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El Gobierno niega electoralismo y defiende aprobar sus decretos sociales antes del 28-A
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COMPARECENCIA POSTERIOR AL CONSEJO

El Gobierno niega electoralismo y defiende aprobar sus decretos sociales antes del 28-A

Calvo subraya que el Ejecutivo actúa de forma "prudente" y "realista". Mantendrá su plan pese a los reproches de la oposición. Al final, avisa, los partidos "serán juzgados" en las urnas

Foto: La vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, este 1 de marzo en la Moncloa. (EFE)
La vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, este 1 de marzo en la Moncloa. (EFE)

El Gobierno no va a renunciar a una potente arma de la que legalmente sigue disponiendo hasta la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. El BOE. El presidente, Pedro Sánchez, ya advirtió cuando anunció el anticipo de los comicios, que su Ejecutivo seguiría trabajando "hasta el último minuto" de la legislatura. Y quiere cumplir su promesa, pese a las críticas que le llueven de la oposición, que le reprochan que use el altavoz de la Moncloa para hacer campaña. El Gobierno prosigue con su plan y niega las acusaciones: actúa de forma "prudente", "valiente" y "realista" y vela por las emergencias sociales.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes tres nuevos reales decretos leyes. Uno, sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, a diferencia del que fue tumbado por el pleno del Congreso, sí cuenta con el respaldo de Unidos Podemos. Dos, sobre igualdad en el empleo, que integra la iniciativa estrella de ampliación progresiva del permiso de paternidad, que será de 16 semanas en 2021(algo especialmente potente a una semana del Día de la Mujer, el 8-M). Y tres, los planes de contingencia que España adoptará en caso de un Brexit duro (sin acuerdo).

[Consulte aquí en PDF el resumen de medidas sobre igualdad laboral, vivienda y Brexit]

Pero este no era un Consejo de Ministros más. Era la última reunión del Gabinete socialista antes de la disolución de las Cortes Generales: Sánchez firmará el decreto de convocatoria el lunes y se publicará el martes 5, momento en que entrará en vigor y comenzará el periodo de 54 días hasta las urnas. El Ejecutivo no entrará la semana que viene en funciones. La Ley de Gobierno de 1997, que se aprobó con José María Aznar en la Moncloa, señala que el Gabinete "cesa tras la celebración de elecciones generales" (también en los casos de pérdida de confianza parlamentaria o si el presidente dimite o fallece) y continúa en funciones —con poderes muy recortados— hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Calvo recuerda que el Ejecutivo solo entrará en funciones, y por tanto tendrá poderes mermados, a partir de la celebración de los comicios del 28-A


Ahí está la justificación en la que se apoya el Gabinete socialista. Que no es un Gobierno en funciones aún. Lo será a partir del 28 de abril. No antes. Hasta entonces seguirá trabajando "con normalidad absoluta", según resaltó este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una comparecencia que compartió con el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Foto: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (Efe)

Qué dice la ley

"Cualquiera que esté al tanto del trabajo de este Gobierno desde el día uno se habrá dado cuenta de que seguimos al mismo ritmo, con los mismos objetivos, haciendo que la política sirva para resolver los problemas" de los ciudadanos. De forma que está "cumpliendo" las normas escrupulosamente. Dicho de otra manera, que es lícito y legal que vaya sacando más decretos leyes del horno del palacio de la Moncloa, con las únicas "limitaciones" que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta, en su artículo 50, señala que desde la convocatoria de los comicios (en este caso, desde el próximo martes, 5 de marzo) hasta su celebración están prohibidos todos los actos organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos y que contengan "alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos", como también quedan vetadas inauguraciones de obras o servicios públicos, aunque estos puedan entrar en funcionamiento en ese periodo.

El Gobierno subraya que trabaja "al mismo ritmo" desde el día 1, y ahora lo hará con las limitaciones de la LOREG y de la composición de la Diputación

La segunda limitación para el Ejecutivo, reconoció Calvo, es la "composición de la Diputación Permanente", el órgano que sustituye al pleno del Congreso en los momentos de disolución de las Cámaras. En él PP, Ciudadanos y UPN suman 32 representantes, por los 33 de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu. Si los socialistas no logran amarrar bien sus apoyos, puede que sus decretos leyes no salgan adelante, con lo que se llevaría un varapalo poco conveniente antes de unas generales. Hasta ahora, el Gobierno socialista ha logrado la convalidación de 28 de los 29 decretos que han llegado al Congreso. El único que cayó fue el de vivienda, al que reemplaza el texto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. A esa cuenta hay que sumar, por lo pronto, las tres iniciativas de hoy.

