El Gobierno ofrece permisos de paternidad iguales e intransferibles de 16 semanas

Tras mucho darle vueltas, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a ir ampliando progresivamente, de aquí a 2021, los permisos de paternidad hasta 16 semanas, iguales que los que ahora tienen las madres. Serían, además, permisos intransferibles y retribuidos, derecho de cada uno de los progenitores.

La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ultima la negociación con los grupos antes de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes uno de los reales decretos leyes más simbólicos de este corto mandato socialista: el de igualdad laboral. Icónico, porque el texto verá la luz en la última reunión del Gabinete antes de la disolución de las Cortes Generales —que llegará el próximo martes— y porque nace justo antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo, que la izquierda espera que sirva como una palanca de movilización de cara a las elecciones del 28 de abril y una réplica a 'la foto de Colón' con las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) juntas.

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El borrador del real decreto ley, que fue remitido a los grupos, de 28 páginas y al que tuvo acceso El Confidencial, equipara la duración de los permisos por nacimiento de ambos progenitores, una igualación que "responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social", como se razona en la exposición de motivos. Fuentes próximas a Calvo indicaban a este periódico que el Ejecutivo aún estaba ultimando la redacción definitiva y comprobando la disponibilidad de recursos, ya que una medida de este calado supone un importante impacto presupuestario. Aún deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.

El texto señala que el nacimiento de un hijo —que comprende el parto y el cuidado del menor de 12 meses— suspenderá el contrato de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al alumbramiento. Esto es lo que ocurre actualmente.

Pero el nacimiento también "suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado" del niño. El texto señala que el permiso de paternidad de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor, una vez transcurridas las primeras seis semanas siguientes al parto, "podrá distribuirse a voluntad" de ambos, "de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses". Dicho de otra forma: una vez pasadas las primeras seis semanas, los padres pueden repartirse las diez que les quedan a cada uno a lo largo del primer año de vida del bebé. Madre y padre podrán turnarse en el cuidado del hijo. El permiso, obviamente, siempre es retribuido.

Los permisos de cada uno de los padres, una vez transcurridas las primeras seis semanas siguientes al parto, "podrán distribuirse a voluntad" de ambos

El borrador consagra la intransferibilidad de los permisos, una demanda histórica de las plataformas que han defendido durante años la equiparación de padres y madres y una exigencia de Unidos Podemos, socio clave para el PSOE. "Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor. Cuando ambos progenitores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, su duración se extenderá en una semana más para cada uno". También se señala que el permiso, una vez que pasen las primeras seis semanas después del parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial, previo acuerdo de la empresa y el empleado.

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Los casos de adopción

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, "la suspensión tendrá una duración de 16 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor". De nuevo, seis semanas se deberán disfrutar a jornada completa y de manera obligatoria e ininterrumpida tras la resolución judicial por la que se da vía libre a la adopción o bien la decisión administrativa de guarda con fines de adopción.

En 2020 se aumentará el permiso de paternidad hasta 12 semanas y, finalmente, en 2021 se igualará al permiso de maternidad con 16 semanas

La implementación de los permisos de paternidad iguales e intransferibles se realizará de forma escalonada, para evitar un gran impacto sobre las cuentas públicas. De hecho, esta era una de las razones que llevaban a Vicepresidencia a negar en los últimos días que esta medida estrella fuera a tener viabilidad, ya que no hay Presupuestos de 2019: están prorrogados los de Mariano Rajoy de 2018. De hecho, el viernes pasado, cuando la Agencia EFE adelantó la iniciativa, el Gobierno ponía todo tipo de cautelas y advertía de que no era fácil implementarla sin unas nuevas cuentas públicas.

La solución, que ya se manejaba, ha sido una entrada en vigor gradual. En concreto, el permiso de paternidad (o del progenitor distinto a la madre biológica) aumentará hasta ocho semanas, desde las cinco actuales, de forma inmediata tras la entrada en vigor del real decreto ley. De estas, tendrá que disfrutar las seis primeras de forma ininterrumpida tras el nacimiento del bebé.

