No solo Podemos cabalga contradicciones: el PSOE también ha virado con Bankia

"No somos ángeles, hacer política es cabalgar contradicciones", decía en 2015 Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno. Pero su partido, defensor de convertir Bankia en un gran banco público, no ha sido el único que ha tenido que abdicar de compromisos y promesas electorales en la fusión anunciada con CaixaBank. La operación también ha destapado una larga lista de contradicciones en el socio mayoritario del Gobierno de coalición. El PSOE fue el más férreo defensor de que se retrasara cualquier tipo de desinversión con la entidad nacionalizada en la Comisión de la Crisis Financiera, que tuvo lugar entre 2017 y 2018.

Su responsable en esta comisión, en la que se analizaron los motivos de la crisis financiera y se pusieron sobre la mesa posibles soluciones, fue Pedro Saura, hoy número dos de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El secretario de Estado fue el impulsor de la conclusión sobre qué hacer con Bankia.

"Es preciso establecer una prórroga 'sine die' al proceso de desinversión del FROB [Fondo de Reestructuración] en Bankia, aplazando cualquier operación de venta de acciones hasta que se den las condiciones relacionadas con la total garantía de devolución de la totalidad de ayudas recibidas por esta entidad en el proceso de saneamiento y reestructuración, o bien se resuelva la creación de un banco público con base en esta entidad", afirmó entonces.

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En la misma línea, el programa electoral de Pedro Sánchez para las elecciones de 2016 recogía que "la privatización de Bankia se llevará a cabo, de acuerdo con las autoridades europeas, en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del valor invertido por el Estado". Y defendía "apoyar, mientras tanto, la gestión dirigida a convertir Bankia en un banco comercial ejemplar, de modo que su modelo de negocio y su gestión sean referencia para todas las entidades financieras españolas".

Palabras que coinciden con las que ha pronunciado reiteradamente la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmando que "más importante que darse prisa, es hacer las cosas bien".

Frente a ello, el Gobierno, con Calviño a la cabeza como negociadora inicial con el presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, ha optado por acelerar la venta —mediante fusión— de Bankia, a cambio de retener un 15% del nuevo grupo. A pesar de que el mensaje es "maximizar el valor de la participación" ya dentro del capital de CaixaBank, la integración en este grupo supone para el Estado ceder gran parte de las sinergias y el 'badwill' (fondo de comercio negativo) que genera la operación, siempre que el criterio técnico de la CNMV lo permita.

10.000 empleos en juego

La cuestión del empleo es la otra gran contradicción del PSOE. Tras meses limitando al máximo los despidos y tras el giro del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciando medidas que desincentivarán las prejubilaciones, el Gobierno socialista ha bendecido una operación que va a culminar con los mayores recortes en la historia del sector financiero: entre 8.000 y 10.000 salidas de empleados, principalmente a través de bajas incentivadas y prejubilaciones. Y no será responsable de ello solo en la toma de decisión sobre la operación, sino que estará representado en el consejo de la entidad resultante que apruebe el plan de despidos.

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Agencias

Estos elementos generan el caldo de cultivo para que el partido mayoritario del Gobierno, acostumbrado en los últimos años a cuestionar el rescate financiero del PP, sea el blanco de las críticas del resto de partidos. En especial, de su socio de gobierno, Unidas Podemos, con el que la fusión ha generado una de las mayores crisis de gobierno de los últimos meses, junto a la salida del Rey emérito.

Sin proceso competitivo

En España y en Europa, la normativa sobre competencia es muy exigente, máxime en casos referidos al sector financiero y en los que existen ayudas de Estado, como la propia Calviño ha podido recordar y defender en diferentes ocasiones en su etapa anterior como directora general adjunta de Competencia de la Comisión Europea (2006-2010) y directora general de Defensa de la Competencia (2004-2006). Y esta exigencia conlleva una transparencia al mercado todavía por llegar en este caso.

El Ejecutivo tendrá responsabilidad directa sobre la estrategia que ponga sobre la mesa el FROB para defender los intereses del Estado en la operación. El fondo de rescate está bajo el foco del Tribunal de Cuentas y distintos agentes de mercado, que cuestionan que no se haya hecho un proceso competitivo para decidir el compañero de viaje que marcará el futuro de la principal inversión del FROB, como adelantó este medio. Son muchos los frentes abiertos en una fusión del calibre de Bankia y CaixaBank, y es el Gobierno de Sánchez quien tendrá que lidiar con ellos y sus consecuencias, explicando y soportando su cambio de criterio.