El Poder Judicial investiga a un juez de Madrid por los retrasos en la trama Sedesa

Un año después de que el Ministerio Fiscal instara al Juzgado número 54 de Madrid a iniciar el proceso para aclarar si hubo un delito en la venta de Sedesa, constructora de la familia Cotino, a Ezentis, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas tras la denuncia recibida por los hechos ocurridos en dicho juzgado y ante los indicios de que se "ha producido una dilación injustificada de dos años en la instrucción" del caso.

Según explican desde el CGPJ, éste sólo toma dicha medida cuando, tras haber realizado una primera valoración basada en las alegaciones del propio juez y del secretario judicial, "se considera que sí hay materia disciplinaria". Las mismas fuentes puntualizan que las diligencias informativas son la fase previa a la apertura de expediente disciplinario, el cual puede derivar en sanciones menores, como una advertencia o multa, o hasta en la expulsión de la carrera judicial.

La irrupción del CGPJ en este caso da alas a los procesos abiertos por dos grupos de minoritarios de Ezentis, uno formado por Javier Tallada, exaccionista de referencia de la compañía, y otro encabezado por Luis Miguel Medina de la Heras y conformado por más de medio centenar de accionistas. El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid lleva dos años y medio sin incoar ninguna de las diligencias solicitadas por las acusaciones y sin imputar a ninguna de las personas denunciadas, una dilación que abre la puerta a que los delitos denunciados terminen prescribiendo.

De hecho, cuando en 2014 acordó instruir diligencias previas, evitó citar a nadie como imputado, alegando que iba a requerir la colaboración de la administración de Ezentis, entonces presidida por Manuel García Durán, a la que solicitó una serie de informaciones que ya eran públicas, como el informe anual de Gobierno Corporativo de 2010, hechos relevantes publicados en la CNMV o el precio al que TSS Luxemburgo, fondo del banco Nomura, compró y vendió las acciones de Ezentis.

Posteriormente, trató de inhibirse y remitir el caso a Sevilla, alegando que fue allí donde se celebró la Junta General de Accionistas que aprobó la compra de Sedesa, ante lo que el Ministerio Fiscal concluyó, en febrero de 2015, que "los hechos que pudieran determinar la existencia de delito se concentran en las decisiones adoptadas en los Consejos de Administración" celebrados en Madrid. A pesar de ello, el Juzgado tardó cinco meses más en declarar su competencia. Una vez reactivado el proceso, y ante la presentación de una ampliación de la denuncia, en noviembre de 2015, el Juzgado 54 dictó "la práctica de las mismas diligencias ya acordadas un año y medio antes (...), prorrogando por enésima vez el necesario pronunciamiento", cita el escrito remitido al CGPJ.

Trama que enlaza con Gürtel y Nummaria

Los hechos denunciados en esta causa enlazan, a su vez, con otras dos grandes tramas de corrupción que están siendo investigadas: Gürtel y Nummaria. La primera va dirigida a esclarecer el papel de la constructora de Cotino en la financiación ilegal del Partido Popular, mientras que la segunda tiene a Thesan Capital, fondo de inversión controlado por el banco japonés Nomura y que asesoraba la inversión de TSS en Ezentis, dentro de una red de sociedades creadas para evadir dinero.

Fue precisamente este vehículo, dirigido por José Luis Macho, el que respaldó la compra de Sedesa por 30 millones de euros, mediante una amplación de capital consistente en la emisión de 35,29 millones de acciones a un precio de 0,85 euros por título, que suscribió en su totalidad Cotino mediante la aportación de todas las participaciones sociales de Asedes Capital, matriz del grupo Sedesa.

La agónica situación financiera en la que se encontraba la constructora cuando se aprobó la compra es uno de los principales argumentos esgrimidos por los accionistas que se opusieron a la operación y que la denunciaron ante los tribunales, ya que apenas siete meses después de sellar el acuerdo, en junio 2011, Sedesa cayó en concurso de acreedores.

Se da la circunstancia de que cuando Thesan orquestó la compra de la quebrada Sedesa, el presidente del fondo de inversión era Ignacio López del Hierro, marido de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cargo que, no obstante, carecía de funciones ejecutivas, ya que el día a día seguía en manos de Santiago del Corral (ex Nomura) y Macho, ambos implicados en Nummaria.

En noviembre de ese mismo año, el consejo de administración de Ezentis, ya capiteneado por Manuel García Durán, aprobó deshacer la operación con otra operativa que también ha sido llevada a los tribunales, ya que permitió a Cotino embolsarse cerca de 10 millones de euros en acciones de Ezentis, y a García-Durán quedarse con el 10,15% que tenía TSS a un precio de apenas 0,12 euros por título, frente a los 0,87 euros en que cotizaba Ezentis entonces, según la denuncia.

Ésta va dirigida contra García-Durán, Fernando González (consejero delegado de Ezentis), TSS Luxemburg, Nomura Holding y Nomura Investment, entre otros, ya que entre los nombres que aparecen como autores de la trama también figuran importantes protagonistas de la vida empresarial española como Francisco Sánchez Asiaín, representante legal de Nomura, Ignacio López del Hierro o Mario Armero.