Las confesiones de los empresarios de Gürtel le estallan a Rajoy a dos meses del 26-J

Las confesiones de los empresarios procesados en la pieza de Gürtel sobre financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana amenazan con hacer estallar una bomba en la cara del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dos meses de la más que probable nueva cita con las urnas del 26-J. El pacto alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y los empresarios Enrique Ortiz y Alejandro Pons, por el que han mostrado conformidad con su participación en la financiación ilegal del Partido Popular valenciano durante los años 2007 y 2008, lleva implícito el reconocimiento de que la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez regó también con dinero B la segunda y fallida campaña de Rajoy en unas elecciones generales.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sostiene en su escrito de procesamiento contra Correa y su entorno, y contra la que fue cúpula del expresidente valenciano Francisco Camps, que la Gürtel financió de forma irregular hasta 26 actos en aquella primera campaña de las generales, además de inserciones en prensa y radio, por importe global de algo más de 800.000 euros. El magistrado explica que todos estos eventos se realizaron al margen de la contabilidad oficial de los populares y “no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria”.

El supermitin de la Plaza de Toros se pagó en B

En dos de esos actos tuvo una participación directa y protagonista el candidato Mariano Rajoy, concretamente uno celebrado en la Institución Ferial Alicantina, pagado con 27.264 euros de dinero opaco, y el multitudinario mitin celebrado el 6 de marzo de aquel año de la Plaza de Toros de Valencia que, según De la Mata, recibió una inyección de fondos en B de 79.500 euros procedentes de los contratistas encausados.

La conformidad de los empresarios Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos) y Alejandro Pons (Piaf) supone reconocer que asumieron parte de la financiación de esos actos a través de simulación de facturas con sociedades de la trama Gürtel, como Orange Market, por importes de 348.115 euros, en el caso el primero, y 4.400 euros por parte del segundo. El auto de procesamiento señala también a Vicente Cotino (sobrino del expresidente Juan Cotino, procesado por la pieza de la visita del Papa), quien habría contribuido a la campaña de Rajoy con 150.684 euros a través del Grupo Sedesa, a Lubasa (58.000 euros) y a Facsa-Grupo Gimeno (200.000 euros).

Por estos hechos y la presunta financiación ilegal de las autonómicas y municipales de 2007, la Fiscalía reclama siete años y nueve meses de cárcel por delito electoral y falsificación de documentos para Ricardo Costa, que entonces era secretario general del PP valenciano, Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat valenciana y número dos de Francisco Camps durante su etapa de presidente autonómico, y David Serra, en aquella época diputado autonómico y vicesecretario popular.

La confesión de Ortiz y Pons, a la que podrían sumarse otros empresarios con la intención de rebajar sus penas (el abogado de Ortiz es quien hace de enlace con la Fiscalía), no representa una prueba en sí misma en términos procesales, pero, según fuentes judiciales, puede ser determinante para justificar una sentencia condenatoria a los cabecillas de la Gürtel y a los antiguos responsables regionales del Partido Popular. No en balde, cuando se celebre el juicio, estos empresarios deberán ratificar ante el tribunal el escrito de conformidad que han firmado con la Fiscalía Anticorrupción, lo que deja a los pies de los caballos al resto de acusados.

Ricardo Costa quiere a Rajoy de testigo

Conscientes de esta situación, algunos de los procesados han comenzado a mover ficha. Es el caso de Ricardo Costa, quien, según ha adelantado hoy la Cadena Ser, ha presentado un escrito de defensa en la Audiencia Nacional en el que insinúa abiertamente que Génova estaba al tanto de cuanto acontecía en materia de financiación en el PP valenciano. Este escrito sostiene que la “responsabilidad en la gestión económica y administrativa” era de la sede central del partido en Madrid.

Por esta razón, Costa ha citado como testigos al mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su condición de presidente nacional del PP en 2007 y 2008, y a otros 32 testigos, entre los que figuran Luis Bárcenas o María Dolores de Cospedal. Con esto, el menor de los hermanos Costa busca trasladar a la dirección nacional la responsabilidad de las irregularidades detectadas en la financiación de los populares.