¿Prohibir el aborto soluciona las pensiones? El empleo aumentaría menos de un 1,4%

"Si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar". Esta frase del presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en Efe ha devuelto a la actualidad la cuestión del aborto. El líder de los 'populares' ha recibido una infinidad de críticas por su opinión contraria al aborto. Al margen de las opiniones sobre su propuesta, también es importante destacar que los datos desmienten la hipótesis de Casado. Prohibir el aborto apenas tendría ningún impacto a la hora de recuperar el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Es lo que dicen los datos, que para los asuntos económicos son fríos, pero irrefutables. La Ley del Aborto se aprobó en España en 1985, pero los datos sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) solo están disponibles desde 1987 (dos años después). Si no hubiese habido ningún aborto desde esa fecha, España tendría hoy únicamente un 1,4% más de cotizantes a la Seguridad Social. Esto es, una cuantía ínfima en comparación con el desequilibrio del sistema de pensiones, cuyo déficit estructural supera los 17.000 millones de euros. Solo en una mitad de 2018 España consiguió más empleados de los que hubiese logrado con la prohibición total del aborto.

Es importante tener en cuenta que los cálculos están realizados 'ceteris paribus', esto es, teniendo en cuenta que el incremento de la población no varía las tasas de actividad, empleo y paro existentes en la actualidad para las franjas de edad correspondientes. Para realizar los cálculos, hemos empleado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Solo un ejemplo de los cálculos: para los abortos de 1987 y 1988 han pasado 31 y 30 años respectivamente, y esta cohorte tiene una tasa de actividad del 89% y una tasa de paro del 13%. Para el resto de generaciones se ha realizado el mismo cálculo. Esta es la única vía para realizar una estimación realista del impacto de la mayor natalidad sobre el mercado laboral.

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A partir de esos cálculos se obtiene que España podría tener 283.500 ocupados más de los que hay actualmente. Esa cuantía, sobre un total de 19,6 millones de trabajadores que hay en el país, supone una cifra muy baja. El número de cotizantes apenas se incrementaría en un 1,4%. Una ganancia de empleo muy baja si se tiene en cuenta que para lograrla habría sido necesario prohibir totalmente el aborto durante más de 30 años. En un solo semestre, España recibe más inmigrantes que todo este aumento de ocupados gracias a la prohibición de la natalidad, lo que muestra el potencial de una y otra medida para solucionar el problema.

Este cálculo está inflado por dos vías, por lo que es importante tener en cuenta que el dato real de incremento en el número de personas sería inferior, pero es imposible saber en cuánto. La primera vía es que la ley de 1985, a la que quiere volver Casado, no prohibía totalmente el aborto, por lo que se hubiesen producido interrupciones del embarazo en cualquier caso.

La segunda es que muchas mujeres que abortan lo hacen porque sienten que no es el momento para tener hijos y simplemente quieren retrasar la maternidad. Esto hace que el saldo neto de niños con el aborto prohibido no hubiese sido tan alto como lo es la suma del número de hijos más el número de abortos.

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El resultado es que ese 1,4% de incremento del número de cotizantes es un dato que es superior al que realmente habría ocurrido. Sin embargo, es imposible estimar el escenario contrafactual, de modo que hay que recurrir a los datos que sí se pueden calcular. En cualquier caso, lo que revelan estas cifras es que es descabellado pensar que la prohibición del aborto podría ser una solución al problema de las pensiones que vive España.

Sus aportaciones generarían menos de 850 millones de euros al año, esto es, no llegaría al 0,7% de todos los ingresos de la Seguridad Social

A esto habría que añadir que las personas nacidas desde 1987 son hoy jóvenes y su cotización a la Seguridad Social es muy baja por causa de la precarización del empleo en esta franja de edad. Esto significa que su aportación a las cuentas de la Seguridad Social sería muy baja. Por ejemplo, el salario medio para la franja de edad de 16 a 31 años se sitúa en el entorno de los 15.000 euros al año. Si se tiene en cuenta una contribución a la Seguridad Social para pagar las pensiones del entorno del 20% (hay que incluir autónomos, cuya aportación es mucho más baja), el resultado es que sus aportaciones generarían menos de 850 millones de euros al año, esto es, no llegaría al 0,7% de todos los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales.

