La JUR asegura que el Santander pide ocultar los datos de valoración del Popular

El enfrentamiento entre la Junta Única de Resolución (JUR) y el Banco Santander sobre por qué no se hacen públicos todos los documentos que justifican la resolución y venta del Banco Popular ha escalado un grado más este viernes. Fuentes oficiales del organismo europeo aseguran que la censura de parte de los informes que se han conocido esta mañana, entre ellos el de Deloitte, se debe a una petición expresa del Santander, "en especial en lo que se refiere a la valoración". Esto contradice la versión de la presidenta de la entidad, Ana Botín, quien dijo que era partidaria de una transparencia total y que estaba "en manos de la JUR".

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Eduardo Segovia

Estas fuentes de la JUR explican que la decisión de ocultar datos en estos documentos obedece a la necesidad de evitar tres impactos negativos: crear un riesgo para la estabilidad financiera, socavar los intereses comerciales de Banco Popular o su comprador y afectar el informe de valoración definitiva de Deloitte (que determinará si hubiera sido mejor un concurso de acreedores).

Ahí es donde se encuadra la solicitud del Santander. Siguiendo la ley española de Transparencia, la JUR preguntó al Santander si le parecía bien publicar los documentos sin censura. Y, según las fuentes citadas, el banco que preside Ana Botín solicitó expresamente mantener confidenciales ciertas partes y cifras de los documentos. "Especialmente las referidas a la valoración", han subrayado. Esta versión de que la responsabilidad es del Santander también es la que el FROB dio a la Audiencia Nacional para negarle los documentos íntegros.

Valor de las alianzas... y los costes de demandas

La presidenta del Santander declaró el miércoles en la presentación de los resultados anuales que "todo lo que sea dar transparencia sobre cómo estaba el banco, estamos a favor de que se comparta" y que "es una decisión de la JUR , no nuestra, y estamos esperando a ver qué deciden". Ahora bien, sí matizó que había un punto que no quería que se hiciera público: las alianzas del Popular. Se refería a las 'joint ventures' que tenía el banco adquirido con terceros, como Värde en WiZink, Crédit Mutuel en los cajeros automáticos y Allianz en seguros y gestión de fondos (acuerdo que se está renegociando, como adelantó El Confidencial).

Ahora bien, la cuestión de las alianzas sí afecta a la valoración. El informe de Deloitte oculta una línea en los tres escenarios (mejor, peor e intermedio) con la estimación del valor de las 'joint ventures', filiales y subsidiarias. Pero hay más cosas ocultas, como las "contingencias legales", es decir, el posible coste de las demandas derivadas, sobre todo, de la ampliación de capital que acometió el Popular en 2016. Y de ese capítulo Botín no dijo nada.

Según han revelado las fuentes de la JUR, el BCE también se ha negado a que se publiquen los datos referidos a la liquidez del Popular, como la salida de depósitos en los meses y semanas previas a la resolución, la ELA (liquidez de emergencia) concedida o las garantías con que contaba la entidad para poder obtener esa liquidez del BCE. Si s ele hubieran concedido más fondos, el banco podría haber aguantado más tiempo o incluso haberse salvado.