ESTE VIERNES, LOS DOS ÚLTIMOS

El Gobierno 'cierra la ventanilla': ya no aprobará más decretos leyes antes del 28-A

El Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a un total de 35 decretos leyes. Uno de ellos decayó y los últimos cinco aún habrán de ser convalidados por la Diputación Permanente el miércoles

Foto: Las ministras Isabel Celaá, María Jesús Montero y Meritxell Batet, este 29 de marzo en la Moncloa. (EFE)
Las ministras Isabel Celaá, María Jesús Montero y Meritxell Batet, este 29 de marzo en la Moncloa. (EFE)

La cuenta total de reales decretos leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en casi diez meses en el poder se eleva finalmente a 35. 28 ya han sido respaldados por el Congreso, uno, el de vivienda, decayó, y otros seis habrán de ser convalidados el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso. Y ya no habrá más antes de las generales del 28 de abril. Aún tendría cierto margen porque el Ejecutivo no entrará en funciones hasta el día después de las elecciones y porque si se produjera alguna situación de emergencia puede recurrir a esta figura jurídica, pero la decisión política ya está adoptada.

La 'temporada' de decretos leyes, por tanto, se cierra. Este viernes el Consejo de Ministras y Ministros aprobó los dos últimos. Uno sobre la estiba que completa el refrendado hace dos años y que incluye cambios en la contratación laboral en el sector. Y otro que permitirá a ayuntamientos y a comunidades autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019. Estos dos serán los reales decretos leyes números 34 y 35 de Sánchez. 25 de ellos se aprobaron en el segundo semestre de 2018 y los restantes en estos primer trimestre de 2019. Los últimos seis, con la convocatoria de generales ya anunciada. El 1 de marzo, el Ejecutivo sacó adelante de una tacada tres —el plan de contingencia ante un Brexit salvaje, el de igualdad laboral que incluía la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad, y el de vivienda, ya pactado con Unidos Podemos—, y el pasado viernes 8, uno con medidas de lucha contra la precariedad laboral, que incorporaba la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años. El Ejecutivo de Sánchez es el que más ha tirado de una figura que la Constitución reserva para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", y que ha justificado por el "bloqueo" sistemático de la Mesa del Congreso, en la que disponían de mayoría absoluta PP y Ciudadanos.

[Consulta en PDF los 35 reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros desde la moción de censura]

La portavoz del Gabinete, Isabel Celaá, presentó este viernes la nueva normativa de la estiba, impulsada por Fomento, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió sucintamente al texto que permitirá a ayuntamientos y CCAA con superávit facilitar inversiones. Celaá confirmó, a preguntas de los periodistas, que el Consejo de Ministros ya no aprobará más decretos leyes antes de las generales del 28-A. La Diputación Permanente del Congreso, convocada por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor (PP), para el próximo 3 de abril, a las 11:30 horas, se reunirá para debatir y convalidar los cinco textos que quedan por tanto pendientes, y previsiblemente no se volverá a citar antes de los comicios.

Tras el anuncio del 28A, Sánchez ha aprobado seis RDL: Brexit, igualdad, vivienda, estiba, subsidio para mayores e inversiones para AAPP con superávit


El Gobierno es consciente de que, con las urnas tan cerca, conseguir la complicidad de la Cámara, cuando además los votos están más justos que en el pleno, es jugar demasiado con fuego. De hecho, ya Ciudadanos intentó, sin éxito, que no se tramitara el decreto que aumenta los permisos de paternidad porque entendía que tocaba artículos de una ley orgánica, la de igualdad, pero los letrados del Congreso dieron la razón al Ejecutivo. El decreto, explicaron, modifica aspectos que no forman parte del contenido orgánico de la Ley de Igualdad, solo cambiaba cuestiones de regulación ordinaria.

Sin necesidad de refrendo del Congreso

¿Se pone así punto final a los 'viernes sociales'? No necesariamente. El Ejecutivo ha ido sacando del horno medidas que no tienen rango de ley y que, por tanto, no han de ser refrendadas por el Congreso. Hace una semana, por ejemplo, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al plan de retorno de los españoles residentes en el extranjero, que facilitará que 23.000 de ellos puedan volver a España. Y este mismo 29 de marzo el Gabinete aprobó la oferta de empleo público (OEP) más alta desde 2008, con un total de 33.793 plazas para la Administración General del Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia y Educación. La convocatoria se hará vía real decreto, un instrumento jurídico de menor rango legal y que no tiene que pasar por el filtro del Parlamento. Fuentes del ministerio explicaron que al ser una OEF ordinaria, no requiere que se tramite como real decreto ley, que se utiliza cuando se trata de una convocatoria de carácter "extraordinario".

