ESCRITO ANTE LA JUNTA ELECTORAL

El Gobierno alega que sus decretos no son "campaña" y que los usaron Zapatero o Rajoy

El Ejecutivo señala que la Constitución no prohíbe aprobar este tipo de medidas porque está en plenitud de funciones. No informar de ellas supondría una "quiebra" de un derecho fundamental

Foto: Carmen Calvo y Josep Borrell, el pasado 1 de marzo tras la reunión del Consejo de Ministros. (EFE)
Carmen Calvo y Josep Borrell, el pasado 1 de marzo tras la reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

Los decretos leyes no son "campaña" ni están "sujetos" al control de la Junta Electoral Central. Es lo que cree el Gobierno y lo que alega ante la JEC tras el recurso presentado por el PP, que pedía al órgano supervisor que suspendiera en el tiempo que queda hasta las generales del 28 de abril, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a la difusión de medidas "electoralistas" y a "cualquier clase de publicidad y divulgación", "por los medios que sean". El Ejecutivo recuerda que iniciativas similares se aprobaron tras la disolución de las Cortes en 2011, cuando al frente del Gabinete estaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, o en 2015, cuando ya estaban convocados los comicios del 20 de diciembre y encabezando el país estaba el popular Mariano Rajoy. Vamos, que lo que hace y hará Pedro Sánchez lo hicieron antes todos los gobiernos, y por eso pide que se desestime la denuncia del partido de Pablo Casado.

Como había adelantado, el Ejecutivo presentó este jueves las alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) para defenderse del recurso del PP. Un escrito de 13 páginas que firma el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y que la Moncloa distribuyó a los medios [aquí en PDF]. Los populares ya manifestaron que intentarían bloquear los llamados 'viernes sociales'. O sea, el anuncio de reales decretos leyes con medidas diseñadas en beneficio de los ciudadanos y que los populares (y también Cs) interpretan como actos de "campaña" a favor del PSOE organizados desde la mesa del Consejo de Ministros.

La espita se abrió el pasado 1 de marzo, cuando el Ejecutivo aprobó tres decretos que aún habrán de ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso: uno sobre vivienda y alquileres —que entró en vigor este miércoles—, otro sobre igualdad laboral —publicado hoy jueves y que, en la parte que hace referencia a la ampliación de los permisos de paternidad, estará operativa a partir del 1 de abril— y un tercero, con un plan de contigencia en caso de que se produzca un Brexit duro, sin acuerdo. Ahí está el primer punto de apoyo del Gobierno: dice que la reclamación formulada por el PP se remite a hechos anteriores al periodo electoral. Esos tres textos se aprobaron por el Consejo el 1 de marzo, y el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las generales se firmó el pasado día 4 y se publicó y entró en vigor el martes 5.

El escrito dice que la JEC no puede examinar los actos del Gobierno antes del periodo electoral ni operar tampoco con carácter "preventivo"


"La Junta Electoral Central carece de competencia para examinar los actos que los miembros del Gobierno puedan realizar con anterioridad a la convocatoria" de los comicios, "como tampoco puede pronunciarse sobre los actos de propaganda electoral" que puedan realizarse antes. "Por lo tanto, no se puede aceptar el relato de hechos incluido en la reclamación como antecedente fáctico", señala el texto firmado por Oliver. También denuncia que la reclamación se funda en la "presunción" de que, en el futuro, y ya dentro del periodo electoral, existirá "una campaña de aprobaciones" de decretos leyes, con su consiguiente difusión, que "tiene un claro tinte electoralista" y puede concidionar a los votantes el 28-A.

"Podrá suceder o no"

El Gobierno señala que esa acusación es "genérica", "ambigua e inconcreta" (¿qué decretos "poseen un contenido electoralista y cuáles no"?). Y es de carácter "futuro y contingente, pues podrá suceder o no". Es decir, puede o no haber más decretos. Sostiene que la JEC ya ha advertido en muchas ocasiones de que no le corresponde la "autorización previa de actos institucionales". Es decir, que no puede actuar 'a priori', sí adoptar medidas para "proteger la integridad del proceso electoral". Carece asimismo de sentido que, de manera "preventiva", se prohíba al Ejecutivo proporcionar "información" sobre sus decretos leyes, escribe.

