SENTENCIA DEL CASO BANKIA

La sentencia del caso Bankia asume el relato oficial y complica el recurso al Supremo

Dura sentencia contra la Fiscalía, los inspectores del Banco de España y el juez Andreu por su trabajo del caso Bankia. La sentencia fue celebrada en el regulador y la CNMV

Foto: Rodrigo Rato, en la salida a bolsa de julio de 2011. (EFE)
Rodrigo Rato, en la salida a bolsa de julio de 2011. (EFE)
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La Audiencia Nacional dio a conocer este martes una sentencia histórica y socialmente polémica. La salida a bolsa de Bankia y su rescate, el mayor de la historia en España, se salda con 34 absoluciones, entre ellas, la del expresidente Rodrigo Rato. La decisión del tribunal presidido por Ángela Murillo se explica por un hecho: utiliza los argumentos que esgrimió la Fiscalía en 2017 para desmontar las tesis defendidas por la Fiscalía en 2019. Junto a ello, la otra gran clave de la sentencia es que deja pocos recovecos para ganar un recurso ante el Tribunal Supremo.

De este modo, el juicio del caso Bankia estuvo en gran parte marcado por el cambio de fiscal entre la fase de instrucción y la de la vista oral. El primero, el actual fiscal jefe, Alejandro Luzón, decidió acusar solo por estafa a cuatro altos directivos de Bankia. Tras ascender a su actual cargo, cogió las riendas la fiscal Carmen Launa, que decidió añadir el delito de falsedad contable. Este hecho, que no gustó por su 'timing' al tribunal, marcó el juicio y añadió una gran tensión entre Murillo y Launa, que se refleja en la sentencia.

"En la muy novedosa acusación del Ministerio Público mantenida en sus conclusiones finales, que tanto se apartó de las formuladas provisionalmente, lo que también resultó llamativo para este tribunal es que tan radical cambio no se fundamentó en actividad probatoria alguna practicada en el plenario, complementaria o distinta de la llevada a efecto en el transcurso de los cinco años que duró la instrucción de la causa", critica la sentencia.

"Sin fundamento sólido"

Añade que parte de los argumentos de la Fiscalía fueron incluidos "con cierto disimulo y solo en base a las manifestaciones de los dos peritos de la acusación, sin fundamento sólido alguno, y en ocasiones con apoyo en operaciones aritméticas llevadas a cabo sobre la marcha por dichos técnicos, enérgicamente combatidas por los peritos de las defensas".

El tribunal llega incluso a definir los argumentos de Anticorrupción como "proclamas basadas de nuevo en premisas cuya veracidad están huérfanas de pruebas y en las que reina la total carencia de precisión de acontecimiento".

Estos tres extractos reflejan dicho choque entre el tribunal y la fiscal, algo que ya se vio en el juicio con frases de la jueza Murillo, que recomendó tomar "un lexatin" a la fiscal.

Frente a la tesis de la Fiscalia, la Audiencia fundamenta su sentencia en la posición que han mantenido en los últimos años las defensas, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En primer lugar, el tribunal corrige a las acusaciones que el caso no puede ampliarse hasta las cuentas de las siete cajas que se fusionaron en Bankia en 2010, o en tal caso debían haberse solicitado periciales al objeto. "Como si todo eso fuera algo novedoso surgido en el seno del plenario —cuando todas esas circunstancias eran sabidas y consabidas desde los albores del procedimiento—, ha pretendido el Ministerio Público introducir en el debate errores, omisiones, anomalías, desajustes en las cuentas de las siete cajas relativas no solo al ejercicio de 2010, sino otras muy anteriores, hasta del ejercicio 2007", critica el tribunal.

La sentencia dice que Bankia tenía provisiones suficientes antes de la salida a bolsa y que fue la doble recesión lo que lo cambió todo

En cuanto a la salida a bolsa, la Audiencia considera que Bankia tenía suficientes provisiones para afrontar sus desafíos, al contrario de lo que defendieron los dos peritos judiciales —dos inspectores del Banco de España—, de los que el tribunal reniega llamándoles "peritos de la acusación". "En definitiva, Bankia contaba con provisiones suficientes para atender deterioros futuros en los estados contables de la entidad a la fecha de la salida a bolsa, realidad corroborada por el contenido de los informes de seguimiento de la Dirección General de Supervisión del Banco de España", explica.

Además, la sentencia considera que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera: "La información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el folleto".

El Supremo rechazó un recurso de prejudicialidad de Bankia en 2016 y fijó que la salida a bolsa fue irregular. Costó 1.900M al banco y al FROB

Este punto contradice las conclusiones del Tribunal Supremo en 2016, determinando que la salida a bolsa de Bankia fue irregular por información falsa de su folleto para inversores. El alto tribunal decidió no esperar ante un recurso de prejudicialidad de Bankia. El coste para la entidad y, por tanto, para las arcas públicas fue de casi 1.900 millones.

