Así será la nueva Ley de Cambio Climático que busca "descarbonizar" España en 2050

Desde la misma moción de censura a Rajoy en junio, Pedro Sánchez llevaba diciendo que la Ley de Cambio Climático era una de sus principales prioridades para la legislatura. Hoy se han conocido finalmente alguna de las líneas maestras de la futura regulación, que prevé cambios muy profundos y será absolutamente transversal, tanto vertical (llegará hasta CCAA y ayuntamientos) como horizontalmente, afectando a muchos sectores hasta ahora regulados por otros ministerios, como la construcción, el transporte o la energía.

"Este documento se pone hoy a disposición de todos los agentes económicos y sociales", explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que lo ha difundido esta mañana entre los periodistas. Ahora quedará abierto a comentarios "antes de que el documento llegue hasta la mesa del Consejo de Ministros".

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Para su elaboración, estas mismas fuentes reconocen que en los últimos meses ha habido encuentros sectoriales, por ejemplo con el sector del automóvil, para conocer su visión del asunto o sus preocupaciones. "La ciencia va a ir orientando e informando todas estas decisiones, tanto políticas como económicas", añaden.

Algunas comunidades y Europa ya habían articulado normativa específica contra el cambio climático, pero España carecía de una legislación nacional. La futura ley, según han especificado, tendrá "más ambición y mayor urgencia" que la directiva europea. Por ejemplo, propone un objetivo del 20% de reducción de emisiones de efecto invernadero, un 35% de penetración de energías renovables (frente al 32,5% que se pactó hace unas semanas en Bruselas) y un 35% de eficiencia energética para el año 2030.

La futura ley, según han especificado, tendrá "más ambición y mayor urgencia" que la directiva europea

Actualmente, las emisiones en España están un 17% por encima de las que había en 1990, lo que significará una reducción real del 37%. El objetivo de fondo es que en 2050 se haya producido en nuestro país una completa descarbonización de la economía y toda la electricidad producida sea renovable. Nos quedan 32 años.

Estas son algunas de las líneas maestras de la futura ley.

Instrumentos legislativos

La futura Ley de Cambio Climático irá acompañada de otros dos paquetes de medidas: el Plan Nacional de Energía y Clima que esperan presentar antes del próximo 31 de diciembre y la Estrategia de Bajas Emisiones 2050. Estas regulaciones contendrán la letra pequeña que, según el Gobierno, permitirán conseguir los objetivos climáticos contenidos en la Ley. Entre otras cosas, definirán el mix energético para los próximos años.

"El marco normativo está muy avanzado", dicen desde el MITECO, "se busca que facilite la Transición Energética y la descarbonización de la economía en 2050".

Entre las novedades se baraja que el Plan Nacional incluya un presupuesto de carbono quinquenal "de carácter indicativo".

Energías renovables y redes

Bajo la nueva Ley se prevén instalar en España "3.000 MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable". Los procedimientos de concurrencia competitiva comenzaría en 2020 y se prolongarían durante una década.

El objetivo es claro, favorecer la instalación y el consumo de energías limpias: estableciendo los principios de su régimen retributivo, reconociendo la primacía en la instalación de este tipo de plantas sobre las demás, y priorizando su acceso y conexión a redes de transporte y distribución de electricidad.

Como novedad, el Gobierno prevé aprobar también un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, como las fábricas, "que reconozca las particularidades de aquellos consumidores industriales eléctricos con un elevado uso de la electricidad".

Adiós a los combustibles fósiles

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático no se otorgarán nuevas autorizaciones para explorar, investigar o explotar un yacimiento de petróleo o gas dentro del territorio nacional (incluyendo el mar).

También se frenará todo subsidio o inversión que favorezca el consumo de combustibles fósiles y, como ya se ha anunciado en el caso del diésel, se realizará un informe sobre el régimen fiscal aplicado actualmente a estos hidrocarburos con el objetivo de señalar "aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo".

El Ejecutivo se volcará en la tarea de fomentar el biometano y otros combustibles sintéticos, eso sí, de origen renovable, también en el transporte aéreo.

Movilidad y edificación

Una de las principales apuestas de la Ley será que en 2050 no quede en España un solo coche de gasolina o diésel. Esto es lo que prevén hacer:

"A partir de 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono".

"Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023".

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Por último está el asunto de los puntos de recarga, una tarea que el Gobierno quiere acometer junto a los suministradores de combustible: establecerá, por ejemplo, la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en todas las gasolineras que tengan un elevado volumen de ventas.

Otros países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda, Alemania, Holanda o Noruega han puesto ya también fechas de caducidad a la venta de coches diésel y gasolina.

Otro de los grandes inconvenientes para la consecución de los objetivos climáticos es la eficiencia de los edificios. El plan del Gobierno contempla, además de renovar los ineficientes edificios públicos, "la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030".

¿Quién va a pagar todo esto?

Según explican desde el MITECO, la política fiscal a partir de ahora incorporará recursos que configuren el sistema tributario para impulsar una economía baja en carbono y resiliente al clima. "Al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático", dice el borrador. Un objetivo que se revisará al alza antes de 2025. Esta cifra, según los últimos PGE, ascendería a un gasto para el Estado de 30.887 millones, todo ello sin contar a CCAA, corporaciones locales o Seguridad Social.

Además, "hay que movilizar más de 100.000 millones de financiación privada", añaden desde el ministerio.

Para revisar todos estos detalles —así como para imponer a las comunidades autónomas que aprueben planes propios de energía y a las ciudades de más de 100.000 habitantes planes locales de energía y clima antes de que acabe 2021— se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que asesorará al Gobierno de turno y elaborará informes anuales sobre quién cumple con los objetivos y quién no.