En 2020 se aumentará el permiso de paternidad hasta 12 semanas (las seis primeras ininterrumpidas) y, finalmente, en 2021 se igualará definitivamente al permiso de maternidad con 16 semanas de suspensión del contrato. El real decreto ley también recoge los cambios necesarios para que los permisos de paternidad cumplan los mismos plazos en los trabajadores públicos, para lo que es necesario modificar el Estatuto Básico del Empleado Público.

El texto remarca que los poderes públicos no pueden desoír esta demanda de equiparación que, por otra parte, emana de la Constitución y de la legislación de la Unión Europea. "De esta forma, se da un paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar y del principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos".

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Auditorías de igualdad

El Gobierno también obligará a todas las empresas de más de 50 trabajadores a elaborar y hacer público un plan de igualdad para eliminar la discriminación en su organización, una medida que actualmente solo se aplica a las empresas de más de 250 trabajadores. Las presiones de la CEOE han logrado que su aprobación sea escalonada, pero todas las compañías de más de 50 asalariados tendrán que hacerlo en algún momento. En concreto, las empresas de entre 151 y 250 trabajadores tendrán que aprobar su plan de igualdad en un periodo de un año, las empresas de 100 a 150 trabajadores tendrán dos años y las que tienen entre 50 y 100 trabajadores dispondrán de tres años para hacerlo.

Las empresas de entre 151 y 250 trabajadores tendrán que aprobar su plan de igualdad en un año; las más pequeñas dispondrán de tres

El plan de igualdad deberá contener “un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de hombres y mujeres”. Entre las medidas que tienen que incluirse están los procesos de selección y contratación, la clasificación profesional de los asalariados, los planes de formación y promoción y las condiciones de trabajo.

Además, las empresas estarán obligadas a realizar una auditoría de igualdad con la que se publicarán las bandas salariales de las diferentes categorías profesionales de la empresa, la “infrarrepresentación femenina” (si existiese) así como las políticas para la conciliación laboral.

La empresa elaborará su plan de igualdad en contacto con la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, que tendrá derecho a acceder a todos los registros salariales y laborales que sean necesarios para elaborar dicho plan.

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Registro salarial por categoría y sexo

El Gobierno pretende crear un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas en el que estarán recogidos todos los planes de las compañías con más de 50 trabajadores. De esta forma, el Ejecutivo quiere asegurar que exista la transparencia interna necesaria para avanzar hacia la igualdad efectiva en las empresas.

El decreto obliga al empresario a pagar lo mismo a hombres y mujeres si realizan la misma labor o si las exigencias de contrato y tareas son similares

En lo referente al combate contra la brecha de género, el decreto incluye la obligación del empresario de pagar lo mismo a hombres y mujeres si realizan la misma labor o si las exigencias de contratación y tareas encomendadas son equivalentes. Para asegurar su aplicación, la empresa deberá tener un registro salarial por categoría profesional y disgregado por sexos. Los representantes sindicales podrán acceder a dicho registro.

En las grandes empresas, además, se realizará un control más estricto para evitar que la brecha salarial supere el 25%. En concreto, la empresa deberá asegurar que las mujeres no cobran menos del 25% de la masa salarial total. Tampoco podrán tener un salario que sea más de un 25% inferior a la media salarial de la empresa. En el caso de que se produzca esta discriminación, la empresa tendrá que justificar que se debe a las distintas categorías profesionales dentro de la empresa y no a una discriminación contra las mujeres. Si no lo puede justificar, deberá elevar el salario de las mujeres afectadas para que se cierre la brecha injustificada.

El decreto ley, con su redacción definitiva —en Vicepresidencia, recalcaban a este diario que se estaban rematando flecos este jueves—, deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, ya que las Cámaras quedarán disueltas con la convocatoria de elecciones generales el próximo martes. El PSOE necesita 33 votos en caso de que PP, Cs y UPN (que suman 32) se opusieran. Pero 'a priori' el texto podría salir adelante sin demasiadas complicaciones, dado el acuerdo de partida entre los grupos. La proposición de ley socialista que caminaba en el mismo sentido —y que sin embargo no logró ser tramitada— fue tomada en consideración por el pleno sin votos en contra y con una sola abstención, y por error.