Puede haber medidas sociales sin decreto ley: este viernes se aprobaron 33.793 plazas de empleo público, la mayor en España desde hace 11 años

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, negó que esta OEP [aquí los detalles en PDF] sea una medida electoralista. Es más, dijo, sería una "absoluta irresponsabilidad" no presentarla ahora, porque la convocatoria de plazas se hace cada año y entra "dentro de la gestión ordinaria" de cualquier Gobierno, ya que al final se trata de "garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos que sin esta oferta se podría ver en peligro".

También el Ejecutivo quiere "dar seguridad" al cuerpo de opositores y sus familias, que esperan las convocatorias todos los años por estas fechas. Y se suma otra razón, que explicó la propia Batet: el Gabinete tiene dudas de si un Gobierno en funciones tiene la capacidad o no para aprobar una OEP. Así que por todos estos motivos y además porque España puede entrar en un periodo de mayor "incertidumbre" política, por las dificultades que puede haber para armar una nueva mayoría, el Consejo de Ministros entendió que era "oportuno" y de "absoluta responsabilidad" presentar este viernes esta oferta de plazas.

El Gobierno 'cierra la ventanilla': ya no aprobará más decretos leyes antes del 28-A

¿Y por qué 33.793, más de las previstas a comienzos de esta semana? Batet señaló que el número no responde a un "incremento neto de la plantilla", sino a cuestiones de promoción interna, de estabilización y aumento de las jubilaciones, que son "más elevadas" con un Presupuesto prorrogado.

En concreto, Política Territorial calcula que pueden retirarse este año 19.159 efectivos, que supone el 14% del personal de la Administración General del Estado (AGE). En 10 años, la estimación del Gobierno es que se jubilará el 51,2% de los funcionarios. La AGE (el personal de los ministerios, excluyendo Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) cuenta con 135.476 empleados públicos (a 1 de enero de 2019), y su edad media es de 51,9 años, casi diez más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).

Iceta ya "se corrigió"

En la rueda de prensa de este viernes también volvió a ser protagonista Cataluña. Por las declaraciones tanto de Pablo Iglesias como de Miquel Iceta. El líder de Podemos confirmó este viernes que su programa incluirá la posibilidad de un referéndum para que la comunidad decida su encaje con el resto de España. La ministra portavoz, Isabel Celaá, no quería hablar de las propuestas de otros partidos, pero sí insistió en que no existe el derecho de autodeterminación, como exigen los independentistas. "Ese derecho no existe en la Constitución y el Gobierno desde el día uno lo ha venido expresando. El referéndum es una raya roja para el Gobierno" que no está dispuesto a traspasar ni siquiera si se pone como condición para una investidura. Por lo demás, el PSOE, dijo, sale con la idea de alcanzar los mejores resultados el 28-A y el mayor respaldo posible.

La ministra Celaá insiste en que el referéndum de autodeterminación es una "raya roja" para el Gobierno que no traspasará ni para una investidura

Su compañera de Gabinete, Meritxell Batet, fue preguntada por la afirmación del primer secretario del PSC: si el 65% de los catalanes estuviera a favor de la secesión de Cataluña, habría que encontrar una solución para "encauzar" esa demanda. La ministra señaló que ya ayer respondió y que considera que es un tema "absolutamente zanjado", porque el dirigente del PSC "corrigió" sus declaraciones y porque el proyecto socialista "combate de forma contundente el independentismo y la defensa del sistema constitucional y estatutario, y en él "ese referéndum no tiene cabida". PSOE y Gobierno, añadió, trabajan para "mejorar la convivencia de los ciudadanos", porque la sociedad catalana "está más dividida y fracturada que hace unos años".

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Aprobada la estrategia contra la despoblación

Meritxell Batet también presentó este viernes las directrices generales de la estrategia nacional contra la despoblación, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, adscrito al Ministerio de Política Territorial, y que dirigía Isaura Leal, que ha dejado su cargo para poder concurrir en las listas del PSOE para el 28-A

Se trata de un plan global y transversal, desde una perspectiva "multidisciplinar" y con la participación de todos los ministerios [aquí en PDF]. Una estrategia que llega apenas 48 horas antes de la manifestación convocada para el domingo en Madrid para visibilizar esa España vacía. 

 

Se trata de 80 medidas que pivotan en torno a siete objetivos. Uno, garantizar una plena conectividad territorial (con una adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil en toda España). Dos, asegurar la prestación de servicios básicos a toda la población. Tres, incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes (como ocurre con el impacto ambiental o de género). Cuatro, avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios. Cinco, eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y reputación de los territorios más afectados por la despoblación. Seis, mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada. Y siete, alinear el plan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

Son a su vez 12 las líneas de acción. Entre ellas: garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la población y la baja densidad; mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas en las zonas menos pobladas; favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural; coordinar las acciones referidas a personas mayores; apoyar la puesta en marcha de proyectos impulsados por jóvenes; facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia de las mujeres; asegurar el dimensionamiento de infraestructuras y equipamiento necesarios; facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior o asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia.  

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