El FROB niega los documentos del Popular a la Audiencia para proteger al Santander

Los afectados por la resolución del Banco Popular siguen sin tener acceso a los informes clave para la decisión por la que perdieron todo su dinero. La JUR (Junta Única de Resolución) se los negó al Parlamento y ahora el FROB (el fondo de rescate bancario) ha hecho lo mismo con la Audiencia Nacional: ha dejado fuera del expediente que le ha remitido cuatro documentos con la excusa de que la JUR los considera confidenciales, entre otros motivos porque pueden perjudicar al comprador, el Banco Santander. A su juicio, hay que esperar a que el Tribunal General de la UE se pronuncie al respecto para remitirlos a los tribunales españoles.

La Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia emitió el miércoles una providencia en la que pide a los afectados que han recurrido a esta vía que se pronuncien sobre si deben suspenderse las actuaciones en España, en vista de los recursos interpuestos en la corte europea y del contenido del expediente remitido por el FROB, que ha trasladado a las partes. En la carta que lo encabeza, el fondo público explica que en los procedimientos abiertos en Luxemburgo "se está dilucidando también sobre la confidencialidad de los documentos de la JUR". Por eso, solicita que la Audiencia no se pronuncie sobre ese tema hasta que lo haga Europa.

¿A qué obedece esta obsesión por la confidencialidad? Según el escrito del FROB, "la JUR sostiene que la divulgación de determinados documentos de carácter reservado y especialmente sensible identificados en el índice con la mención 'CONFIDENCIAL' (sic) podría suponer un perjuicio para el interés público en lo que respecta a la política financiera y económica de la Unión, la política de la resolución de entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero de la Unión así como que también puede afectar a los intereses económicos y comerciales del Banco Santander en atención a las distintas obligaciones y responsabilidades asumidas en el marco del citado contrato vigentes a día de hoy".

El fondo que preside Jaime Ponce se explaya sobre la protección de los intereses del comprador del Popular: "De otra parte, respecto de la oferta presentada por Banco Santander y el contrato de compraventa de acciones suscrito entre dicha entidad y este organismo, procede recordar que dicha entidad no solo no ha hecho públicos los datos referenciados sino que, además, en el marco de las solicitudes de acceso recibidas al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha comunicado y el FROB así lo ha estimado, que la revelación de dicha documentación a terceros podría afectar a sus derechos o intereses legítimos".

Ocho documentos borrados del expediente

Este escrito hace referencia a cuatro documentos potencialmente conflictivos, pero en el índice del expediente aparecen ocho cuyo título se ha sustituido por "CONFIDENCIAL". Dos de ellos corresponden a las "actuaciones previas a la apertura del proceso", uno de los cuales se supone que es la valoración provisional realizada por Deloitte; otros dos se incluyen en el "inicio del proceso de venta"; dos más pertenecen al "desarrollo" de dicho proceso, y ahí entraría la oferta presentada por el Santander; y los dos últimos se encuadran en el "fin del proceso de venta y plan de resolución". Uno de ellos es la versión confidencial de la decisión de la JUR, que sí hizo pública en su día una versión no confidencial de la misma.

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La presidenta de la JUR, Elke König, también se negó a remitir esta documentación a la comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso, y también rehusó contestar las preguntas de los diputados sobre ellos en su comparecencia del 11 de diciembre. Unos días después, fue renovada al frente de esta institución comunitaria por otros cinco años.

No obstante, ese día König anunció que publicaría una versión más amplia de la decisión de la JUR (aunque no la versión confidencial íntegra) y parte del informe de Deloitte antes de mediados de enero. A día de hoy, todavía no se ha cumplido esta promesa.