Sostiene que las ruedas de prensa posteriores al Consejo son un acto "político-informativo" de carácter institucional y normalizado, no "campaña"

Entrando en materia, el secretario de Estado de Comunicación subraya que la aprobación de decretos leyes "no puede considerarse una actuación sujeta al control de la JEC". Recuerda que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) limitan la potestad del Gobierno para utilizar este instrumento jurídico, y remarca que la JEC ya ha señalado que el periodo electoral "no interrumpe el funcionamiento ordinario de las instituciones", posición que respalda el Tribunal Supremo.

El Gobierno alega que sus decretos no son "campaña" y que los usaron Zapatero o Rajoy

Dicho de otro modo: a juicio de la Moncloa, la convocatoria de elecciones no pone en suspenso la actividad del Ejecutivo, y eso incluye la posibilidad de aprobar decretos leyes si entiende que concurren las circunstancias que exige el artículo 86 de la Carta Magna: la "extraordinaria" y "urgente necesidad". Evaluar si se cumplen o no estas condiciones, afirma el texto, "excede" el ámbito de actuación de la JEC. El control de las leyes —y los RDL tienen ese rango normativo— recae en el Tribunal Constitucional, así que la crítica política legítima al contenido de un decreto, considerándolo "electoralista" o "partidista" no puede afectar, subraya el Gobierno, "al ejercicio de una potestad constitucional".

El artículo 50.2 de la Loreg sí dice que desde la convocatoria de elecciones —en este caso, desde el pasado 5 de marzo— y hasta la celebración de las mismas los poderes públicos tienen prohibido el autobombo, cualquier acto que contenga "alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Oliver entiende que las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, que el PP plantea suspender, no constituyen un acto de "campaña de logros". Las comparecencias de la portavoz y de los ministros son un "acto de información" que no son "equiparables a las campañas institucionales de tipo convencional", que son las que a su juicio se ven afectadas por el artículo 50.2 de la ley.

"Inconcebible" la petición

"Nunca se ha puesto en cuestión, hasta ahora, que ese carácter político-informativo" de estas ruedas de prensa de los viernes "las hiciera sospechosas de contaminar el proceso electoral" y, sin embargo, esas comparecencias "han seguido celebrándose" durante todos los periodos electorales de la historia democrática. Oliver aporta documentación [aquí en PDF] para respaldar esta afirmación que demostraría que, con las Cámaras ya disueltas, se ha reunido con normalidad el Consejo de Ministros, se celebraron las ruedas de prensa posteriores, en las que se informaba de las medidas adoptadas, y que entre ellas había reales decretos leyes, reales decretos legislativos y reales decretos "sobre materias muy diversas", algunos con "contenido político" como los de vivienda e igualdad laboral del viernes pasado.

Oliver recuerda que "nunca" se han vetado estas comparecencias, y se han aprobado medidas y se han alabado los "méritos" del Gobierno en ellas

El secretario de Estado cita los ejemplos de las comparecencias previas a las tres últimas generales: las del 20 de noviembre de 2011 (con Zapatero en el poder), las del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016 (con Rajoy en la Moncloa). Oliver puntualiza que el ministro de turno no solo daba detalles de la medida, sino que a veces se resaltaban los "avances" o "méritos" impulsados por el Ejecutivo. Y "nunca" intervino la JEC en estos casos. Las ruedas de prensa de los viernes son, pues, una "práctica institucionalizada" que todo Gobierno asume. El escrito insiste en que ese carácter "normalizado" de tales comparecencias impide que puedan ser catalogadas como "campañas", que por definición son actuaciones "puntuales" y dirigidas a un objetivo determinado. Proporcionan "información de tipo institucional, al dar cuenta de hechos ciertos, como son las medidas que acaba de aprobar" el Consejo de Ministros.

El Gobierno alega que sus decretos no son "campaña" y que los usaron Zapatero o Rajoy

El PP también reclamaba a la JEC que se impida dar publicidad, por cualquier medio, a las medidas "electoralistas". Para el Ejecutivo, es "inconcebible" ese planteamiento porque, llevado al extremo, supondría que no podría ni llevarlas al BOE. Y añade que con la prohibición o limitación de la divulgación de esas iniciativas del Gobierno se produce una "quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz", como recoge el artículo 20 de la Constitución. Hacer caso al PP implicaría igualmente, advierte el escrito, que los medios tampoco puedan dar información a los ciudadanos. Entiende así que suspender la divulgación de lo aprobado en el Consejo de Ministros resulta "desproporcionada y contraria al ordenamiento jurídico".

Expuestas estas razones, el Gobierno pide a la JEC que acuerde el archivo o la inadmisión de la queja del PP. El órgano encargado de velar por el proceso electoral podría reunirse el próximo lunes para estudiar la demanda de los conservadores.

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