Crece más el paro

En cualquier caso, es evidente que la prohibición total del aborto aumentaría la natalidad. Sin embargo, no se puede esperar que todos esos casos hubiesen engrosado el número de cotizantes a la Seguridad Social. De hecho, la mayor parte de ellos estarían hoy en la inactividad o en el desempleo, igual que ocurre con las generaciones de los nacidos entre 1987 y 2002 (todos los que han nacido posteriormente todavía no tienen edad para trabajar).

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Esa cohorte comprende jóvenes de entre 16 y 31 años de edad, justo los tramos más afectados por el desempleo y la inactividad. Esto significa que la ganancia de población apenas tendría impacto en términos de ocupación y, por tanto, sería una solución para el déficit de la Seguridad Social muy ineficaz. Si se tienen en cuenta las tasas de inactividad y de desempleo actuales para estas edades se obtiene que el 63% no están ocupados, esto es, apenas un tercio estaría cotizando.

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La mayor parte estaría estudiando, lo que explica las altas tasas de inactividad en este segmento. También estarían consumiendo recursos públicos, la mayor parte en forma de inversión en educación. En total, habría 383.000 personas que no estarían buscando un empleo. Algunos incluso serían 'ninis'. Además, habría 98.000 jóvenes en el desempleo, lo que restaría recursos públicos en forma de prestaciones para los parados. De hecho, si la ocupación creciese un 1,4%, el paro se incrementaría un 3%, más del doble.

En definitiva, estos datos vienen a mostrar que prohibir el aborto tendría un impacto insignificante sobre las cuentas públicas. Es cierto que cualquier fomento de la natalidad es positivo para el sistema público de pensiones, pero una medida tan dura como prohibir el aborto no se puede justificar, de ninguna manera, con el argumento económico. Y no solo porque las cuestiones relacionadas con la libertad no entiendan de argumentos económicos, sino también porque el resultado económico que se conseguiría sería muy pobre.

Nota metodológica

Para calcular la incidencia de una hipotética prohibición total del aborto en España sobre el mercado laboral nacional, nos hemos basado en la estadística de interrupciones voluntarias de embarazo que el Ministerio de Sanidad publica anualmente desde 1987. En total en los últimos 30 años se han producido casi 2,29 millones de abortos, con una media de 74.000 cada año.

Tras recopilar esta información de cada anuario, hemos seleccionado los datos del período 1987-2002 al corresponder con aquellas hipotéticas personas que, de no haber habido una interrupción del embarazo, actualmente tendrían 16 o más años y, por tanto, entrarían dentro del muestreo de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Estamos hablando de 763.756 abortos.

Seguidamente, distribuimos esta cifra de acuerdo a los grupos de edad de la EPA:

• 16-19 años (abortos 1999-2002): 269.137.
• 20-24 años (1994-1998): 251.626.
• 25-29 años (1989-1993): 200.158.
• 30-31 años (1987-1988): 42.832.

A continuación, relacionamos estas cifras de los abortos y la distribución de la población activa e inactiva por grupos de edad a partir de los últimos datos de la EPA, relativos al cuarto trimestre de 2018, de la siguiente manera:

• 16-19 años: 14% activos (7% ocupados y 7% parados) y 86% inactivos.
• 20-24 años: 55% activos (38% ocupados y 17% parados) y 45% inactivos.
• 25-29 años: 84% activos (68% ocupados y 16% parados) y 16% inactivos.
• 30-34 años: 89% activos (76% ocupados y 13% parados) y 11% inactivos.

El resultado final de ‘incorporar’ al mercado laboral español a los casi 764.000 abortos producidos entre 1987 y 2002 sería el siguiente:

• 16-19 años: 37.448 activos (19.893 ocupados y 17.555 parados) y 231.689 inactivos.
• 20-24 años: 138.035 activos (95.542 ocupados y 42.493 parados) y 113.580 inactivos.
• 25-29 años: 167.495 activos (135.552 ocupados y 31.943 parados) y 32.663 inactivos.
• 30-31 años: 38.155 activos (32.470 ocupados y 5.601 parados) y 4.762 inactivos.