El empresario Enrique Ortiz admite que financió al PP a cambio de no ir a prisión

Pagó gastos electorales del PP a través de una de las empresas de la trama Gürtel. Ocho años después, lo confiesa. El empresario alicantino Enrique Ortiz se ha convertido en el primero de los contratistas de obra pública que reconoce que participó en la financiación ilegal de ese partido en la Comunidad Valenciana durante los años 2007 y 2008, según adelantó la Cadena Ser. Lo hace a cambio de que, los cuatro años de prisión que la Fiscalía pide contra él, se queden en un año y tres meses y una multa, lo que permitiría suspender la pena y que no fuera a la cárcel.

En su escrito, el empresario se declara “conforme” con el relato de hechos que las acusaciones recogen en sus escritos. Admite los delitos de falsedad en documento mercantil y falsedad en las cuentas electorales que se le imputan, aunque solicita que se le apliquen las atenuantes de “confesión tardía de los hechos” y el hecho de no ser “administrador general de la candidatura del partido” en cuanto a la segunda infracción. Además, en su escrito de defensa explica que ha aportado al juzgado 40.133 euros para enfrentar las indemnizaciones derivadas de esos delitos, según adelantó la Cadena Ser.

Las acusaciones sostienen que el PP valenciano contrató con Orange Market la organización de actos electorales. Parte de esos gastos fueron pagados supuestamente por contratistas de obra pública de esa comunidad, entre ellos Ortiz. Los fondos que estos aportaron se justificaron mediante facturas falsas por servicios que realmente no se prestaron. Ese mecanismo sirvió a evitar la prohibición de financiar gastos de partido por terceros. Las acusaciones recuerdan, además, que, como contratistas de obra pública, no podían hacer donaciones a formaciones políticas.

Los presuntos delitos electorales se produjeron durante las campañas a las municipales autonómicas de 2007 y a las generales de 2008, en las que el candidato a la presidencia del Gobierno era Mariano Rajoy.

Alicante y Barcelona

En su auto de apertura de juicio oral, del pasado 26 de febrero, en el que sentó en el banquillo a cinco miembros de la cúpula del PP durante el mandato de Francisco Camps, a los jefes de la trama Gürtel y a diez empresarios, entre ellos Ortiz, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluyó que existía una forma de pago de carácter dual por parte del PP valenciano a Orange Market. Los acusados denominaban Alicante al dinero abonado legalmente y Barcelona al montante entregado en B "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial".

Las acusaciones sostienen que el PPV contrató a Orange Market y parte de esos gastos fueron pagados supuestamente por contratistas de obra pública

Según el magistrado, en el desarrollo de las mencionadas campañas electorales, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral prevista legalmente. Para conseguir una mayor repercusión, tanto en los comicios de 2007 como en los de 2008, "los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros; en ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".