Caso Bankia: el espejo de un país en crisis

'La gran apuesta', 'Margin call', 'Inside job'... la última crisis financiera dio para un gran número de taquillazos en Hollywood. En España, si en algún momento se rueda una película tendría todas las papeletas de girar en torno al caso Bankia.

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Lo tiene todo: un ministro y ex director del FMI que dirige el futuro del banco hasta su nacionalización, intrigas políticas por su control —presidencia de Caja Madrid—, un rescate que casi deriva en el de todo el país, una salida a bolsa que arrastró a centenares de miles de clientes, un drama para miles de preferentistas que perdieron temporalmente su dinero, una cena de cuatro grandes banqueros que marcaron el futuro del banco y decenas de operaciones irregulares de sus antiguos gestores. Con menos se han rodado largometrajes en Estados Unidos.

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Bankia sacudió los cimientos de la sociedad española el 7 de mayo de 2012, cuando se anunció la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato. La salida del hasta entonces omnipotente exvicepresidente del Gobierno de Aznar se produjo un lunes, después de un intenso fin de semana en el que los tres principales banqueros del país —Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé— abrieron los ojos al ministro de Economía, Luis de Guindos, en que se corría el riesgo de que Bankia arrastrara a todo el sector y que no valían medias tintas, sino miles de millones para tranquilizar al mercado.

Bankia era la clave de bóveda sobre la que se estaban reflejando todas las dudas de los inversores internacionales hacia España. Rato captó el mensaje, y tras chequearlo con el propio Mariano Rajoy, decidió echarse a un lado. Dos días después la entidad nombraba sucesor a José Ignacio Goirigolzarri y solicitaba su nacionalización.

Lejos de amainar el temporal, lo que llegó después fue un vendaval de acontecimientos que no se calmó hasta bastantes meses después. Primero se desataron los nervios entre los accionistas, que veían cómo sus acciones caían en picado ante la expectativa de que un rescate público dinamitara el valor de los títulos de Bankia.

Después fueron los preferentistas y los empleados del grupo, que se convirtieron en las primeras bajas involuntarias de las medidas que la Comisión Europea pidió aplicar a cambio del rescate público. La Dirección General de Competencia, entonces liderada por Joaquín Almunia, exigió un severo programa de reestructuración, que contemplaba el cierre masivo de sucursales, la salida de miles de empleados y la aplicación de pérdidas a quien tuviera deuda subordinada o híbrida (preferentes), fueran institucionales o minoristas. La lógica que siguió entonces la Comisión es que no se podía hacer excepciones y que si había habido casos de mala praxis a la hora de vender productos financieros a particulares, estos debían reclamar judicialmente o bien el propio banco crear un sistema de compensación y/o arbitraje (que es lo que finalmente sucedió).

Las medidas fueron duras, pero también lo fue la cuantía de las ayudas de Estado que recibió la entidad. Según los cálculos de Bruselas, este ascendió a 36.000 millones de euros, porque a los 23.500 millones que se inyectaron directamente en el banco, había que añadir otros 12.500 millones en concepto de sobreprecio que la Sareb pagó por los activos tóxicos de la entidad.

La guinda del pastel fue el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, cuya publicación reveló cómo la entidad puso a disposición de los directivos tarjetas de crédito opacas que, en la práctica, actuaban como un sobresueldo.

Gran parte de los preferentistas y accionistas recuperaron su dinero años después, con el arbitraje lanzado por el Gobierno en 2013 y la solución propuesta por el banco en 2016. Aun así, el frente judicial ha sido un dolor de cabeza para la entidad nacionalizada.Principalmente por la causa penal, que se abrió el 4 de julio de 2012 en la Audiencia Nacional, y que ahora se cierra más de ocho años después con la sentencia. Todavía quedan los más que probables recursos ante el Supremo, que pueden dilatar el caso hasta 2022.

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Los primeros años de esta investigación estuvieron marcados por la tensión en las calles —alguno de los imputados llegaron a ser agredidos en la calle— y por los múltiples frentes. El más mediático fue el caso Bankia por la salida a bolsa, pero desde 2012 se fueron abriendo decenas de casos ligados a Caja Madrid, Bancaja, Banco de Valencia y otras antiguas cajas fundadoras del grupo que acapararon portadas de todos los diarios nacionales.

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En uno de ellos, el de la compra del banco de Miami, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, estuvo en dos ocasiones en prisión provisional. Aunque esta causa finalmente se archivó por la polémica gestión del juez Elpidio Silva, dio origen a la incautación de los correos de Blesa que posteriormente llevaron a la apertura de la investigación de las tarjetas 'black'.

Este caso fue más rápido y provocó que en 2018 entraran en prisión Rato y otros 14 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia y condenados otros 50.

Más allá de estos casos satélites el principal —salida a bolsa— ha reflejado las dificultades de la justicia española en avanzar con macrocausas complejas. La investigación —entre 2012 y 2017— giró en torno al informe pericial elaborado por dos inspectores del Banco de España para la Audiencia, que concluyó que hubo estafa en la salida a bolsa e irregularidades en las cuentas de la entidad. Llegaron a estar imputados los máximos responsables del Banco de España y la CNMV en 2011, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, respectivamente.

En el juicio —entre 2018 y 2019—, gran parte de la atención la acaparó el cambio de estrategia de la Fiscalía Anticorrupción, que pasó de acusar por estafa a añadir el delito de falsedad contable.

El mundo judicial y financiero estaban pendientes de esta sentencia, que será clave para otras causas pendientes como la de Banco de Valencia y Banco Popular.