Otro agujero para la Seguridad Social: las jubilaciones anticipadas están en máximos

El envejecimiento de la población no solo implica el pago de más pensiones, también obliga a la Seguridad Social a pagar las prestaciones por más tiempo a cada jubilado. Este hecho es una de las principales causas por la cual la nómina de pensiones marca máximos históricos cada mes. Para contrarrestar este efecto, el Pacto de Toledo, la Autoridad Fiscal (AIReF) y el propio Gobierno han reclamado medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación. Sin embargo, lo que está ocurriendo es justo lo contrario.

En la recta final de 2018, se incrementaron significativamente el número de jubilaciones de personas que no habían cumplido los 65 años, lo que supone una de las peores noticias para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En concreto, el número de altas de jubilados se incrementó un 5,6%, según los datos de la Seguridad Social. En total, en 2018 se jubilaron algo más de 141.000 personas que no habían cumplido los 65 años, 7.500 más que en el año anterior y el dato más alto de toda la serie histórica.

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Este aumento en las jubilaciones anticipadas se produjo a pesar de la subida de la edad ordinaria de jubilación y del número de años para el cálculo de la pensión que se está introduciendo paulatinamente desde el año 2009, tras la reforma de pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si se toman medias móviles de 12 meses, que sirven para dar un reflejo más fiel de la evolución del número de jubilaciones, se observa que el de 2018 fue el mayor incremento desde el año 2016 y es uno de los más altos desde la entrada en vigor de la reforma de pensiones. Es importante tener en cuenta que se trata de jubilaciones anticipadas, no de prejubilaciones, ya que su prestación pasa a abonarla la Seguridad Social (se trata de estadísticas para las pensiones contributivas, esto es, excluyen las no contributivas y las clases pasivas).

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El incremento en el número de jubilaciones anticipadas se ha producido en todos los rangos de edad, lo que supone una novedad desde el año 2009, cuando se aprobó la reforma de las pensiones del PSOE que sirvió para elevar la edad de jubilación. En otras palabras, el ‘boom’ de jubilaciones anticipadas sobre la edad ordinaria de retiro ha sido transversal a todos los trabajadores.

Por ejemplo, el número de altas de jubilados que tenían 60 años o menos se incrementó un 2% en 2018 y fue la segunda vez que aumentó desde el estallido de la crisis. Esto demuestra una gran salida de personas hacia la jubilación mucho antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro. Este incremento rompe una tendencia de algo más de un año en que se había reducido la salida tan temprana de personas hacia la jubilación.

En el caso de las altas de jubilación de personas con 62 años, se dispararon nada menos que un 12,2% en 2018 respecto al año anterior; las de personas de 63 años aumentaron un 7%, y las de 64 años, un 7,3%. Tasas de crecimiento muy fuertes que imposibilitan que la edad efectiva de jubilación pueda seguir aumentando.

El incremento en el número de jubilaciones anticipadas se ha producido en todos los rangos de edad, lo que supone una novedad desde 2009

Dos factores influyeron decisivamente en este incremento de las jubilaciones antes de los 65 años. El primero es la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y, en especial, sobre el factor de sostenibilidad, que debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Este factor era un ajuste sobre el cálculo de las nuevas pensiones que las ajustaba a la baja para adaptarlas a la esperanza de vida creciente. Para evitar verse afectados por este factor (aunque finalmente no entró en vigor), muchos trabajadores optaron por adelantar su jubilación y así garantizarse un mejor cálculo de la pensión.

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Además, la mejora del mercado laboral permite a los trabajadores jubilarse con pensiones más altas, por lo que aceptan sufrir una penalización por la salida anticipada a cambio de poder dejar el empleo. Esto indica que, a medida que la situación en el mercado laboral siga mejorando, las jubilaciones anticipadas podrían seguir incrementándose.

La reforma de 2009 se agota

Según los datos de la Seguridad Social, en 2018 el 43% de las personas que se jubilaron tenía menos de 65 años, esto es, casi una de cada dos. Si, además, se tiene en cuenta que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y seis meses, se demuestra que, efectivamente, España tiene un grave problema con las jubilaciones anticipadas.

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La edad media de jubilación en 2018 volvió a ser 64,2 años, igual que en 2017. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el repunte en los retiros anticipados se produjo en los últimos meses del año, se puede prever que la edad media de jubilación podría reducirse en 2019.

También es importante señalar que en 2018 siguieron aumentando el número de jubilaciones de personas de 65 años o más, aunque en este caso la Seguridad Social no ofrece cifras desagregadas. En total, el número de altas en este tramo de edad se incrementó un 6,2%, aunque en este caso el ritmo es similar al de un año atrás.

La preocupación de la Comisión

El incremento de las jubilaciones anticipadas supone un problema más para la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, ya que la Seguridad Social tendrá que pagar más prestaciones durante más tiempo. Estos datos coinciden con la nueva advertencia de la Comisión Europea a España en que muestra su preocupación por el futuro del sistema.

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Desde el año 2013, Bruselas no había vuelto a advertir a España sobre el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. El cambio en sus comunicados se produjo tras la la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que garantizaba la solvencia del sistema a cambio de recortar las prestaciones. En ese paquete de medidas se introdujeron el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, y también se endurecieron las condiciones de acceso a la jubilación.

Esta reforma quedó en suspenso tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Tanto, que las pensiones han vuelto a revalorizarse con el IPC. La Comisión ha mostrado su preocupación por este retorno a la indexación: “Los planes para establecer un vínculo entre las pensiones y el índice de precios al consumo aumentarán significativamente el gasto en el medio y largo plazo”, señaló el miércoles.

Los planes para establecer un vínculo entre las pensiones y el IPC aumentarán significativamente el gasto en el medio y largo plazo

Este cambio de opinión de la Comisión se ve agravado por el estancamiento de la edad efectiva de jubilación. Es cierto que tras la aprobación de la reforma de 2009, que aumentaba la edad legal de jubilación, y la de 2013, que endurecía las condiciones de acceso a la jubilación, se consiguió un importante avance en este campo, pero en los últimos meses se ha estancado. Este cambio de tendencia muestra que las reformas de 2009 y 2013 están agotadas y si el Gobierno pretende seguir aumentando la edad efectiva de jubilación, necesita nuevas medidas para lograrlo.