Orcel contra Botín: una batalla de guante blanco y trapos sucios

Una batalla de guante blanco y trapos sucios. Así podría resumirse el juicio que arranca este lunes entre el banquero italiano Andrea Orcel y Banco Santander, la entidad de la que estuvo a punto de ser consejero delegado. El primer banco español anunció su fichaje en septiembre de 2018 y renunció a él en enero de 2019 por el encarecimiento de su 'bonus', según la versión oficial, y por el reparto de poder, según la del exdirectivo de UBS.

Orcel llevó a Santander a los tribunales reclamando el cumplimiento del contrato o el pago de hasta 112 millones, más del doble de lo que tenían pactado inicialmente como 'bonus'. Ante ello, el banco presidido por Ana Botín se negó a llegar a un acuerdo, defendiendo que no hay ningún contrato que cumplir, ya que lo único que envió a Orcel es una carta oferta. Por ello, será el juez Javier Sánchez Beltrán quien zanje el asunto, que más allá de la vista de este lunes puede durar todavía más de un año.

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Con independencia del pleito civil, el caso Orcel tiene muchas aristas que lo convierten en una batalla de altos vuelos. Junto a su demanda, el exdirectivo de UBS presentó grabaciones sin consentimiento realizadas a directivos del Santander, incluida la propia Botín y dos de sus principales lugartenientes: el responsable de participadas, Javier García-Carranza, y el secretario general, Jaime Pérez Renovales.

Ases bajo la manga

En la transcripción de estos audios, figura cómo la presidenta del banco se disculpaba por cancelar el fichaje y cómo le ofrecieron otras alternativas para compensarle, como la presidencia de Merlin Properties. Por su parte, el banco tiene el as bajo la manga del vídeo de Orcel reconociendo que entendía las razones de Santander al no nombrarle consejero delegado. Fuentes próximas al caso señalan que hay más comodines que ambas partes desplegarán en la vista previa del lunes.

Serán los abogados los que se vean las caras en el juzgado en este primer encuentro. Álvaro Remón, de De Carlos Remón, por porte de Orcel, y un socio de Uría Menéndez, José Miguel Fatás, por la de Santander. Casualmente uno de los que ha asesorado al banco desde el bufete es Jesús Remón, hermano del abogado de Orcel, aunque no será el que se siente ante el juez.

Inicialmente, el juez les preguntará si han llegado a un acuerdo, algo descartado al 99,99%. Tras este paso, ambas partes deben discutir los hechos probados: ver en qué parte del relato de los hechos están de acuerdo. Esta será una de las primeras batallas clave. Según las fuentes consultadas, el banco va a tratar de convencer al juez de que tanto Orcel como ellos están de acuerdo en los hechos, y que la discusión es meramente técnica. Así, Santander quiere que el magistrado únicamente decida sobre si la carta oferta que el banco hizo al directivo de UBS en septiembre de 2018 tiene la validez de un contrato, o no. De ser así, el magistrado renunciaría al juicio y directamente dictaría sentencia, rebajando el ruido mediático y centrando la causa en el debate jurídico.

Los planes de Orcel son diferentes. Para el banquero italiano y su abogado hay grandes diferencias entre su relato y el de Santander, por lo que habría que ir al siguiente paso: petición de pruebas. Es en esta fase de la vista donde se pondrán sobre la mesa los trapos sucios, grabaciones, mensajes y correos electrónicos que cada parte intentará hacer valer para desmontar la tesis contraria. Esto incluye tanto las pruebas documentales como las testificales, en la que se espera que Orcel llame a declarar a directivos de primera fila como la propia Botín.

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Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que el juez Sánchez Beltrán convocará una nueva fecha para celebrar el juicio —probablemente dentro de un año—, y filtrará a su criterio las pruebas que propongan el demandante y Santander. Este punto es una incógnita que depende del magistrado. Hay dos tipos de jueces: los que son como los árbitros de fútbol ingleses, que dejan seguir el juego —admiten todas las pruebas—, y los que prefieren acotar al máximo.

Esta causa marcha en paralelo a una querella penal que interpuso Orcel por estafa procesal, por la que el banquero italiano fue criticado por la Fiscalía y el juez la archivó. La causa está pendiente de un recurso a la Audiencia Provincial.

El polémico 'bonus'

Cuando decidió dejar el banco suizo con destino a Santander, Orcel tenía pendiente de cobro una remuneración diferida de 52 millones. De esos, Santander se comprometió a pagarle 17 millones —como prima de fichaje— y cubrir lo que se quedara sin cobrar de los restantes 35 millones en las negociaciones con la entidad suiza. UBS se plantó y se negó a pagar un euro al considerar que su directivo estaba marchándose a un competidor, prendiendo la llama del desacuerdo entre Santander y el banquero italiano. De ahí que no se descarte que se cite a algún ejecutivo de UBS en el juicio madrileño. La entidad española argumenta que el banquero se comprometió a rebajar los 35 millones y, en su lugar, la fue encareciendo cada vez más con nuevas peticiones como que Santander se ocupara de abonar su factura fiscal.

La batalla de los números no queda ahí. Orcel sostiene que al margen de la discusión legal, Santander le tendría que haber pagado los primeros 17 millones, cosa que no hizo. Santander alega que estos estaban supeditados a la aprobación del fichaje en junta de accionistas y por parte del BCE —'fit and proper'—, cosa que no ocurrió. A eso se suma que el banquero italiano comenzó el año pasado a recibir los 52 millones del 'bonus' de UBS, al no haberse ido finalmente a un competidor. Orcel incluye en sus demandas otros factores como el sueldo que tendría que haber percibido en Santander, hasta llegar a los 112 millones. Son cifras astronómicas, aunque lo que hay en juego desde este lunes en los juzgados madrileños rebasa lo económico. En la banca, la reputación vale mucho más.