Hacienda abre inspección a ThyssenKrupp en España en pleno repunte de su negocio

La Agencia Tributaria abrió el año pasado una inspección fiscal al conjunto del grupo ThyssenKrupp en España para revisar y realizar comprobaciones en las liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto de sociedades y las retenciones a cuenta de las imposiciones a no residentes. La inspección alcanza a todo el conglomerado fiscal de la multinacional alemana en España, que comprende unas 15 sociedades filiales dedicadas a los negocios de la asistencia técnica industrial, la comercialización y mantenimiento de ascensores, la producción siderúrgica para la exportación de acero, hierro o galvanizados, con la correspondiente importación de materia prima, o la fabricación de rodamientos de gran tamaño.

La inspección de Hacienda incluye los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2016, y hasta la fecha no ha trascendido que haya terminado todavía en el levantamiento de actas sancionadoras. Los administradores de la sociedad cabecera del gigante germano en España, Grupo ThyssenKrupp, confían en que no se produzcan contingencias de calado en sus cuentas derivadas de la revisión fiscal, aunque admiten que “como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales”, recoge el informe de gestión correspondiente al depósito de 2017.

La revisión fiscal alcanza al IVA, el impuesto de sociedades y las retenciones de no residentes de una quincena de empresas entre 2013 y 2016

La apertura del procedimiento se produce el año en que ThyssenKrupp ha retomado con éxito alguno de sus negocios industriales en España, como la producción de bobinas de acero galvanizado a través de la factoría Galmed de Sagunto, con la que el año pasado facturó 38 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 4,3 millones. La compañía también se hizo con la fábrica de planos (chapas) destinados al sector del automóvil que poseía en El Puig (Valencia) la sociedad compartida al 50% con Ros Casares, que se encontraba en proceso de liquidación.

Por su parte, la filial de compraventa de materiales industriales ThyssenKrupp Materials Ibérica registró el año pasado unos ingresos de 194 millones de euros, frente a los 186 de un año antes. El fabricante de rodamientos, Rothe Erde Ibérica (Roteisa), con planta en Zaragoza, duplicó en 2017 su cifra de negocio, hasta los 18 millones de euros.

No obstante, el negocio más voluminoso en facturación de cuantos despliega el gigante germano en España es el de la instalación y mantenimiento de ascensores. ThyssenKrupp Elevadores obtuvo 339,6 millones por ventas y prestación de servicios, de los cuales 77,9 millones fueron ingresos financieros procedentes de participadas, como las filiales de Sudamérica y el norte de África. Elevadores cerró el ejercicio (las cuentas de todo el grupo se elaboran a 30 de septiembre) con 123 millones antes de impuestos y un resultado neto de 100 millones.

Entre el socio único alemán y la cabecera española, ThyssenKrupp interpuso en 2012 una sociedad 'holding' en Holanda para mejorar su fiscalidad

Al tener a su socio único fuera de España, Grupo ThyssenKrupp se acoge a la norma que le permite no tener que consolidar los balances de todas sus filiales. Pese al repunte en la actividad de estas, la matriz española redujo sus beneficios, que se situaron en 56,6 millones de euros netos. El grueso de su negocio (48,3 millones) procede de ingresos financieros (dividendos) de las sociedades que controla.

La sucursal de ThyssenKrupp cruza operaciones vinculadas con su matriz alemana, que centraliza todos los excedente de tesorería el grupo y tiene abierta una póliza de crédito con sus filiales a un tipo de interés variable de entre el 2,5% y 1,5% referenciado al euríbor. Pero, además, en los años inspeccionados por la Agencia Tributaria y en la actualidad, la línea incorporaba un préstamo participativo a la participada española ThyssenKrupp Industrial Solutions, referenciado al 10% del beneficio antes de impuestos de la sociedad beneficiaria, con un máximo del 1% sobre el euríbor.

En ningún caso se trata de remuneraciones de crédito aparentemente superiores a las que fija el mercado para la financiación empresarial, pero Hacienda mira con lupa las operaciones internas entre sociedades del mismo grupo, especialmente cuando la matriz tiene su domicilio en el exterior, como es el caso. La vigilancia busca evitar que la sociedad dominante extraiga beneficios de sus participadas a través del rendimiento que obtiene por el interés de los préstamos, que elevan los costes financieros y, por tanto, impactan sobre la cuenta de resultados, que sirve para calcular la base imponible del impuestos de sociedades.

Desde 2012, la multinacional alemana, que acaba de cerrar una fusión de su negocio acerero con Tata Steel, controla su brazo español a través de una sociedad con base en Holanda (ThyssenKrupp Nederland Holding), país conocido por las ventajas fiscales que ofrece a los consorcios de empresas. En total, la cabecera en España de la empresa industrial presenta en su balance créditos pendientes de cobro con sus filiales por 174,3 millones de euros.

La lista de Montoro y la deuda impagada de Ros Casares

ThyssenKrupp anunció en el verano de 2016 la recuperación del control de la fábrica de planos (cortes de chapa para el sector del automóvil) que compartía al 50% con el grupo Ros Casares en El Puig (Valencia). La planta formaba parte de los activos del histórico grupo valenciano ya extinguido, al que la crisis económica abocó a la quiebra. Las secciones de acero fueron subastadas por un juzgado mercantil y Thyssen se quedó la unidad productiva de la que ya poseía la mitad, mientras que el fondo JZ International, a través de Gedesco, se hizo con otra planta de Sagunto, el Centro del Acero de Vitoria, una fábrica de tubos en Esquivia (Toledo) y unos almacenes de acero en Puçol (Valencia).

El reparto, sin embargo, no parece haber sido suficiente para atender la deuda que Ros Casares tenía pendiente con la Agencia Tributaria. El listado de morosos publicado por Cristóbal Montoro —pocos días antes de hacer las maletas y traspasar la cartera de Hacienda a la socialista María Jesús Montero— refleja una deuda de 2,32 millones de euros de la mercantil Grupo Ros Casares y 1,77 millones de euros de Thyssen Ros Casares, una sociedad que sigue bajo tutela de la administración concursal y cuya propiedad se repartían al 50% la multinacional alemana y su socio español.