El Gobierno amplía el permiso a los padres para favorecer la corresponsabilidad

"Hemos estado desde el día uno demostrando que había que sacar al país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba, atravesando una crisis y en la que la política apenas servía para resolver sus problemas. Normalidad absoluta, que es el cumplimiento de nuestras propias normas", incidió. "Luego estaremos en funciones, hasta el 28 de abril no. Nosotros somos un Gobierno valiente, realista, prudente, razonable con muchas cosas, con las que sabemos que podemos hacer, y lo hemos demostrado: salvo un real decreto [el de vivienda], todo ha sido objeto de debate y de respuesta de la Cámara. No hay ninguna situación distinta de esta, que ha podido ser observada para bien de la política española, para que la gente piense que la política y las instituciones sirven para eso, para resolver sus problemas".

Foto: Foto: Reuters
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Apoyo de los grupos

La número dos sostuvo que el Gobierno se ha guiado siempre por el "interés general" para "mejorar la vida" de los ciudadanos. Pero con los Presupuestos que tumbó el Congreso a mediados de febrero, se queda en la cuneta "una parte muy importante" de la agenda socialista y de su horizonte de trabajo. Calvo agradeció el apoyo de los grupos parlamentarios que, en estos nueve meses, han sostenido al Ejecutivo. Pero la Cámara vetó la tramitación de los PGE, recordó. "Por ese motivo el 28 de abril todos seremos juzgados en las urnas", avisó.

La vicepresidenta alega que la maternidad no puede ser un "arma" contra las mujeres y por eso se debe fomentar la "corresponsabilidad" de ellos y ellas

Ahora, el Ejecutivo confía en que sus tres decretos de este viernes cuenten con el respaldo de la Diputación Permanente, especialmente los dos en los que podrían surgir más complicaciones, el de vivienda y el de igualdad laboral. "Esperamos acuerdo total porque se trata de proteger nuestros intereses", justificó. La vicepresidenta incidió en que ambos textos se han ido hablando con los grupos. El PNV ha mantenido una posición más ambigua. Calvo recordó, en ese sentido, que los nacionalistas vascos han ido apoyando buena parte de los decretos aprobados por el Gobierno, incluido el de vivienda que no salió adelante por el rechazo de Unidos Podemos. La número dos deseó un consenso "amplio" porque el problema del alquiler en España es "grave".

De los tres decretos aprobados este viernes, el más vistoso es quizá el de igualdad laboral. Así, se amplía a 16 semanas el permiso de paternidad, para equiparar progresivamente a ambos progenitores. En 2019 —el texto se publica el martes, y el miércoles entra en vigor—, pasa de cinco a ocho semanas; en 2020, hasta las 12 semanas y en 2021, hasta las 16. Este año, dos de esas ocho semanas serán de disfrute obligatorio inmediatamente posteriores al parto; el próximo, las cuatro primeras, y en 2021, las seis primeras. Calvo sostuvo que la maternidad no puede ser "un arma en contra del desarrollo laboral" de las mujeres, sino que ha de ser una "opción libre" de la que todos, ellos y ellas, han de ser "corresponsables". La ampliación de las cinco a las 16 semanas supondrá un coste anual de 1.100 millones de euros.

El decreto ley contiene otros tres pilares básicos. Uno primero busca combatir la brecha salarial, para lo cual introduce en el ordenamiento el concepto de "igual trabajo, igual valor". También establece que la empresa llevará un registro de tablas salariales, al que podrán acceder los trabajadores a través de su representación sindical o del delgado de personal.

Un segundo punto estipula un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de de igualdad. Ese plazo será de dos años para las de 100 a 150 empleados y de un año para las de 151 a 250. Hasta ahora solo era obligatorio para las compañías con más de 250 trabajadores. Las empresas estarán obligadas a inscribir esos planes de igualdad en el registro.

610 millones de euros en 2019

El último punto es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, a cargo de la Administración General del Estado. La mayor parte de estos cuidadores son mujeres, de ahí que se incluya en este real decreto ley. El coste de esta última medida y de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas en este año será de 610 millones de euros.

La única actividad institucional del Gobierno el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, será la reunión del Consejo de Ministros, según anuncia Sánchez

Lo que no está incluido en este decreto son dos aspectos que sí contenía la proposición de ley socialista registrada hace un año y que no fue tramitada por la oposición en la Mesa de PP y Cs: las multas a las empresas no cumplidoras y la obligación de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las compañías. Calvo alegó que no era "razonable" traspasar todo el contenido de ese texto del PSOE a un real decreto ley que, por su naturaleza constitucional, solo puede aprobar medidas que un Gobirno considere "política y socialmente urgentes". De ahí que el texto salido este viernes del Consejo contenga lo "estrictamente" necesario.

