Las grabaciones de Orcel a Botín dinamitan un posible pacto extrajudicial

El posible pacto extrajudicial entre Banco Santander y Andrea Orcel se complica por momentos. La publicación en los últimos días de los detalles de la demanda del financiero italiano eliminan uno de los grandes incentivos que había para terminar el pleito de forma amistosa: que no se conocieran las grabaciones de Orcel y su contenido, con declaraciones confidenciales de Ana Botín, adelantadas por este medio.

Fuentes próximas al proceso confiaban en un acuerdo de última hora que evitara que se hicieran públicos todos los detalles del escrito de 200 páginas de Orcel. Sigue habiendo incentivos como que se hagan públicos los audios de las grabaciones y que tenga que declarar Botín en un juzgado de primera instancia madrileño.

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Pero, de nuevo, las dificultades se reflejan en documentos del proceso, que acreditan que Santander tendría muy complicado explicar a la comunidad financiera que llega a un acuerdo económico con Orcel, después de anular su fichaje por el alto coste. De hecho, abogados consultados señalan que en este tipo de conflictos suele alcanzarse un pacto para proteger la confidencialidad y la reputación de las partes, algo que ya es difícil mantener tras la popularidad que ya tiene el caso.

En una de las grabaciones del financiero italiano, del 12 de enero al secretario del consejo, Jaime Pérez-Renovales, este señala: "En el supuesto de que este acuerdo sea transparente y se conozca, hay dos posibilidades: poner a Santander como culpable del fichaje fallido y venderlo como compensación; o responsabilizar a Orcel de la ruptura de las condiciones pactadas, pero como las dos partes siguen teniendo una alta consideración de la otra queremos seguir trabajando de otro modo", según la demanda.

"El grupo puede sufrir por esto"

"Yo creo que la opción segunda es infinitamente mejor para todos, y especialmente para ti porque, a ver, el grupo puede sufrir por esto, pero al final… De aquí lo que se trata es de que tú salgas de este tema perfecto, o sea, lo mejor posible ¿y cómo se consigue eso? Pues yo creo que es con una decisión de común acuerdo", añadía Renovales, para quien ambas partes debían asumir el riesgo de sufrir "un coste reputacional alto" y hacer "un ejercicio de sensatez".

En esta línea, Santander ofreció trabajo indirecto a Orcel, a través de una firma legal de asesoramiento; un fondo de inversión al que daría negocio; una empresa de servicios; o un primer asiento en una cotizada inmobiliaria, presumiblemente Metrovacesa o Merlin Properties.

"Pero te prometo que hay muchas maneras y obviamente voy a asumir que UBS dice que no a todo y quiero saberlo, pero yo tengo empresas en España donde te puedo poner de CEO mañana o de presidente, que son empresas cotizadas inmobiliarias, o sea, eso no puede estar dentro, o sea, tengo muchas opciones para poder compensarte en cosas que además puedes hacer (...)", señaló Botín a Orcel según su demanda.

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Fuentes jurídicas consultadas señalan que más allá de las grabaciones, el caso girará en torno a la carta-oferta que Orcel y Santander firmaron en septiembre de 2018. El banco sostiene que no tiene validez porque estaba condicionado a una serie de aprobaciones —BCE, el consejo y la junta—, la terminación de su contrato con UBS y que Orcel rebajara la factura. Además, la entidad sostiene que la ley española exige que los consejeros ejecutivos firmen contratos que se anexen a las actas del consejo, algo que supuestamente no ocurrió.

Por su parte, el financiero italiano contraatacará defendiendo que la legislación sostiene que una carta de compromiso equivale a un contrato y aportará mensajes y correos que acreditarían que Botín ya le consideraba su nuevo CEO de facto. Hasta tal punto que, según la demanda de Orcel, la presidenta ejecutiva del banco le incluyó en el grupo de whatsapp informal que comparten los altísimos directivos de Santander, los conocidos como el grupo "Promontorio", que forman los cerca de 20 miembros del Comité de Dirección.