La Comisión Europea asegura que el secreto de los papeles del Popular es irrevocable

La Comisión Europea tiene el poder de decidir qué documentos pueden mantenerse en secreto en la resolución del Banco Popular, y su decisión no puede ser apelada por nadie, ni aunque demuestre que hay un interés público superior en su conocimiento. Así lo aseguró el 14 de febrero en el Parlamento Europeo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, en un nuevo obstáculo para las reclamaciones de los afectados por la decisión de amortizar las acciones y la deuda subordinada de la entidad.

En respuesta a una pregunta planteada por el eurodiputado español Ramon Tremosa, del PDeCAT, Dombrovskis aseguró que "la Comisión está obligada a rechazar el acceso a los documentos cuya revelación reduciría la protección del interés público en relación con la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro". Esta excepción tiene un carácter absoluto que significa que, cuando se aplica, "no hay posibilidad de demostrar la existencia de un interés público superior en su revelación".

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Eduardo Segovia

Como es sabido, la JUR (Junta Única de Resolución) se negó inicialmente, con el apoyo de la Comisión, a revelar los documentos de la resolución del Popular, ni siquiera al Congreso o a la Audiencia Nacional. Solo después de reiteradas peticiones de los afectados y de que el propio panel de reclamaciones de la JUR le obligara a ello, el pasado 2 de febrero hizo públicas unas versiones incompletas (censuradas) del informe de Deloitte, de la valoración de la propia JUR y de la invitación a la subasta del banco. Aunque arrojan algo de luz sobre lo ocurrido, todavía mantienen en la oscuridad muchas claves de la decisión que provocó la pérdida de toda la inversión de accionistas y tenedores de subordinada.

Priman los intereses del Santander

Esta ocultación se justificó tanto porque podría afectar a la estabilidad del sistema financiero como porque podría perjudicar a los intereses del comprador, el Banco Santander. De hecho, la JUR asegura que la entidad que preside Ana Botín es la que ha pedido que los documentos se mantengan en secreto.

A este respecto, el vicepresidente comunitario confirma que "la regulación del Mecanismo Único de Resolución establece que las personas afectadas por las decisiones de su junta tienen derecho a acceder a sus archivos, sujetos a los legítimos intereses de otras personas en la protección de sus secretos de negocio". Y apostilla que "el derecho de acceso al archivo no se extiende a la información confidencial o a los documentos internos preparatorios de la junta".

Andreu lo pide todo

Como adelantó El Confidencial, la respuesta del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional a esta publicación parcial de los documentos ha sido solicitar que se le remitan íntegros a la JUR, al FROB e incluso al BCE en la parte que le pueda afectar, como la liquidez. El magistrado que instruye la causa por la resolución y venta del Popular ha incluido estos informes dentro de los miles de documentos requeridos al Banco de España, el BCE, la CNMV, la JUR, el FROB, el propio Popular, el Banco Santander, PwC e incluso los bancos que participaron en la subasta de Saracho y sus asesores. Hará que ver si se los remiten después de esta respuesta comunitaria.

El informe de Deloitte sin censurar es la pieza estrella de este requerimiento. Pero el magistrado también ha pedido otros documentos muy llamativos. Por ejemplo, pide al Banco de España la información sobre la liquidez de emergencia (ELA) que se concedió al Popular y la que se le negó, algo que las autoridades se han empeñado en mantener en secreto hasta ahora. También le solicita la decisión del BCE de declararlo inviable ('failing or likely to fail'), de la que no se conoce el contenido ni tampoco la fecha, aunque la JUR da a entender que fue anterior al 6 de junio.