El arbitraje de Electricaribe dilatará el pleito de Gas Natural en Colombia casi tres años

Si te afliges te aflojan y si te aflojas te afligen. Más o menos ésta es la consigna que ha motivado la demanda planteada por Gas Natural ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) con el pretencioso objetivo de conseguir la devolución de su filial costera Electricaribe. La multinacional española que preside Isidro Fainé sabe que la liquidación decretada por el Gobierno de Colombia es prácticamente irreversible sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento de arbitraje dilatará la solución al conflicto durante un periodo de entre dos a tres años de acuerdo con la experiencia en este tipo de litigios.

La razón de fondo que subyace detrás de la decisión adoptada por Gas Natural es meramente defensiva y tiene por objeto reforzar la posición negociadora después de varios meses de infructuosas negociaciones. Fainé ha tratado de salir indemne del contencioso mediante una política de apaciguamiento ante el presidente Juan Manuel Santos que sólo ha servido para retrasar la defensa jurídica de los derechos que asisten a la compañía española y facilitar que la Superitendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomara la iniciativa en el conflicto hasta el punto de dictaminar la liquidación de Electricaribe después de la intervención acordada en noviembre con carácter “preventivo y temporal”.

Los acontecimientos se han precipitado en Colombia después de que el Gobierno sacase adelante el pasado día 13 la reforma constitucional que establece la nueva Jurisdicción Especial para la Paz como columna vertebral para un acuerdo con las FARC. La aprobación mayoritaria de la ley por el Senado colombiano se obtuvo gracias al respaldo de la bancada costera que, a su vez, venía reclamando la imposición de medidas drásticas en Electricaribe. Dicho y hecho porque la liquidación se decretó un día después, el martes 14, de manera totalmente inesperada para Gas Natural y contraviniendo el proceso de diálogo que a lo largo de los últimos meses ha mantenido la empresa con las autoridades colombianas.

La estrategia jurídica emprendida con la demanda de arbitraje está orientada en un principio con el objetivo de frenar en seco las acusaciones vertidas contra los antiguos administradores de Electricable bajo tutela española. Los asesores de la compañía gasista están convencidos que las autoridades del país van a tratar de buscar ahora “todo tipo de porquería” con la intención de justificar lo que se considera una expropiación encubierta en la que ni siquiera se ha reconocido el derecho a un justiprecio. Gas Natural teme incluso que la Fiscalía General de la Nación intente invocar cuestiones de ilegalidad para hacer valer la liquidación ante el Tribunal de las Naciones Unidas.

Gas Natural entiende que la expropiación de Electricaribe es una compensación por el respaldo de la 'bancada costera' al acuerdo con las FARC

Ante este panorama Gas Natural ha adoptado medidas preventivas en su escrito de demanda. Un documento de 39 páginas donde se exponen las advertencias sucesivas que se han instado ante los diferentes ministros de Energía del país y que se condensan también en algunas de las declaraciones oficiales del actual titular de Electricaribe, Edgardo Sojo. Dicho ejecutivo, colocado en el cargo por el propio Gobierno de Colombia, reconoció hace un mes escaso que, aparte de las inversiones en equipamiento e infraestructura, la solución a la crisis que padece la empresa distribuidora de luz a los llamados ‘barrios subnormales’ requería también acabar con la cultura del ‘no pago’ generalizada desde hace años en una de las zonas más pobres del país.

La compañía con sede en Barranquilla actúa en la costa caribeña donde un 92% de sus clientes viven en situación de lo que se denomina 'bajo desarrollo'. La tasa de pobreza alcanza a un 35% de la población y un 46% de los ciudadanos se muestra incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Todo ello ha dado lugar a una morosidad galopante que a día de hoy se traduce en casi 1.300 millones de euros en facturas vencidas y pendientes de cobro. Con estos datos Gas Natural entiende que los problemas de la empresa filial son consecuencia de la falta de liquidez pero en ningún caso pueden atribuirse a motivos de solvencia derivados de una mala gestión.

La multinacional española considera que el valor de Electricaribe supera el importe de sus activos y de ahí los 1.000 millones de euros solicitados a modo de referencia en la demanda de arbitraje. Gas Natural ha preferido acudir a la mediación de las Naciones Unidas teniendo en cuenta que Colombia acumula a día de hoy tres demandas ante el Ciadi. La compañía que preside Fainé espera que este camino acorte los tiempos para la resolución de un conflicto que se presume a medio plazo. De ahí el interés en poner en marcha el arbitraje cuanto antes con el fin de hacer entrar en razón a las autoridades del país y llegar a un convenio que siempre será mucho más fácil de ejecutar.