El déficit de la Seguridad Social alcanza los 15.000 millones y se triplicará sin reformas

El déficit estructural de la Seguridad Social alcanza ya el 1,5% del PIB según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esto es, en el entorno de 15.000 millones de euros. Una cuantía que supone un grave riesgo para la sostenibilidad futura del sistema una vez que han quedado derogado 'de facto' el índice de revalorización de las pensiones. La Autoridad Fiscal advierte que, además, el gasto estructural se incrementará entre 2 y 4 puntos del PIB en las próximas tres décadas como consecuencia del envejecimiento, lo que significaría que el déficit se triplicaría en ausencia de medidas para elevar los ingresos o reducir el gasto.

Estos datos ponen de manifiesto que el futuro financiero del sistema está en entredicho si no se adoptan reformas. Y eso que el escenario que elabora la Autoridad Fiscal para realizar sus cálculos incluye un importante aumento del flujo de inmigración (270.000 llegadas netas al año) y de las ratios de natalidad para las próximas décadas que se puede ver en este artículo. A pesar de todo, en el escenario central, el déficit de la Seguridad Social acarrearía un incremento de la deuda del sistema equivalente al 48,7% del PIB en 2048. Esto es, sería necesario destinar la mitad de lo que produzca el país en un año para pagar toda la deuda acumulada en estas tres décadas.

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Con estas cifras sobre la mesa, la AIReF alerta al Gobierno de la necesidad de adoptar reformas estructurales con urgencia para garantizar la sostenibilidad del sistema. El incremento de los precios y los salarios apenas puede generar 0,2 puntos extra de ingresos sin medidas, por lo que no se puede confiar en el crecimiento cíclico para esperar un ajuste estructural del déficit.

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Esto significa que la Seguridad Social tiene dos problemas, uno a corto plazo con su déficit estructural actual y otro de largo plazo derivado del envejecimiento. La AIReF propone dos medidas complementarias para solucionar estos problemas. El primero, para abordar el déficit estructural actual, supondría pasar a la Administración Central la mayor parte del desfase actual. Esto se haría con dos medidas: el traspaso de los gastos no contributivos (funcionamiento, reducciones de cotización y subvenciones de regímenes especiales) que actualmente se pagan con cotizaciones y que pasarían a financiarse con los presupuestos generales del estado. Esta medida descargaría al sistema de 7.000 millones de euros.

La Seguridad Social tiene dos problemas, uno a corto plazo con su déficit estructural actual y otro de largo plazo derivado del envejecimiento

La segunda es ampliar el tramo de cotizaciones sociales destinado al pago de pensiones: actualmente se destinan 7,1 puntos a financiar el desempleo (casi el doble que la media europea) y 28,3 puntos a contingencias comunes. Si se transfiere una parte de los fondos del Servicio Público de Empleo (SEPE) y este déficit lo asume la Administración Central, la Seguridad Social tendría un importante incremento de sus ingresos. La AIReF aconseja pasar en torno a 3-4 puntos a contingencias comunes, de modo que permitiría traspasar 10.400 millones del SEPE a la Seguridad Social.

A largo plazo, la AIReF aconseja profundizar en la reforma de 2011 elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que tuvo el consenso de los agentes sociales. Esta reforma tendría dos partes: el aumento de la edad efectiva de jubilación, que se podría conseguir elevando la edad ordinaria de jubilación y dificultando la salida temprana de trabajadores con jubilaciones anticipadas. En segundo lugar, solicita elevar el cómputo de la carrera de cotización a toda la vida laboral. Actualmente el periodo de cálculo que se emplea está aumentando y llegará a 25 años en 2022, la AIReF considera que hay que ampliar este periodo a 35 años, que sería prácticamente toda la vida laboral de los trabajadores. Esto permitiría reducir el cálculo inicial de la pensión.

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Estas dos medidas de forma conjunta podrían reducir el gasto en 2 puntos del PIB para las próximas tres décadas. Esto es, un ahorro similar al que se habría conseguido con el índice de revalorización pero con medidas con un coste político menor para el gobierno de turno. Con esta reforma de corto y largo plazo sería posible acabar con el grueso del déficit de largo plazo del sistema y volvería a dar certidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas. Eso sí, una buena parte del déficit pasaría a la Administración Central y tendría que asumirse con mayores impuestos o menores gastos. Con esta solución, la deuda acumulada del sistema en estos años de jubilación de las cohortes del 'baby boom' se incrementaría entre 17 y 26 puntos del PIB.

Esta combinación de incremento de los ingresos y de la edad de jubilación permitiría minimizar el impacto sobre la suficiencia de las pensiones, de forma que se solucionaría una parte del problema de ajuste que se introdujo con el índice de revalorización de las pensiones. La tasa de cobertura, medida como el porcentaje de la pensión media sobre el salario medio, sería del 53-55% frente al 57% actual y muy por encima del 45% al que habría caído con el mantenimiento del índice de revalorización. Esto es, un ajuste limitado que políticamente sería asumible.