Malestar de las gasolineras con el Gobierno por obligarlas a poner cargadores eléctricos

La propuesta de Ley de Cambio Climático que ha lanzado este martes el Gobierno ha sentado mal entre los vendedores de carburantes en España. No solo por la iniciativa de que en 2040 ya no circulen vehículos con emisiones (diésel y gasolina), sino por algo que puede afectarles de forma mucho más directa en el corto plazo: obligar a que pongan puntos de recarga eléctrica en sus estaciones de servicio.

La medida es contraria a los planes de futuro en materia de movilidad que muestran las principales compañías petroleras, que están muy activas en el desarrollo de la recarga de coches eléctricos. La iniciativa toca de nuevo a las petroleras y llega solo un día después de que el consejero delegado de Cepsa advirtiera al Gobierno del riesgo para mantener las inversiones de los accionistas si se siguen tomando medidas contrarias a los intereses de estas compañías.

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Esta misma semana, el responsable de estrategia de Cepsa, Héctor Perea, aseguraba que el 90% de los vehículos enchufables se recargará o en casa o en el destino (trabajo, centro comercial, de ocio, 'parking' privado, etc.), con lo que limitaba el desarrollo de puntos de recarga en estaciones de servicio a determinados puntos en carretera, que puedan dar apoyo a baterías con una autonomía limitada.

Una visión que ha venido compartiendo Repsol, escéptica con que las estaciones de servicio sean el lugar más idóneo donde llevar a recargar sus coches, sobre todo en los núcleos urbanos.

Otra empresa que ha descartado meterse en el suministro de vehículos eléctricos en sus gasolineras es Ballenoil. Pese a que le han llegado propuestas, la cadena 'low cost' más grande de España tampoco cree que este sea un buen negocio para gasolineras situadas en ciudades.

Cepsa estima que el 90% de los vehículos enchufables se recargará o en casa o en el destino (trabajo, centro comercial, 'parking' privado... )

La argumentación que hacen es compartida: la gente cuando acude a una estación de servicio quiere repostar en breves minutos y continuar su viaje, algo que, a día de hoy, no pueden hacer los vehículos eléctricos enchufables. Los mejores cargadores ultrarrápidos obligan a una espera de entre 20 minutos y media hora, con lo que entienden que hay lugares más idóneos para dar este servicio, como los 'parkings' de las viviendas, de los centros comerciales o lugares donde el usuario puede dejar cargando el coche mientras desempeña otra actividad, algo que no sucede en las estaciones de servicio.

Por ello, la medida propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica no ha gustado. Esta obligación rige tanto para gasolineras en carretera como para las que están en ciudad. De hecho, muchas estaciones de los centros urbanos son las que registran mayores ventas, lo que las obligará en un plazo más corto a tener disponibles puntos de carga (aún no se ha detallado cuántos deberá instalar cada estación de servicio).

Además, si finalmente se incluye esta obligación en la Ley de Cambio Climático, en proceso de debate y que pretende estar lista para fin de año, las estaciones de servicio se verán abocadas a superar una serie de trabas técnicas y económicas difíciles de solventar. Según explica David Querejeta, director de Expansión de Ballenoil, hay veces que no se puede llevar una red desde la subestación más cercana con suficiente potencia como para instalar un cargador ultrarrápido, lo que imposibilita o hace muy costosa la instalación. Además, tener estos cargadores supone elevar con fuerza el término de potencia eléctrico, lo que genera un coste fijo que puede rondar cada mes los 500 euros.

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En esta misma línea se muestra Víctor García Nebreda, secretario general de la asociación de gasolineras Aevecar: "Muchas estaciones están sufriendo para mantener sus negocios, y obligarlas ahora a realizar una inversión de más de 70.000 euros puede complicar mucho su cuenta de resultados, ya que es muy difícil atisbar que vaya a tener una rentabilidad". "Es bastante incomprensible que se obligue a un negocio que tenga que desarrollar otro", concluye.

En ese sentido, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que aglutina las principales empresas del sector (Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras), pide que se deje actuar al mercado en este incipiente negocio y no se obligue a las gasolineras a tener que asumir estas instalaciones. Entre otras cosas, señala que la situación de disrupción tecnológica actual hace difícil saber si finalmente será el coche eléctrico enchufable u otro tipo de vehículo el que se asiente en el futuro, con lo que las estaciones de servicio asumen un elevado riesgo.

Sea como fuere, la propuesta del Gobierno aún está abierta a debate. Tras su presentación de este miércoles, se ha dado traslado de la misma a los diversos actores que puedan hacer sus aportaciones. La idea del Ejecutivo es enviar la iniciativa cuanto antes a los grupos parlamentarios para poder tenerla lista el 1 de enero de 2019.