco en las acusaciones particulares. Pero los pronunciamientos más estridentes han llegado en forma de rechazo a la decisión de la Audiencia Nacional. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha advertido de que puede contribuir a la opinión en la sociedad de que “la Justicia no es igual para todos”, mientras que Gabriel Rufián (ERC) ha optado por comparar la absolución de Rato con la condena de Quim Torra. Adicae, única acusación que mantenía la petición de condena a todos los procesados, dice que la sentencia es “paradójica” y que “pone de manifiesto los problemas de una Justicia lenta, en un proceso que ha sido poco transparente”.

Demandas pendientes

Pese a que Goirigolzarri aseguró en la presentación de la fusión con CaixaBank que no había riesgo alguno en torno a la sentencia pendiente que se ha conocido este martes, fuentes financieras aseguran que es una preocupación menos en la operación. Los que sí están pendientes son 30 millones de riesgo vivo en demandas de inversores institucionales que acudieron a la salida a bolsa, según fuentes financieras.

En concreto, este largo proceso judicial ha tenido dos partes, la penal, a través de la Audiencia Nacional, y la civil, con el Supremo. Bankia pidió sin éxito que se aparcara la segunda vía, para que no se viera contaminada por la primera, especialmente con el informe de los peritos del Banco de España. La Sala Civil del Tribunal Supremo sentenció en 2016 que la información recibida por los inversores en la salida a bolsa no fue fidedigna y suficiente, algo que puede resultar contradictorio con el fallo de la Audiencia Nacional, que dice precisamente que el folleto recogió “una muy extensa información” sobre los riesgos.

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En cualquier caso, Bankia puso sobre la mesa en 2017 un mecanismo para devolver a los minoristas el dinero invertido, evitando así los costes judiciales y reputacionales. En total, ha devuelto 1.850 millones. Las dudas quedaron con los institucionales, ya que el Supremo consideró que los minoristas no tenían capacidad adicional para evaluar la situación real de Bankia más allá de las cuentas presentadas por el banco, al contrario que los institucionales.

Con este criterio, Iberdrola, por ejemplo, vio rechazada su demanda para recuperar 12,37 millones invertidos en la salida a bolsa. Un juzgado de primera instancia de Madrid y, en segunda instancia, la Audiencia Provincial consideraron que a la eléctrica “se le presumen conocimientos” y que tiene capacidades para hacerse responsable de su inversión. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán rechazó presentar un recurso de casación en el Supremo, algo que sí hicieron Meliá o Porcelanosa. Otros grandes institucionales como Banco Santander, Mapfre, CaixaBank o Telefónica, que acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS), no demandaron.

Entre las demandas de institucionales, ha habido ya una condena a Bankia. La Audiencia Provincial de Álava dio la razón a la sociedad Retos Operativos XXI, del empresario vasco Juan Luis Arregui, accionista de Ence. Con ello, se mantienen las dudas en torno a las demandas institucionales pendientes, por valor de 30 millones. De hecho, el Supremo preguntó a Europa a través de una cuestión prejudicial qué hacer con los institucionales. Dicho de otra manera, a las puertas de la fusión con CaixaBank, el caso Bankia aún no ha acabado nueve años después de su salida a bolsa.