El Gobierno echa el freno: evita mensajes contra la oposición para no chocar con la JEC

Ante la duda, cautela máxima. El Gobierno prefiere ahorrarse conflictos y amonestaciones por parte de la Junta Electoral Central (JEC). Por el momento, hasta al menos ver en qué sentido se pronuncia sobre los recursos de PP y Ciudadanos, y lo hará el lunes, evitará convertir las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en una mesa de combate a la oposición. El Ejecutivo se acoge a un tono institucional, sin meterse en camisa de once varas, aunque sin renunciar a su "facultad constitucional", que es seguir gobernando con los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance, incluidos los reales decretos leyes, para dar cauce a medidas de contenido social, y sin renunciar a informar sobre ellos. El Gabinete quiere ser "cauteloso". "Disciplinado".

Que el Gobierno ha cambiado el paso claramente se pudo percibir este viernes en cuanto la portavoz, Isabel Celaá, tomó la palabra en la comparecencia que siguió al Consejo de Ministras y Ministros. No comenzó con su "enmarque semanal", con la introducción más política con las que hasta ahora arrancaba, y en las que aprovechaba, según se terciara, para lanzar mensajes contra PP y Ciudadanos —por su estilo más agresivo o por bloquear, desde la Mesa del Congreso, las iniciativas parlamentarias— o para rebatir a los independentistas.

Celaá se limitó a recordar que el lunes el presidente, Pedro Sánchez, firmó el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones del 28 de abril, y que a ello siguió una instrucción de la JEC en la que aclaraba dudas por el solapamiento de dos periodos electorales (el de generales y el de autonómicas, municipales y europeas). Ni siquiera se explayó en la evocación del Día de la Mujer, hoy, 8 de marzo. "Celebramos juntas y juntos este importante día para nosotras y para lo que significa la igualdad", dijo someramente.

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La ministra luego pasó a explicar los acuerdos adoptados. Entre ellos, un plan de movilidad sostenible dotado con 45 millones de euros y que persigue, entre otros objetivos, una compra mayor de vehículos no contaminantes. Después dio la palabra a su compañera de Gabinete, Magdalena Valerio, que detalló el contenido del real decreto ley que recupera el subsidio para los parados de más de 52 años y que impone el registro de jornada a las empresas. Ambas evitaron en todo momento subrayar los méritos o avances del Gobierno y se atuvieron a cuestiones más técnicas.

El lunes, la Junta ha de pronunciarse sobre los recursos de la oposición, que pedían la suspensión de las comparecencias de los viernes

Las preguntas de los periodistas no rompieron el muro que el Gobierno se había impuesto. El PP y Ciudadanos pusieron en su punto de mira las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros y pidieron a la JEC su suspensión para evitar que Sánchez haga con ellas "electoralismo" y "campaña". Ayer jueves, la Secretaría de Estado de Comunicación presentó sus alegaciones, en las que insistía que el Ejecutivo tenía toda la potestad para seguir aprobando decretos leyes y que no se podían prohibir las comparecencias de los viernes porque se hurtaría así el derecho a la información. Este próximo lunes se reúne la JEC y adoptará una resolución.

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"Atentos" al lunes 11 de marzo

"Vamos a ser cautelosos, vamos a esperar a cuál es la decisión de la Junta Electoral Central" este lunes 11 de marzo, señaló Celaá a los periodistas. "Estaremos atentos a lo que tenga que decirnos", añadió. La portavoz subrayó que el Gobierno está "en plenitud" de ejercicio, sin menoscabo de sus poderes, porque solo entrará en funciones a partir del 29 de abril, al día siguiente de las generales. Pero España sí está ya "en periodo electoral", ya que las Cámaras están disueltas y la maquinaria legal hacia las urnas, puesta en marcha. La campaña, no obstante, no arrancará hasta el 12 de abril.

