La ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas costará 1.100 millones al año

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley de Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral. Se trata de la última gran medida social del Gobierno antes de disolver las Cortes junto con el decreto de vivienda y que llega justo una semana antes del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. "No se puede sacar una agenda política en una Democracia sin tener en cuenta los elementos de igualdad entre hombres y mujeres", ha señalado la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El decreto entrará en vigor el miércoles y posteriormente tendrá que ser convalidado por el Parlamento en la Diputación Permanente.

Entre las medidas aprobadas se ecuentra la ampliación progresiva del permiso de paternidad para igualarlo al de maternidad en 2021. En concreto, el permiso pasará de las cinco semanas actuales a ocho semanas tras la entrada en vigor del RDL. En 2020 se subirá a 12 semanas y, finalmente, en 2021 se alcanzarán las 16 semanas que igualan el permiso de paternidad al de maternidad. "En tres años estaremos alcanzando la media de permisos de paternidad y maternidad que tienen los países de la Unión Europea que ya han hecho su trabajo en materia de corresponsabilidad e igualdad", ha remarcado Calvo.

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Esta subida en los permisos de paternidad tendrá un coste para el Estado de 100 millones al año por cada semana extra. Esto es, como los permisos se incrementarán en 11 semanas, el coste total para las arcas públicas será de unos 1.100 millones de euros anuales a partir de 2021. Para empezar, en 2019 tendrá un impacto de unos 300 millones de euros, tal y como figuraba en el proyecto de presupuestos del Gobierno que tumbó el Congreso.

En tres años estaremos alcanzando la media de permisos de paternidad y maternidad que tienen los países de la Unión Europea

A partir de la entrada en vigor del RDL, las dos primeras semanas de paternidad tras el parto serán obligatorias para el progenitor distinto de la madre biológica, cuestión que ahora no existía. En 2020 se subirá a cuatro semanas y, finalmente, en 2021 serán obligatorias las seis primeras semanas. "La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo profesional de las mujeres", ha remarcado la vicepresidenta, "lo vamos a hacer en tres años para dar tiempo suficiente a las empresas a la irrupción de todas las circunstancias nuevas que supone la irrupción de estas medidas en el mundo del trabajo".

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El decreto de igualdad incluye también la obligación de que las empresas sean transparentes en sus salarios para garantizar que no exista una brecha injustificada. En concreto, las empresas estarán obligadas a publicar sus bandas salariales por categorías profesionales. "Hay mujeres que no saben en qué posición retributiva se encuentran en comparación con el resto de trabajadores y trabajadoras, por eso van a tener que publicarse estas tablas salariales", ha señalado Calvo. Además, el RDL determina que las mujeres no podrán cobrar menos de un 25% del salario medio de su categoría profesional.

Hay mujeres que no saben en qué posición retributiva se encuentran en comparación con el resto de trabajadores y trabajadoras

Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la obligación de establecer planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores. Actualmente están obligadas solo las compañías de más de 250 asalariados y este umbral se reducirá significativamente en los próximos años para que cada vez más empresas tengan un programa para reducir la desigualdad interna. En concreto, el Ejecutivo da un año a las empresas de entre 150 y 250 trabajadores para elaborar y publicar este plan de igualdad, dos años a las compañías de hasta 100 trabajadores y tres años para las empresas de entre 50 y 100 trabajadores.

Por último, el Gobierno también ha aprobado la cotización a los cuidadores de personas dependientes. Esto es, a partir de ahora, el Imserso abonará la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales a la Seguridad Social. De esta forma, el Gobierno amplía la protección al "grupo de madres que abandonan sus trabajos para cuidar de padres o hijos en unas condiciones de dependencia muy altas". Esta medida tendrá un coste ligeramente superior a 300 millones de euros en 2019, que se sumarán a los 300 del incremento de los permisos de paternidad.