Los sindicalistas que auparon a Sánchez en primarias piden parar la venta de Bankia

Fue un golpe de efecto anunciado justo al final de las últimas elecciones primarias socialistas. Aquellas que devolvieron a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. Y, en verdad, se consiguió el objetivo. Sánchez ganó las primarias de su partido con el respaldo de más de 1.000 sindicalistas, muchos dirigentes o exdirigentes de la Unión General de Trabajadores (UGT). Hoy, esos mismos sindicalistas, sin embargo, le reclaman que paralice la fusión entre CaixaBank y Bankia.

En concreto, piden al presidente del Gobierno que una vez frustrada la fusión, el Gobierno ponga en marcha un “polo de banca pública” en torno a la propia Bankia y al Instituto de Crédito Oficial (ICO). De esta manera, consideran, se podrán recuperar los 60.000 millones entregados “directa o indirectamente” a la banca privada en los últimos 10 años, “de los que solo ha retornado una parte exigua”.

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J. Zuloaga

Los sindicalistas, articulados en torno a la Asociación Trabajo y Democracia, recuerdan al presidente del Gobierno que cuando el Estado pone a disposición de autónomos y pequeñas empresas sus créditos oficiales (2.500 millones en 2018, 4.780 millones en 2019 y 63.144 millones, hasta el pasado 31 de mayo), lo hace a través de las redes de distribución de las entidades privadas, al carecer de una red propia para la distribución del crédito oficial, “con las consecuencias negativas que esto conlleva para el autónomo y la pequeña empresa”. Además, aseguran, el Estado tiene que garantizar el acceso al crédito para vivienda a todos los ciudadanos y ciudadanas.

El acto electoral, que constató el apoyo de un nutrido grupo de sindicalistas a Sánchez, muchos de ellos militantes del PSOE, se celebró en la propia sede de UGT, en la avenida de América, en Madrid, con el salón abarrotado, y allí el entonces candidato recibió en mano una especie de contrato, un manifiesto de adhesión a su proyecto, que incluía la derogación total de la reforma laboral, la reactivación de la negociación colectiva, la implantación de un salario mínimo de 1.000 euros antes de 2020, la jornada de 35 horas semanales y una Ley de Igualdad Salarial.

Los promotores de aquel acto son ahora, precisamente, los que le reclaman, a través de un manifiesto, que cumpla sus promesas

Los promotores de aquel acto son ahora, precisamente, los que le reclaman, a través de un manifiesto, que cumpla sus promesas. En aquel manifiesto, aceptado públicamente por el entonces candidato, se encontraba la idea de crear “herramientas” para que, con la legislación adecuada, “un Gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades”. Y así, por ejemplo, se reivindicaba “un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial y haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica que sufren millones de ciudadanos”.

Los abajo firmantes

Entre los firmantes del nuevo manifiesto están Toni Ferrer, senador y exsecretario de Acción Sindical de UGT, además de secretario de Empleo de la actual ejecutiva federal; Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada y candidato en las primarias a la alcaldía de Madrid; el economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario; Juan Antonio Barrio, líder de Izquierda Socialista, o Roberto Tornamira, actual secretario federal de UGT de Banca.

La fusión sigue adelante pese a que algunos dirigentes de Unidas Podemos han mostrado su discrepancia, aunque en un tono menor

Según el nuevo manifiesto de los sindicalistas, el balance del saneamiento de la banca, en términos económicos y de empleo, solo puede calificarse de desastroso: unos 100.000 empleos destruidos, y un 10% de ellos corresponde a CaixaBank y Bankia en estos últimos años. Económicamente, se asegura, habría que saber cuánto dinero ha puesto el Estado en productos financieros como avales, certificaciones y las inversiones de la Sareb, para poder cuantificar el coste del saneamiento del sector para el erario público, además de los 60.000 millones en capital efectivo aportados a las distintas entidades.

La fusión, como se sabe, sigue adelante pese a que algunos dirigentes de Unidas Podemos han mostrado su discrepancia, aunque en un tono menor. El discurso de la coalición que lidera Pablo Iglesias es ahora que el Estado mantenga de forma permanente una participación en el nuevo banco, en torno al 16%. De hecho, UP renunció a una de sus reivindicaciones históricas, la banca pública, en el programa de gobierno firmado con el PSOE, que no recoge el compromiso del presidente Sánchez, cuando era candidato, con los sindicalistas.