El Ejecutivo insiste en que "cumple" con su deber de seguir gobernando e informando de los acuerdos, como ha sido lo habitual en 12 legislaturas

Celaá, en línea con las alegaciones presentadas ante la JEC, recordó que el Consejo de Ministros hace lo que han hecho otros ejecutivos en 40 años de democracia, que es ejercer su "facultad constitucional" de aprobar decretos leyes, decretos legislativos o reales decretos. "Cumplimos con nuestro deber", incidió. Y, a partir de esa premisa, el Gobierno tiene la "obligación democrática" de informar a los ciudadanos sobre los acuerdos adoptados por el Consejo, algo "habitual en la democracia española". "Estamos aquí, ustedes [los periodistas] y nosotros, para cumplir la obligación democrática de información a la ciudadanía y que hemos de realizar, como bien saben, conjuntamente", explicó.

PP y Ciudadanos se apoyaban en que, una vez convocados los comicios, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe a los poderes públicos hacer autobombo. Es más, la JEC acordó el pasado lunes una instrucción en la que recalcaba que, dado que en esta ocasión se solapan dos procesos (el de legislativas y el de autonómicas, municipales y europeas), todas las administraciones no podrán hacer campaña de los logros realizados ni proceder a inauguraciones. Las dos formaciones consideran que los decretos aprobados los viernes son actos de propaganda electoral.

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El Gobierno confía en que la JEC le dé la razón. No solo atendiendo a sus argumentos jurídicos, sino también por la comparativa presentada, por las referencias de los acuerdos adoptados por el Consejo en anteriores legislaturas y los vídeos de las ruedas de prensa posteriores. El Ejecutivo confía en que el árbitro central atenderá a lo que "han venido siendo los usos y costumbres a lo largo de 40 años y de 12 legislaturas" durante los distintos gobiernos de UCD, PSOE y PP. "Estamos esperanzados de que la JEC resuelva y en función de ello, esperemos que sea la que corresponde al derecho a informar y al de ser informados de lo ciudadanos. Ustedes podrán seguir informando y nosotros podremos también seguir informándoles", sostuvo la portavoz. Las alegaciones registradas son la prueba palmaria de la "normalidad democrática".

Celaá evita opinar sobre posicionamientos de otras fuerzas. Los miembros del Gobierno no hacen huelga porque no tienen ese "derecho" reconocido

La portavoz ni siquiera quiso ahondar en una materia sensible para el Gobierno, como el 8-M y la movilización de las mujeres. "Esta tarde hay manifestaciones en diversos lugares del país. Corresponde a la libertad de cada persona acudir o no". El Ejecutivo "no va a opinar en relación con otras fuerzas políticas", para nada, señaló sobre la acusación que lanzan PP y Cs a Sánchez de instrumentalización de la lucha feminista. Celaá defendió que le toca ser "particularmente respetuosa" con la "igualdad de herramientas" de todos los partidos que impone el periodo electoral.

Valerio, por su parte, sí respondió que no se había planteado hacer huelga este 8-M porque no es un derecho constitucionalmente reconocido para los parlamentarios o los miembros de los gobiernos. Su "deber" era estar hoy en el Consejo y dar cuenta de las medidas de su área aprobadas, explicación a la que se adhirió Celaá. Ambas sí participaron en las manifestaciones de la tarde en Madrid. Ellas y otros siete ministros. La única actividad institucional del Gabinete, este viernes, era la reunión del Consejo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, también recordaba ayer en RNE que el Gobierno ha de trabajar en representación de las mujeres que secundan los paros y de las que no.

La ministra portavoz, no obstante, sí quiso añadir que las "circunstancias" que han rodeado al Gobierno de Sánchez desde su nacimiento "no han sido las mismas" que las que han envuelto a otros gabinetes. Dejaba así caer de manera indirecta que el Ejecutivo ha sufrido la persecución de la oposición desde el minuto uno, y que incluso ha presentado una reclamación ante la JEC nada más convocadas las generales.