Duro Felguera lanza un SOS al PSOE para aparcar la millonaria multa de Hacienda

Duro Felguera salvó la semana pasada un escollo esencial para evitar el concurso de acreedores. La junta general de accionistas aprobó una ampliación de capital de 125 millones de euros, que la próxima semana tendrá que ser refrendada en otra junta con carácter extraordinario para ratificar la conversión de deuda por capital por parte de la banca y la quita del 75% de los préstamos. Pero la compañía se enfrenta a otro problema de igual dimensión que el importe de la recapitalización, que está ahuyentado a los potenciales inversores que deberían de suscribir el rescate.

Se trata de dos inspecciones de la Agencia Tributaria por importe de hasta 150 millones de euros, sobre los que Duro Felguera no ha realizado ninguna provisión, pero que se encuentran en fase avanzada. La ampliación de capital está previsto que empiece la próxima semana, una vez que la banca confirme el acuerdo de refinanciación y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) verifique el folleto de la colocación de nuevas acciones. Y los inversores, que deberán decidir si acuden o no a la operación, desconocen el futuro de procesos tributarios, que impactarían de lleno en las cuentas y el futuro del grupo de ingeniería.

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Agustín Marco

Por este motivo, según confirman fuentes próximas a la empresa asturiana, Acacio Rodríguez, su presidente, se ha puesto en contacto con Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias ( PSOE), para que medie con el Gobierno central y le conceda una dispensa urgente. Especialmente, sobre la primera inspección, por la que Duro Felguera debería pagar 101 millones de cuota, más otros 22 millones en concepto de intereses de demora. La compañía ha pedido la suspensión de la liquidación, aportando garantías inmobiliarias por 29 millones, además de solicitar una prórroga para cubrir con nuevos avales los 94 millones restantes.

En la actualidad, dicho proceso se encuentra pendiente de resolución, de la decisión del Ministerio de Hacienda. El equipo de Cristóbal Montoro estaba totalmente decidido a exigir la ejecución de la inspección, pero con el cambio de Gobierno la sentencia final pasa a manos de María Jesús Montero. Según distintas fuentes, Acacio Rodríguez ha pedido a Javier Fernández que medie con Adriana Lastra, vicepresidenta del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Pero, sobre todo, asturiana natural de Ribadesella.

Sin embargo, las relaciones de Fernández con Lastra y el actual presidente del Gobierno son más bien distantes. Unas desavenencias derivadas del respaldo de la comisión gestora del PSOE, que presidía el líder asturiano, al nombramiento de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo en 2016, en contra de la postura del defenestrado en ese momento secretario general socialista. “Fue un gravísimo error”, aseguró Lastra el pasado mes de enero sobre la decisión del líder asturiano.

Las tensiones han continuado desde entonces, hasta el punto de que Fernández ya ha dicho que no se presentará a las próximas elecciones del Principado y Sánchez ya le ha señalado a su sucesor, Adrián Barbón. Unas tiranteces que no ocultan y que llevaron al presidente de Asturias a no acudir a la Escuela de Gobierno que organizó el partido a mediados de marzo, pese a la invitación pública de Lastra.

Un ERE en marcha

La ampliación de capital es vital para Duro Felguera, que se encuentra virtualmente en causa de disolución y que necesita esos 125 millones de fondos propios, más el sacrificio de la banca, para seguir en funcionamiento. De no salir adelante, la compañía se verá obligada a solicitar el concurso de acreedores, lo que dejaría en la calle a cerca de 2.100 trabajadores que llevan meses protestando ante el Gobierno del Principado.

De hecho, el grupo de ingeniería ya ha anunciado que, incluso completando la ampliación de capital, pondrá en marcha un duro plan de ajuste, que supondrá la salida de al menos 600 empleados. Un recorte de la fuerza laboral provocado por la falta de carga de trabajo derivada de la incapacidad financiera que ha tenido la empresa para acudir a concursos internacionales al no contar con avales bancarios.