El PSOE presenta su reforma federal alejándose de polémicas antes del 20-D
Los socialistas se comprometen a "reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias", como la lengua, la cultura, los derechos históricos y forales o su Derecho Civil
Lo prometido. Nada de charcos, ni de polémicas, ni de meterse en cuestiones polémicas o nominalistas. Pedro Sánchez no quería controversias y el borrador de propuesta de reforma constitucional remitido en la tarde de este martes a las federaciones del PSOE lo confirma. No se habla del reconocimiento de España como una "nación de naciones", o de las "aspiraciones nacionales" de las que hablaba el texto anterior, la 'Declaración de Granada'. Ni se define a Cataluña como "nación". Todo eso ya estaba claro. Los socialistas simplemente se comprometen a "reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas del Derecho Civil". Es decir, se salva la denominación original contenida en el actual texto de 1978: nacionalidades y regiones. No hay cesión al PSC.
Eso es lo que se asegura, negro sobre blanco, en el borrador, de 10 folios, y al que ha tenido acceso El Confidencial [aquí en PDF], producto del trabajo de los expertos constitucionalistas reclutados por Sánchez y del posterior filtro de la dirección. Esa afirmación se incluye en el cuarto eje del texto [consulta aquí el contenido de los restantes capítulos], consagrado a la propuesta de "nuevo pacto territorial para una sociedad plural". El PSOE plantea, en ese epígrafe, otros nueve puntos aparte del ya citado. el reconocimiento de todas las "singularidades" territoriales. A saber:
- Incluir en la Constitución a las comunidades autónomas "por su nombre" y la referencia a las ciudades de Ceuta y Melilla.
- "Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades".
- Reformar el Senado para hacer de él una "auténtica Cámara territorial". ¿Qué implica eso? Redefinir sus funciones para que se vinculen a las derivadas de esa función territorial, como abordar en primera lectura la legislación que afecte a las comunidades, y también modificar su "estructura y composición", optando entre un modelo intergubernamental, como el Bundesrat alemán, o un modelo representativo de las CCAA, donde tengan peso los miembros procedentes de los parlamentos regionales. Pero, como ocurría en la 'Declaración de Granada', no se decanta el partido por ningún modelo concreto.
- Incluir el principio de "lealtad federal" entre el Estado y las comunidades. Los socialistas hablan de impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre las administraciones. También de "precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la Unión Europea".
- Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial. El PSOE quiere incluir la "delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas" y enunciar de forma "precisa" los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado.
- Atribuir al Estado "la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida", en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, "así como la igualdad en el territorio en el que resida". Este es un elemento repetido hasta la saciedad y un empeño también de la federación de Susana Díaz: toda reforma de la Constitución debía pasar por la garantía de igualdad entre españoles y entre territorios.
El PSOE pretende mejorar el régimen de lenguas, reformar el Senado, aclarar el reparto competencial o garantizar la igualdad de españoles y territorios
- Establecer los "elementos fundamentales del sistema de financiación de las comunidades" conforme a ciertos principios. Los de "certeza, estabilidad y equilibrio en el reparto de los recursos públicos" y los de "autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial". El PSOE se compromete a arrojar la "máxima transparencia" al sistema y a la garantía del principio de solidaridad a través del "reconocimiento de niveles similares de servicios públicos". También promete contemplar el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios (entendido como una referencia de tipos impositivos efectivos iguales), o reconocer los instrumentos de "cohesión, equilibrio y convergencia territorial". Como en Granada, los socialistas recogen la dimensión de respeto al principio de ordinalidad tal y como la definió el Tribunal Constitucional en su sentencia del Estatut, en 2010, que "la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia". Se atiende así a una demanda histórica del PSC.
Configurar en la Constitución "una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidariedad y suficiencia financiera", el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.
- "Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo". Este estaría orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la "unificación de doctrina". Los socialistas defienden que hay que atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos la "culminación ordinaria de la resolución" de las impugnaciones judiciales. Asimismo, incluyen la garantía de "independencia" del Consejo General del Poder Judicial -Sánchez ha defendido la descolonización política de los órganos del Estado- y facilitar la desconcentración en las salas de gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas. Es decir, que abogan por una descentralización limitada de la Justicia.
