'Viernes sociales' de Sánchez: sin precedentes en el Congreso... salvo inundaciones

Los 'viernes sociales' de Pedro Sánchez, sus decretos para reformar leyes y comprometer gastos multimillonarios aunque estén las Cortes cerradas, abren una etapa desconocida en la historia de la democracia española desde la Transición y los primeros gabinetes de Adolfo Suárez. Los gobiernos posteriores, o no aprobaron ninguno o si lo hicieron fue para hacer frente a alguna catástrofe natural o para tomar medidas urgentes de tramitación de ayudas, actualización de índices de pensiones o para tapar agujeros en Trabajo o la Seguridad Social.

El Congreso solo registra en las últimas siete legislaturas un total de 11 decretos leyes convalidados en la Diputación Permanente, su órgano 'de guardia'. Todos eran de urgencia extraordinaria, como indica la Constitución, la mayoría de entidad presupuestaria menor y ninguno para cambiar leyes o disparar el déficit estructural del Estado, como pretende ahora Sánchez.

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El último decreto ley convalidado por la Diputación Permanente data de diciembre de 2015, corresponde al Ejecutivo de Mariano Rajoy y sirvió para financiar las medidas urgentes tomadas ese otoño para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en Canarias y el sur y el este peninsular.

El último Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero dictó un total de cinco decretos en las últimas semanas de mandato que necesitaron el visto bueno correspondiente: uno por el terremoto de Lorca y otros cuatro relacionados con medidas económicas en plena crisis para la creación del fondo de garantía de depósitos y un crédito extraordinario para el Ministerio de Trabajo.

En la legislatura anterior, en 2008, el Ejecutivo socialista se limitó a enviar a la Diputación Permanente la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

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En 2004 y 2000, el Gobierno de José María Aznar no dictó decreto ley alguno que tuvieran que convalidar en el Congreso. Y en 1996, el último Gabinete de Felipe González actualizó retribuciones y obligaciones de "personal activo" y aprobó créditos extraordinarios para financiar el sistema sanitario. Era el mes de enero y no había Presupuestos aprobados. También modificó el régimen fiscal de Canarias e hizo frente a gastos por inundaciones y por la rotura de la presa de Tous.

En las tres legislaturas anteriores, se mantuvo la misma línea de actuación. El Gobierno solo aprobaba decretos leyes sobre asuntos urgentes para paliar catástrofes o tomar medidas de trámite económico o presupuestario, pero sin caer en la pretensión de reformar o derogar leyes con el fin de preparar una campaña electoral.

Opinión

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De las medidas aprobadas o anunciadas por Sánchez en sus 'viernes sociales', solo las dirigidas a prevenir las consecuencias del Brexit pueden encajar en el supuesto de cuestiones urgentes y no son cuestionadas por el principal grupo del Congreso. Pero, según el PP, los demás pasos que ha dado el Ejecutivo para cambiar el mercado del alquiler, las bajas por paternidad ampliadas (1.100 millones de euros de coste) o los cambios en la legislación laboral para fomentar "la igualdad" obedecen a las urgencias electorales de Sánchez y no se pueden acometer sin que se constituyan las nuevas Cortes.

El presidente del Gobierno se ha dejado para siguientes consejos de ministros sus promesas de contrarreforma en la legislación laboral, como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa o la llamada 'ultraactividad' de los mismos, por si puede reunirlas en nuevos decretos en caso de lograr los apoyos necesarios entre sus aliados de Podemos y los grupos independentistas.