La Audiencia exige toda la documentación del Popular a la JUR, BCE y Banco de España

Ha llegado el momento más esperado por los afectados por la resolución del Banco Popular: el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha exigido a todos los organismos y entidades involucradas en el fin del banco la remisión de toda la documentación de que dispongan, incluyendo el informe completo de Deloitte o la liquidez de emergencia que le inyectó el BCE... y la que se negó a prestarle para mantenerlo vivo en los primeros días de junio. Se trata de miles de papeles con los que pretende esclarecer los hechos y que deben remitirle el Banco de España, el BCE, la CNMV, la JUR (Junta Única de Resolución), el FROB, el propio Popular, el Banco Santander, PwC, e incluso los bancos que participaron en la subasta de Saracho y sus asesores.

Después de que el 2 de febrero la JUR hiciera públicas versiones incompletas de los informes que apoyaron la resolución (propios y el de Deloitte) y de que el FROB le contestara que le enviaría la documentación sin censurar si se lo pedía, Andreu ha dictado este miércoles un auto en el que solicita una ingente cantidad de papeles a todas las instituciones citadas.

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El informe de Deloitte sin censurar es la pieza estrella, que requiere a la JUR y al FROB. Pero el magistrado también requiere otros documentos muy llamativos. Por ejemplo, pide al Banco de España la información sobre la liquidez de emergencia (ELA) que se concedió al Popular, algo que la JUR y el BCE se han empeñado en mantener en secreto hasta ahora. También le solicita la decisión del BCE de declararlo inviable ('failing or likely to fail'), de la que no se conoce el contenido ni tampoco la fecha, aunque la JUR da a entender que fue anterior al 6 de junio.

También le pide al BdE el Plan Sunrise, el proyecto de Ángel Ron de un banco malo para segregar el ladrillo del Popular que no fue autorizado, y los reparos que le puso el supervisor. O los informes de inspección realizados desde 2012, los referidos los deterioros del crédito y los adjudicados e incluso los de cumplimiento de los dos Decretos Guindos de ese año que exigían grandes provisiones para la exposición inmobiliaria. Al BCE le exige el programa de supervisión ordinaria que fue el detonante de la decisión de Emilio Saracho de poner a la venta el banco o, si no lo conseguía, realizar una nueva ampliación de capital.

La reexpresión y las cuentas de la ampliación

El mayor volumen de documentación es el requerido al propio Popular. Ahí se encuentra, por ejemplo, el informe de auditoría interna que provocó la 'reexpresión' de las cuentas de 2016 llevada a cabo por Saracho en abril de 2017; las retribuciones pagadas a los consejeros; la documentación de las diferentes ventas de participadas; las medidas extraordinarias de refuerzo de liquidez (es decir, el dinero que pidió al BCE en junio); los cálculos de provisiones y pérdidas que se incluyeron en el folleto de la ampliación de capital de 2016, y la desviación que se produjo en la realidad; los ajustes y reclasificaciones realizados tras la resolución y venta al Santander; y el cuaderno de venta enviado a los potenciales compradores en la subasta de Saracho.

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En cuanto a la CNMV, tendrá que remitir al juzgado la investigación anunciada por su presidente, Sebastián Albella, sobre las posibles pérdidas ocultas de ejercicios anteriores a 2017, los informes que justifican que no prohibiera las posiciones cortas (bajistas) cuando el valor se hundía, la investigación de posibles operaciones abusivas y si le consta negociaciones sobre acciones del banco de miembros de su consejo: algunos querellantes sostienen que la familia mexicana Del Valle se puso bajista para bajar el precio y poder tomar el control del banco. asimismo, le requiere el expediente de la ampliación de 2016 y todos los hechos relevantes del popular desde 2014.

También solicita a la auditora del Popular, PwC, los papeles de trabajo de la auditoría, la reexpresión de abril, y las modificaciones realizadas por el Santander tras la compra. A este último le exige los informes de valoración en que se apoyó su oferta de un euro y las anteriores ofertas de compra del Popular si las hubo. No contento con eso, Andreu pide estimaciones del posible agujero que calculaban todos los participantes en la subasta, además del Santander: Sabadell, BBVA, Bankia y CaixaBank, e incluso a sus asesores Morgan Stanley,m Citibank, UBS y Société Générale.