La concepción federal del Estado es, en consecuencia, el cuarto de los cinco grandes bloques en que se divide la propuesta de cambio de la Carta Magna del PSOE, en la que han estado trabajando Ferraz, las federaciones y los expertos. De hecho, no es la más novedosa, ya que bebe de la 'Declaración de Granada' de 2013. Lo más llamativo se encuentra en las otras partes del documento, las consagradas al fortalecimiento del Estado del bienestar o a la mejora del sistema democrático.
El texto comienza subrayando el "orgullo" que los socialistas sienten de la Constitución, que ha proporcionado "los mejores años" de la historia del país. Pero la crisis y las respuestas dadas por los poderes públicos, junto con la mayor debilidad de la representación política y las ansias de transparencia "han minado la confianza" en la misma y urge una actualización. "La España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978", sostiene el borrador, por lo que el Estado ha de remodelarse para un "nuevo largo periodo de convivencia".
“Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza“, proclama el PSOE, que rechaza un proceso constituyente
Los socialistas señalan cuatro razones para modificar la Carta Magna: extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, aumentar la calidad democrática, corregir el modelo territorial (que los constituyentes dejaron "prácticamente en blanco") y reflejar la "vocación europeísta" de España. "Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza, y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo", proclaman.
Presentación en el palacio de Neptuno
El PSOE recalca que no pretende abrir un proceso constituyente -como quieren Podemos e IU-, sino revisar a fondo el vigente texto de 1978. Algo que sólo saldrá adelante, enfatiza, si es fruto del pacto político y cuenta con el apoyo de la ciudadanía. El partido insiste en que su documento es sólo un punto de partida, no de llegada, y que forzosamente, a través del diálogo, cambiará. "Es una oferta abierta, llamada a completarse y discutirse con las que formulen el resto de los actores políticos y también la propia ciudadanía", advierte.
Sánchez promete convocar a las fuerzas políticas tras las elecciones, “con carácter inmediato“, para pactar con ellas el procedimiento de reforma
La propuesta de reforma constitucional se conoce pocas horas antes de que se reúna el Consejo de Política Federal del PSOE, el órgano que reúne al secretario general y a sus barones y que preside la andaluza Susana Díaz. Y justo en el día en que el bloque independentista dio un paso importante, tras pactar una proposición de comienzo de la ruptura con España, que fue contestada de inmediato por el líder socialista y el presidente del Gobierno. Tras la aprobación formal, Sánchez protagonizará un acto público de presentación del documento en el Palacio de Neptuno de la capital, a dos pasos del Congreso de los Diputados.
Al final, y como ya adelantó El Confidencial, el partido ha optado por separar la puesta de largo del programa de la propuesta de reforma de la Carta Magna. Por rentabilidad informativa y porque entiende que este último documento tiene tal relevancia, y más en estos momentos de confrontación con Cataluña, que merece un tratamiento diferenciado. También porque se pretende subrayar la voluntad de consenso, insistir en que no se trata de un programa de partido, sino un texto "abierto al diálogo" con otras fuerzas. No obstante, según prometió hace una semana Meritxell Batet, la número dos por Madrid y coordinadora de la oferta electoral de los socialistas para el 20-D, la propuesta de modificación de la Ley Fundamental se integrará dentro del programa de las generales.
El documento concluye con una proclama electoral: el partido se muestra "convencido" de que "sólo" con la victoria del PSOE en diciembre se "abrirá una nueva etapa reformista" que actualice el marco constitucional "bajo la premisa del diálogo y el consenso". Para ello, la dirección promete convocar tras los comicios y "con carácter inmediato" a las restantes fuerzas parlamentarias para "acordar el procedimiento para emprender la reforma" de la Ley Fundamental y "concitar, en torno a él, el mayor apoyo y participación ciudadana".
[Consulta aquí la propuesta de reforma constitucional del PSOE en PDF]
Lo prometido. Nada de charcos, ni de polémicas, ni de meterse en cuestiones polémicas o nominalistas. Pedro Sánchez no quería controversias y el borrador de propuesta de reforma constitucional remitido en la tarde de este martes a las federaciones del PSOE lo confirma. No se habla del reconocimiento de España como una "nación de naciones", o de las "aspiraciones nacionales" de las que hablaba el texto anterior, la 'Declaración de Granada'. Ni se define a Cataluña como "nación". Todo eso ya estaba claro. Los socialistas simplemente se comprometen a "reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas del Derecho Civil". Es decir, se salva la denominación original contenida en el actual texto de 1978: nacionalidades y regiones. No hay cesión al PSC.