señalan a könig como responsable de la caída

Banco Popular: el informe de Deloitte da alas a las reclamaciones de Pimco y los fondos

El polémico informe de Deloitte ha dado un nuevo impulso a las reclamaciones de los afectados por la resolución del Popular, que consideran que no justifica una medida así

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A la JUR (Junta Única de Resolución) le ha salido el tiro por la culata. La publicación de una versión censurada del informe de valoración del Banco Popular realizado por Deloitte, lejos de arrojar luz sobre su final, ha incrementado las sombras, las contradicciones y las sospechas. Los afectados que perdieron su dinero se van a aferrar a este documento para redoblar sus reclamaciones, ya que consideran que les carga de argumentos: la resolución no era imprescindible y no se justificaba por este informe, sostienen. Y la JUR y el FROB van a tener que remitir la versión íntegra a la Audiencia Nacional después de que el juez Andreu lo exigiera ayer en un auto, como adelantó El Confidencial.

El primero de los argumentos parte de que la propia consultora reconoce que su valoración de entre 1.300 millones positivos y -8.200 negativos es "altamente incierta y provisional" por varias razones: el poco tiempo del que dispuso para hacerla (12 días en vez de las seis semanas que debería haber tenido), la falta de acceso a información crítica y la limitada comunicación con los gestores y auditores del banco. "Esto demuestra que ni siquiera Deloitte consideraba su propia valoración como una base sólida para la resolución del Popular", concluye el bufete Quinn Emanuel, que representa a Pimco y a los principales fondos pillados en el banco español.

Esta situación deriva en lo que este despacho denomina "razonamiento circular": Deloitte concluía que la valoración más fiable sería la mejor oferta en la subasta que había puesto en marcha Emilio Saracho, Sin embargo, la JUR ignoró este proceso y organizó su propia venta "fallida", que no estaba diseñada para conseguir el precio que Deloitte tenía en mente. Al contrario, el hecho de que fijara un precio mínimo de un euro implicaba 'de facto' una valoración de -2.000 millones, es decir, la amortización de las acciones y los bonos, algo que no se sostiene con el incierto, provisional y amplio rango de valoración de Deloitte. Quinn Emanuel también se pregunta por qué no se tomó la valoración más conservadora, -8.200 millones, lo que habría implicado pérdidas para la deuda sénior y los depósitos.

Nueva sede del Banco Popular que ocupará Santander España.
Nueva sede del Banco Popular que ocupará Santander España.

También chirría que Deloitte estime unos riesgos de litigios de entre 1.200 y 4.100 millones... que se derivarían de la decisión de resolver el banco; es decir, si no hubiera resolución, no habría que incluir estos costes en la valoración (un nuevo razonamiento circular). Es llamativo también que el informe incluya estos costes que tendría que asumir el comprador pero no tome en cuenta ningún tipo de sinergias para él. Y han sido enormes en el caso del Santander: calcula 500 millones al año, pero algunos analistas las elevan a 750 millones.

La JUR sigue ocultando información crítica

Y luego está la información que la JUR se empeña en mantener oculta (y echa la culpa al Santander de ello). Por ejemplo, el ajuste que aplicó Deloitte al valor de los activos del Popular, incluyendo los créditos sanos, o cuál habría sido el coste de ir a una suspensión de pagos normal, para compararlo con el de la resolución; esta fórmula habría permitido una compensación a los accionistas y tenedores de bonos.

O las cifras de salida de liquidez en los últimos días de vida del Popular y la cantidad que se le concedió inicialmente y se le negó después de liquidez de emergencia (ELA). Precisamente, los fondos consideran que no se entiende que el BCE le negara liquidez al banco —que habría podido salvarlo o no—cuando la propia JUR estimaba que era solvente (como ha explicado El Confidencial, su valoración añade que iba a incumplir los requisitos en 2019, que tenía déficit de provisiones y que tenía que tomar medidas para recapitalizarse). La Audiencia también ha exigido al Banco de España que revele la ELA que se concedió -y la que no se concedió- al Popular-.

König, culpable de la fuga de depósitos

En todo caso, lo que queda claro a la luz de los documentos es que la caída del Popular tuvo como detonante la fuga masiva de depósitos. Y la gran pregunta es por qué huyeron. A este respecto, los abogados de los grandes fondos señalan directamente a la JUR como culpable: "La filtración a Reuters del 31 de mayo por parte de un "funcionario de la UE" tuvo que provenir de la JUR. Ninguna otra institución europea tenía el conocimiento de los planes de la JUR", dado que la Comisión Europea no fue invitada a las deliberaciones hasta la misma madrugada del 7 de junio. Y hay que añadir la filtración anterior en la entrevista de la presidenta de la JUR, Elke König, con Bloomberg, en la que también dijo que estaba vigilando al Popular. Esta tuvo lugar el 23 de mayo, casualmente el mismo día en que contrató a Deloitte.

La presidenta de la JUR, Elke König, en el Congreso.
La presidenta de la JUR, Elke König, en el Congreso.

Las fechas también arrojan sombras sobre el proceso de resolución, ya que la JUR da a entender que el BCE ya había declarado al Popular inviable o a punto de la inviabilidad ('failing or likely to fail') antes de la valoración de la JUR del 6 de junio. Si ya era inviable, ¿por qué la declaración de este organismo decía que era solvente y que el problema era de liquidez? Con todos estos argumentos, Quinn Emanuel y otros despachos que representan a afectados españoles pretenden lanzar una nueva ofensiva para conocer los documentos completos, ante la propia JUR y el Tribunal General de la UE. Como se ha dicho, la Audiencia Nacional por fin los requirió ayer. Y utilizar tanto su contenido como todas estas inconsistencias para conseguir la victoria en los tribunales.

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