Reynés ultima un acuerdo con el Gobierno del 'faraón' Al Sisi: 1.900M en juego

Naturgy ha intensificado las negociaciones con el gobierno de Egipto con el objetivo de firmar un acuerdo definitivo sobre el litigio de 3.000 millones de euros que les enfrenta desde 2014. Francisco Reynés, presidente de la compañía española, tenía previsto viajar este jueves a El Cairo (Egipto) para reunirse con altos cargos del Ejecutivo controlado por Abdelfatá al Sisi para negociar una solución a su planta de gas compartida con ENI y paralizada por la falta de suministro.

Fuentes próximas a las conversaciones añaden que el primer ejecutivo de Naturgy se iba a desplazar al país africano junto a Antonio Basolas, jefe global de Estrategia y Desarrollo Corporativo, para dar el último empujón al acuerdo. Pero fuentes oficiales indican que el viaje se ha aplazado en el último instante por diferencias entre las partes que no han sido especificadas.

Antes de la cancelación, fuentes próximas a Naturgy habían confirmado la presencia de Reynés en El Cairo este jueves, si bien habían declinado detallar la agenda que lleva el presidente del grupo energético controlado por los fondos GIP (20%), CVC Capital Partners (15%), Corporación Financiera Alba (5%) y Criteria Caixa (24,4%). Otras fuentes señalado que el primer ejecutivo de la empresa catalana con sede en Madrid se reunirá con el ministro de Electricidad y Energías Renovables, Mohamed Hamed Shaker, y con el responsable del Ministerio del Petróleo, Tarek Ahmed El-Molla. No estaba descartado un encuentro con el primer ministro, Mostafa Madbouly.

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Desde Naurgy confirman las conversaciones con el Gobierno egipcio para poner en valor el auto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que en septiembre del pasado año le dio parcialmente la razón sobre la reclamación de 3.000 millones de euros. El organismo dependiente del Banco Mundial falló a favor del grupo español al considerar que Egipto no había dado un trato justo y equitativo en el suministro de gas licuado a su planta de Damietta. Pero solo consideró que debía indemnizarlo con 1.870 millones de euros, el 60% de lo exigido.

Aun así, Naturgy sabe que el Gobierno de Al Sisi no va a desembolsar el importe del laudo del Ciadi, cuya ejecución fue suspendida provisionalmente el pasado 19 de enero a petición de la República Árabe de Egipto. Por ello, Reynés, que ya se ha desplazado en al menos una ocasión a El Cairo para encontrar una solución, quiere alcanzar un acuerdo por el que el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables suministre gas a su planta para ponerla en valor y poder venderla posteriormente.

Otras fuentes indican que Egipto ya ha ofrecido a Naturgy volver a facilitar gas a Damietta, pero a precios de mercado, lo que la española ha calificado como una propuesta insuficiente e incluso ofensiva, dado el laudo del Ciadi y la deuda pendiente. La española, que ha enviado en varias ocasiones en funciones de embajador a Manuel García Cobaleda, secretario del consejo, para almidonar el conflicto, busca un acuerdo a largo plazo con el Gobierno para sellar una paz definitiva.

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La instalación de Damietta transforma el gas natural de su estado gaseoso a líquido para ser transportado en buques metaneros a -160º centígrados. Al llegar a destino, se descarga en plantas regasificadoras, donde se devuelve a su estado gaseoso para ser introducido en la red de gasoductos. UFG, la socedad participada por Naturgy y Eni, firmó en 2000 el primer contrato de exportación de gas de Egipto; un contrato a largo plazo con vigencia inicial de 25 años para el suministro de gas hasta 4,4 bcma (miles de millones de metros cúbicos al año). El proyecto fue financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un sindicato de 21 entidades financieras internacionales. El importe total de la inversión realizada por UFG en la planta egipcia asciende a más de 1.300 millones de dólares (unos 1.150 millones de euros).

Otros litigios internacionales

Además del conflicto con Egipto, Naturgy tiene otros dos litigios relevantes a resolver. Uno de ellos es el de su filial chilena Metrogas, de la que controla el 55%, por supuestos incumplimientos contractuales en el transporte de gas natural desde Argentina a Chile sucedidos hace casi una década. El importe de este caso asciende a 189 millones de euros.

El segundo, por 1.300 millones de euros, es el que lo enfrenta con Colombia, que en 2016 intervino por la fuerza Electricaribe, su subsidiaria en el país latinoamericano. Naturgy ha demandado al Gobierno de Bogotá en los tribunales de arbitraje internacionales por lo que considera que "constituye una expropiación sin indemnización". La ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, ha reiterado en diversas ocasiones que "no tiene previsto devolver" Electricaribe a Gas Natural, que es como se llamaba la empresa española cuando fue nacionalizada su filial.

Según distintas fuentes, las esperanzas de cobrar en ambos casos son limitadas.