El PP recurre a la Junta Electoral contra el plan de 'viernes sociales' de Sánchez

El Partido Popular ha presentado un primer recurso en la Junta Electoral contra lo que considera uso y abuso de medios públicos por parte de Pedro Sánchez en su particular campaña ante el 28-A y que señala al empleo del Consejo de Ministros en tareas, aduce, de propaganda. El PP pide en concreto que se suspendan durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores a la reuniones oficiales del Gabinete en lo que se refiere a "medidas electoralistas" que se pretenden con la aprobación de los decretos leyes "y cualquier clase de publicidad y divulgación" de los mismos.

En el escrito presentado ante la Junta [aquí en PDF], los populares solicitan que se aperciba al Gobierno socialista sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de inclumplimiento en los términos que fija la Ley Electoral General. En el caso de funcionarios o autoridades, el delito al que hace alusión el principal partido del Congreso la multa puede oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.

El recurso a la Junta en la primera medida que el PP toma para intentar parar lo que entienden la ofensiva legislativa y de imagen de Sánchez desde las instituciones y órganos del Estado (también incluyen la Diputación Permanente del Congreso, RTVE, el CIS y los ministerios) en favor de su campaña.

El PP reclama que se suspendan las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros en lo que se refiere a "medidas electoralistas"

El jefe del Ejecutivo, al tiempo que anunciaba la disolución de las Cortes, ya anunció su plan de "viernes sociales" del Consejo de Ministros con decretos leyes de compromiso de gasto y reformas legales hasta el último día de su mandado y aunque estuvieran las Cámaras disueltas.

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Juanma Romero

Igualdad laboral y vivienda

El Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo con la aprobó un decreto relativo a igualdad laboral (permisos de paternidad con un coste de 1.100 millones al año cuando se implante completamente, en 2021) y oportunidades en el empleo y ocupación, más otro referido el referido a vivienda, que venía a reemplazar el que no fue convalidado en enero.

El PP apela ahora a que la ley electoral prohíbe "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Según explica, esta medida se incardina dentro del "deber de neutralidad electoral" que se exige a los poderes públicos y que constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio.

El Gobierno presentará alegaciones y cree que "ha actuado en todo momento de acuerdo con la ley y está convencido de que así lo determinará la JEC"

Además, los populares recuerdan que la Constitución alude al principio de objetividad en su artículo 103.1 como principio rector referido a cualquier Administración Pública y que comporta la "prohibición de influir en la orientación del voto o de los electores, según ha tenido ya ocasión de señalar el Tribunal Supremo en varias ocasiones". En concreto se trata de "evitar la incidencia de los poderes públicos en las campañas electorales mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras", y "reducir la publicidad y la propaganda electoral durante el periodo electoral". También insisten en que que no se ciñe solo a los 15 días de campaña sino a todo el periodo comprendido desde la convocatoria de elecciones.

El Ejecutivo informó, por su parte, que la Junta Electoral Central ya ha demandado a la Secretaría de Estado de Comunicación que formule las alegaciones que entienda oportunas antes de este jueves, 7 de marzo, a las 13 horas. "El Gobierno considera que ha actuado en todo momento de acuerdo con la ley y está convencido de que así lo determinará la JEC. La Secretaría de Estado de Comunicación, como cualquier otro departamento del Gobierno y de la Administración General del Estado, atenderá los requerimientos de las Juntas Electorales en los plazos establecidos y con los argumentos que reflejen el correcto proceder del Gobierno en el cumplimiento" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Fuentes oficiales del Ejecutivo insistieron en que las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros "son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en períodos preelectorales, las medidas adoptadas por este en el desempeño de su labor constitucional".