El decreto llega además a una semana de las movilizaciones por el 8 de marzo. Un gesto simbólico que el Gobierno se quiere apuntar y que le puede servir de palanca para la movilización de la izquierda de cara al 28-A. Este viernes el PSOE dio a conocer la carta que Sánchez ha mandado a la militancia de su partido en la que ya anticipa que la única actividad institucional del Gobierno para el 8-M será la reunión del Consejo de Ministros. No obstante, miembros del Ejecutivo, empezando por Calvo, sí participarán en las manifestaciones convocadas, en su caso como dirigente del PSOE, según señaló ella misma. El Gobierno, con la presencia de varios ministros, acompañará a "una sociedad que parece que se va a movilizar ampliamente".

Calvo: el Gobierno acompañará el 8-M a una sociedad que se movilizará masivamente

El Consejo también aprobó una declaración institucional en la que expresa su compromiso con la promoción de políticas públicas para hacer frente a la violencia de género, para impulsar la conciliación laboral y familiar y para fomentar la mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos y en los órganos de toma de decisiones. "Tiempo de mujeres", reza el eslogan elegido por el Gobierno, en consonancia con lo indicado por la ONU y la Agenda 2030.

El Gobierno reprocha la "obstaculización" de la familia Franco a la democracia

Calvo condena la "obstaculización constante" de la familia Franco contra una decisión democrática

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes volvió a aflorar la exhumación de Francisco Franco, cada vez sumida en un laberinto mayor. La vicepresidenta y responsable última del expediente, Carmen Calvo, reprochó a la familia del dictador la "obstaculización constante" que pone a la aplicación del decreto ley para desenterrar los restos. Obstáculo que pone "a la democracia española". 

La número dos del Gobierno no se comprometió con fechas, ni por supuesto quiso aventurar si será posible la exhumación antes del 28-A, cosa que parece ya harto imposible. "Ni yo ni nadie podría decir cuáles van a ser los siguientes avatares", señaló Calvo, que agregó que el Ejecutivo está respondiendo a esta "cadena de obstáculos" que son "son todos de parte de la familia del dictador a la democracia española".

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid tramitan hasta 17 procedimientos en los que se demanda la suspensión cautelar del expediente. Uno de ellos, el que cayó en manos del juez José Yusty, paralizó la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

Pero el expediente, recordó Calvo, "continúa", porque "a los actos del Gobierno solo puede entrar el Tribunal Supremo", y por lo pronto la familia no ha acudido a él para que decida sobre una eventual suspensión. Por tanto, esas demandas judiciales afectan a "elementos muy secundarios", que no alteran "para nada" las previsiones del Ejecutivo. La exhumación se hará "cuando se pueda hacer", indicó. 

Pero los descendientes no son el único obstáculo para el Ejecutivo. También lo es la Iglesia. El prior de la basílica, Santiago Cantera, se niega a permitir el acceso al Gobierno y solo lo hará con un pronunciamiento del Supremo. Calvo remarcó que la Iglesia "se ha comprometido de manera verbal, pública y por escrito" a no obstaculizar la exhumación, y las "condiciones" en su seno "no es cuestión del Gobierno", sino un "asunto de la propia Iglesia católica". 

Reiteró que el Ejecutivo lo que hace es "aplicar una ley", y con todas las garantías. "Cuando llegue el momento, que va a llegar", "quien corresponda" dentro de la Iglesia deberá dar "la autorización correspondiente" para poder proceder a la exhumación. "No entramos en la organización interna" de la Iglesia, abundó Calvo. Es decir, que la Moncloa no se mete en cómo deberá convencer el Vaticano al prior para que permita la entrada de la piqueta a la basílica, pero sigue convencida de que lo conseguirá. 

El Gobierno no va a renunciar a una potente arma de la que legalmente sigue disponiendo hasta la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. El BOE. El presidente, Pedro Sánchez, ya advirtió cuando anunció el anticipo de los comicios, que su Ejecutivo seguiría trabajando "hasta el último minuto" de la legislatura. Y quiere cumplir su promesa, pese a las críticas que le llueven de la oposición, que le reprochan que use el altavoz de la Moncloa para hacer campaña. El Gobierno prosigue con su plan y niega las acusaciones: actúa de forma "prudente", "valiente" y "realista" y vela por las emergencias sociales.

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