El Popular tenía un agujero de entre 11.800 y 20.600 millones, según el informe de Deloitte

La decisión de que los accionistas y tenedores de subordinada del Banco Popular perdieran todo su dinero se basó en una valoración de Deloitte que estimaba que la entidad tenía un 'agujero' (déficit de provisiones) de entre 11.800 en el mejor escenario y de 20.600 en el peor. La media era de 14.700 millones y es lo que determinó que la entidad tenía un valor negativo de -2.000 millones de euros, según el informe de esta consultora que se utilizó para su venta al Banco Santander y que ha hecho público este viernes la JUR (Junta Única de Resolución).

En el escenario más negativo, la consultora estimaba que el Popular tenía una insuficiencia de provisiones de 7.000 millones en la cartera de crédito, de 3.400 millones en los activos inmobiliarios adjudicados y de 3.000 millones en los créditos fiscales (DTA). A eso añadía otros 2.600 millones de intangibles y 500 más de la cartera de bonos y acciones. A esto se suman las posibles demandas y el valor de las 'joint ventures' del Popular, sobre todo la de seguros y fondos con Allianz y WiZink, que la JUR mantiene en secreto, y arroja un total de 20.600 millones. Se restan los 10.800 millones de fondos propios (capital) que tenía el Popular y sigue habiendo un déficit de 9.800, mitigado por unos ahorros de costes para el comprador que Deloitte calculaba en 1600 millones. El resultado son los -8.200 millones de valoración negativa conocidos.

Los números del escenario más favorable son un déficit de 2.700 millones en crédito, 2.600 en inmuebles, 2.700 en DTA , 2.200 en intangibles y 400 en la cartera de bolsa y deuda; más demandas y alianzas, da un total de 11.800; al restar los 10.800 millones de capital y con unas sinergias para el comprador de 2.300 millones, la valoración sería de 1.300 millones positivos. Por último, la "mejor estimación" o escenario intermedio calcula unas necesidades de 3.500 millones en crédito, 3.100 en inmuebles, 2.700 en créditos fiscales y 500 en acciones y bonos; es decir, 14.700 millones. Aquí las sinergias estimadas son de 1.900 millones, por lo que, una vez descontados los costes de litigios, las alianzas y el capital de 10.800 millones, la valoración es de -2.000 millones negativos.

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Los accionistas perdían en cualquier caso

Es decir, en cualquiera de los escenarios era imprescindible que los accionistas hubieran perdido todo su dinero, puesto que el agujero de solvencia que presentaba el Popular, a juicio de Deloitte, era superior en todos los casos a los fondos propios de 10.800 millones que tenía el banco. La única diferencia entre unos y otros escenarios era si la subordinada debía asumir también pérdidas: no las habría sufrido en el mejor escenario, pero sí en el peor y en el intermedio.

Asimismo, fuentes oficiales de la JUR confirman lo que era un secreto a voces: que la caída del Popular no se debió solo a problemas de liquidez (aunque este fue el detonante de su caída), sino de solvencia: "Los problemas de liquidez siempre tienen detrás cuestiones de solvencia", según fuentes oficiales de este organismo europeo, algo que se confirma con las cifras del informe de Deloitte. Esto contradice la versión oficial del Gobierno español y del Banco de España, si bien el propio Luis de Guindos dio marcha atrás en su reciente comparecencia en el Congreso y admitió que podía haber problemas de capital.

El BCE mantiene el oscurantismo

Como adelantó El Confidencial, esta valoración de Deloitte se hizo a efectos comparativos para evaluar las posibles ofertas que se presentaran para la venta del banco tras la decisión de resolverlo por su inviabilidad. El precio fue fijado por la única oferta presentada, la del Santander, que coincidió con el escenario intermedio: un precio negativo de -2.000 millones que fue asumido por los CoCos (bonos convertibles contingentes) en manos de inversores institucionales y por la deuda subordinada que se había colocado a clientes minoristas.

Deloitte elaboró una valoración alternativa sobre cuánto habría costado llevar el Popular a un concurso de acreedores (liquidación), pero la JUR también ha decidido censurar esta cifra porque en estos momentos está elaborando la estimación definitiva y, a su juicio, publicar la provisional puede afectar a dicha elaboración. Asimismo, el BCE se ha negado a que se publiquen datos de liquidez: ni el importe de la fuga de depósitos, ni el colateral con el que contaba la entidad ni la liquidez de emergencia (ELA) que se le concedió.