El Gobierno renuncia a la 'contrarreforma laboral' antes de las elecciones

El Gobierno ha renunciado finalmente a sacar adelante la 'contrarreforma laboral' a las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Así lo ha reconocido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras la última reunión del Consejo de Ministros. Valerio ha asumido que, después de ocho meses de negociaciones, no ha sido capaz de reunir el "consenso suficiente" para sacar adelante la 'contrarreforma', tanto a nivel político como con los agentes sociales.

De esta forma, Valerio da por muerta definitivamente la 'contrarreforma laboral' antes de las próximas elecciones, tal y como reclamaba la CEOE, un anuncio que ha confirmado las peores sospechas de los sindicatos. "Hemos decidido que la vida sigue y cuando llegue el momento procesal oportuno, con un nuevo Gobierno, cada uno afrontará la situación como considere", ha señalado Valerio.

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El Gobierno no solo se enfrentaba al rechazo frontal de la CEOE, sino que en las últimas semanas también se le habían complicado los apoyos en el Congreso. Unidos Podemos exigía unas medidas que fuesen más lejos de lo que PNV y PDeCAT hubiesen sido capaces de apoyar. Esta oposición de los 'socios de investidura' del Gobierno dejaba al PSOE en clara minoría para poder convalidar el real decreto-ley de la 'contrarreforma laboral' en el Parlamento. De ahí que finalmente el Ejecutivo haya optado por tirar la toalla. "Hemos comprobado que no íbamos a contar con apoyos suficientes en la Diputación Permanente del Congreso porque era muy difícil poner de acuerdo posiciones complejas en este momento", ha señalado Valerio, "a lo mejor en otro momento hubiese sido posible".

Hemos comprobado que no íbamos a contar con apoyos suficientes en el Congreso porque era muy difícil poner de acuerdo posiciones complejas

Valerio ha reconocido que el Gobierno tampoco pretende aprobar la reforma de las pensiones que vuelva a vincular la revalorización al IPC. La convocatoria de las elecciones rompió cualquier posibilidad de acuerdo, ya que las distintas formaciones de la oposición no quieren dar tal victoria al Gobierno. De ahí que estas medidas, que son más sensibles y tienen mayor calado social, hayan quedado definitivamente bloqueadas.

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"Hemos sido realistas y prudentes", ha señalado Valerio a la hora de calificar el fracaso en las negociaciones. Lo que sí ha hecho el Gobierno es lanzar la única reforma del Estatuto de los trabajadores en la que considera que sí hay "urgente necesidad", que es la del registro de jornada. Esta medida la ha incluido dentro del paquete social que ha aprobado este Consejo de Ministros y que, entre otras cuestiones, recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y establece bonificaciones a la contratación de parados de larga duración y a la estabilización del empleo en el sector agrario y de la hostelería.

El registro horario no entrará en vigor inmediatamente, sino que queda pendiente de desarrollo normativo y, posteriormente, de la negociación colectiva. Esto significa que será el próximo gobierno quien decida finalmente sobre esta medida. Esta necesidad de un desarrollo posterior responde a la voluntad del Gobierno de dejar abierta la norma a la especificidad de cada "sector, trabajo y categoría profesional por las peculiaridades que así lo requieran". Esto es, se permitirá cierta flexibilidad en el control de la jornada horaria, que dependerá de la "negociación colectiva, el acuerdo de empresa o, en su defecto, la decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores", determina el texto del real decreto-ley.

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Una vez quede determinada la fórmula para el control del registro horario, la empresa estará obligada a que todos los trabajadores lo hagan cada día y tiene que guardar los registros durante cuatro años. Para el caso de las empresas incumplidoras, el Gobierno ha modificado la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social estableciendo como infracción grave la ausencia de este registro. Estas infracciones graves están penadas con una multa de hasta 6.250 euros por cada infracción.