La JEC rechaza las quejas de PP y Cs: no veta las ruedas de prensa de los 'viernes sociales'

El Gobierno podrá mantener sus ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La Junta Electoral Central entiende que no vulneran la ley y no suponen actos de campaña. Así, desestima de un plumazo los recursos de PP y Ciudadanos, que elevaron una reclamación al órgano supervisor porque entendían que las comparecencias de los 'viernes sociales' eran tanto como orquestar la actividad de campaña desde la Moncloa.

La JEC despacha en un párrafo [aquí en PDF] el rechazo a la impugnación de los populares y en otro, casi calcado, la de los naranjas. Así, acordó en su reunión de este lunes "desestimar la reclamación puesto que en ella no se pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida por los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)".

La JEC amonesta al PP porque en su escrito de la semana pasada hacía referencia a "una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral" —aquella en la que Pedro Sánchez anunció las elecciones para el 28-A—, "a otra en la que no se contiene ninguna alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos por el Gobierno" —en la que el Gobierno aprobó el decreto ley de igualdad laboral, otro sobre medidas urgentes de vivienda y otro con medidas de contingencia frente a un Brexit duro— y, "finalmente, a futuras ruedas de prensa, sobre las que por su carácter meramente hipotético no resulta posible que la Junta pueda adoptar ninguna decisión al respecto". Es decir, que la JEC no puede actuar preventivamente ni prohibir ruedas de prensa por la mera conjetura de la oposición de que se va a hacer propaganda desde la Moncloa.

Respecto a la queja de Cs, la Junta insiste en que no se ha producido "ninguna conducta prohibida" por los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Electoral, "sin que tenga la Junta que advertir al Gobierno sobre el cumplimiento de lo previsto en dicho precepto".

La Junta dice que no ha observado ninguna conducta prohibida por la ley ni tiene que "advertir al Gobierno" sobre el cumplimiento de la misma

El órgano señala que estos dos acuerdos son ya firmes en vía administrativa, por lo que contra los mismos cabe solo la interposición de "recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses".

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El viernes, Celaá optó por la "cautela"

La resolución es la que esperaba el Gobierno pero, por si las moscas, echó el freno en la comparecencia del viernes pasado y evitó lanzar ataques a la oposición desde la Moncloa. Prefirió dejarse guiar por la "cautela", en palabras de la portavoz, Isabel Celaá, y esperar al acuerdo de la JEC, que se preveía para este lunes. Y ha sido favorable a sus intereses.

El PP pedía "suspender, durante el proceso electoral", las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en lo referente a "medidas electoralistas"

El PP presentó la semana pasada un recurso —del mismo tenor al que interpuso Ciudadanos— en el que pedía a la Junta Electoral que tomara las medidas necesarias para "suspender, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos decretos leyes y cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean, que se quiera dar de la aprobación de los mismos, ya que es un acto prohibido por la Loreg".

El escrito de los populares hacía referencia a la comparecencia de Pedro Sánchez del 15 de febrero en la que anunció la convocatoria anticipada de elecciones, la rueda de prensa de Carmen Calvo y Josep Borrell del 1 de marzo con los primeros decretos sociales (igualdad laboral y vivienda) y declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que adelantaba que el Gobierno aprovecharía los siguientes Consejos de Ministros para aprobar medidas de contenido social. La JEC, en cambio, no ve "ninguna alusión" a las realizaciones o logros del Ejecutivo.

Los populares entendían que las comparecencias de los viernes violaban el artículo 50 de la Ley Electoral, el que señala que desde la convocatoria de las elecciones —en este caso, desde que se publicó y entró en vigor la disolución de las Cortes, el pasado 5 de marzo— y hasta la celebración de las mismas, "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". El mismo precepto prohíbe igualmente la inauguración de obras o servicios públicos durante el periodo electoral.

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Las alegaciones del Gobierno

La demanda de Ciudadanos caminaba en el mismo sentido. Pretendía que la JEC recordara al Gobierno "la obligación de no hacer declaraciones que contengan alusiones a las realizaciones o logros obtenidos" en las explicaciones de los acuerdos del Consejo de Ministros, y que les avisara además "de las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento". La Junta considera que no es necesario advertir al Ejecutivo de nada.

Ciudadanos no acudirá al Tribunal Supremo, y el PP señala que está "valorando" si va o no a la Justicia. El Gobierno estaba convencido de que tenía razón

Tras los recursos de PP y Ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Miguel Ángel Oliver, envió a la JEC un contundente escrito de alegaciones (13 páginas) en el que pedía el rechazo de las quejas de los partidos de la oposición. El Ejecutivo sostenía que sus decretos no eran un acto de "campaña" electoral, y que no quedaban sujetos al control de la JEC.

Argumentaba la Moncloa que la convocatoria de generales no mermaba las facultades del Gobierno a la hora de aprobar medidas mediante diversos instrumentos jurídicos —uno de ellos, los decretos leyes, pero también los reales decretos o los decretos legislativos—, y la prueba es que han sido utilizados de manera habitual por todos los gabinetes en 40 años de democracia. Además, Oliver apuntaba que las comparecencias de la portavoz, Isabel Celaá, y los ministros, son un "acto de información que no son "equiparables a las campañas institucionales de tipo convencional", que son las que a su juicio se ven afectadas por el artículo 50.2 de la ley. El secretario de Estado indicaba que hasta ahora "nunca" se había puesto en cuestión el carácter "político-informativo" de las comparecencias de los viernes posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros, ni han sido "sospechosas de contaminar el proceso electoral" y, por tanto, "han seguido celebrándose" en todos los periodos electorales de la historia democrática.

Para sostener su argumentación, el Gobierno adjuntaba las referencias de los acuerdos del Ejecutivo adoptados en las semanas previas a las elecciones de 2011, 2015 y 2016, y los vídeos de las ruedas de prensa. Así, pretendía poner como ejemplo el comportamiento de anteriores ejecutivos, de distinto color.

Ahora, la Junta ha dado la razón a Sánchez. Ciudadanos ya ha anunciado que no recurrirá la resolución ante el Supremo, y el PP está "valorando" si acude a la Justicia o no, informa Ángel Collado.