Otro de los ejes de la sentencia son las críticas por que ninguna de las acusaciones haya profundizado en actuaciones concretas de los acusados: "En el acto del plenario, nadie nombró a los acusados, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas cayeron en el olvido en el transcurso del juicio oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas".

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus, en la Audiencia. (EFE)
El inspector del Banco de España José Antonio Casaus, en la Audiencia. (EFE)

Otro de los puntos esenciales del escrito son sus críticas a los inspectores del Banco de España que denunciaron irregularidades en la salida a bolsa. Por un lado, el autor de los polémicos correos internos, José Antonio Casaus, y por otro, los peritos "de la acusación", Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets. Respecto al primero, que señaló en correos previos a la salida a bolsa que Bankia era inviable, la Audiencia le critica por no elevar estas observaciones a sus informes oficiales. En esta línea, le recuerda la "falta de coraje" que él mismo reconoció en su declaración como testigo y cuestiona si no fue "desidia".

Sobre Nogueras y Busquets, la sentencia cuestiona las diferencias de estimaciones del supuesto agujero de Bankia entre uno y otro, y dice que fueron más allá de lo que se les había encomendado. "En el plenario, los sres. peritos de las defensas se mostraron firmes y sin fisuras, en tanto que los sres. peritos de las acusaciones, si bien se ratificaron en sus informes y actuaciones anteriores, a preguntas del Ministerio Fiscal, ofrecieron por añadidura nuevos ajustes y estimaciones no contemplados en sus informes anteriores, añadidos que no razonaron cumplidamente, aduciendo sin más que ese era su criterio, sin adiciones, particulares datos que fueron firmemente rebatidos por los peritos de las defensas".

Las críticas internas de estos tres inspectores llevaron a que durante parte de la instrucción del juez Fernando Andreu, que ahora desmonta la Audiencia Nacional, estuvieran imputados los antiguos responsables del Banco de España y la CNMV. Consiguieron dejar de estarlo tras un polémico recurso, que para la acusación popular ha sido clave: "Sacar al Banco de España del banquillo de los acusados, a pesar del voto particular de la magistrada Clara Bayarri, ha dado pie a esta sentencia que se basa en que el Banco de España y la CNMV aprobaron su salida", expone Gonzalo Postigo, de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

En este sentido, la sentencia zanja muchos debates clave, asegurando que determinadas cuentas o procesos son válidos porque así lo fijaron la CNMV y el Banco de España. El fallo también aborda de forma superficial cuestiones determinantes, como la comercialización de las acciones de la salida a bolsa y el agujero inmobiliario de Bankia procedente de Bancaja. Estos son puntos que podrían rebatirse en los complejos recursos ante el Tribunal Supremo, que la Fiscalía y otras acusaciones estudiarán en los próximos días.

Recursos ante el Supremo

Así, será más que difícil que las partes que no estén conformes con el fallo consigan corregirlo en apelación. Según explican fuentes jurídicas, es casi imposible dar la vuelta a una resolución de este tipo en casación. En distintas condenas a España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido marcando el camino y ha establecido que no se puede pasar de una absolución a una condena sin que se valore y se practique nueva prueba. Sin embargo, el recurso de casación en España no permite esa revisión.

Solo caben dos excepciones a esta norma ya asentadas en jurisprudencia nacional por importación de Europa. Cabría la posibilidad de modificar el sentido de la sentencia del Supremo si en sus hechos probados se describiera una conducta delictiva que, sin embargo, no resultara penada. Es decir, si el tribunal de la Audiencia Nacional hubiera apreciado una ocultación intencionada de datos o un fraude, pero lo disculpara por la supervisión de los organismos competentes, habría una rendija para el cambio. No es, sin embargo, el caso.

La presidenta del tribunal del caso Bankia, Ángela Murillo. (EFE)
La presidenta del tribunal del caso Bankia, Ángela Murillo. (EFE)

La segunda posibilidad de vuelco en casación es que la decisión vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva que exige que un fallo sea congruente y racional. O sea, que la sentencia no tuviera ni pies ni cabeza. Lo que tampoco parece el caso.

Queda una tercera vía, pero será complejo que la Fiscalía y el resto de acusaciones la tomen. Reclamar una nulidad de actuaciones ante el rechazo de una prueba considerada indispensable para que el tribunal se forme criterio. En el caso improbable de que se admitiera un argumento así en apelación, la consecuencia no sería una condena sino una repetición del juicio. Supondría dar al botón del 'reset' tras más de ocho años desde que se admitió a trámite el caso Bankia.

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