APROBADO YA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA EJECUTIVA FEDERAL

El PSOE propone que se cese a los altos cargos procesados a la espera de juicio oral

La dirección plantea legislar sobre aquello que el partido se ha impuesto a través del código ético. También quiere limitar los aforamientos, desbloquear las listas y aprobar primarias para todos por ley

Foto: Meritxell Batet, coordinadora del programa electoral del PSOE y número dos por Madrid, este 19 de octubre en Ferraz. (EFE)
Meritxell Batet, coordinadora del programa electoral del PSOE y número dos por Madrid, este 19 de octubre en Ferraz. (EFE)

El PSOE ya cuenta con su borrador de programa electoral. Borrador aprobado este lunes por la comisión permanente de la ejecutiva federal -el núcleo duro- y que ahora deberá pasar el filtro del debate interno para que, dentro de un mes, tenga la luz verde definitiva. Un programa que por ahora contabiliza cerca de 300 páginas, que Ferraz facilitó a los medios a las 10 de la noche en su integridad, y en el que se hace especial hincapié en un capítulo al que la dirección de Pedro Sánchez confiere especial importancia (y argumento, además, del fichaje de la ex de UPyD Irene Lozano), la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción

Pues bien, los socialistas plantean "prohibir el nombramiento, y obligación de cese, de altos cargos en todas las administraciones públicas que se hallen incursos como procesados o imputados una vez abierto juicio oral por algún delito" de corrupción. Esto supone llevar a la ley lo que el partido se impuso el año pasado en su código ético. Asimismo, propone una medida semejante para los cargos electos, "suspender a concejales y parlamentarios" que estén imputados y a la espera de juicio oral. La barrera la fija el partido en ese punto, en la apertura de juicio oral, cuando la acusación que pesa sobre el político está más fundada. Sin embargo, requirió el escaño a los implicados por el caso los ERE mucho antes, en cuanto se confirmó la imputación. 

Todos los que accedan a un cargo público deberán comunicar cualquier tipo de variación patrimonial durante su mandato y se obligará a los miembros del Gobierno y a los altos presentar una declaración en la que se demuestre que están al corriente con Hacienda.

Se incluye la regulación de los 'lobbies', para evitar casos de corrupción por tráfico de influencias

En este bloque de su programa, la dirección incluye la limitación del uso del procedimiento negociado sin publicidad, la revisión de las causas legales de prohibición de contratación con las administraciones públicas y la prohibición de contratar con sociedades que realicen "operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales". 

Además de intensificar los mecanismos de prevención en el sector público, el PSOE hace lo propio en la órbita privada. Así, pretende regular el acceso de los 'lobbies' a los políticos, para evitar los "riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias". ¿Cómo? Creado un "registro obligatorio" de estos grupos de presión. Todo 'lobista' deberá informar periódica y públicamente de sus actividades. Se expresa igualmente la voluntad de premiar a las compañías que firmen "pactos de integridad" o establecer "listas blancas de empresas" que desarrollen buenas prácticas.

En el ámbito penal y en el de control e información, el PSOE plantea actuar en varios frentes: 

  • Revisar los delitos por corrupción y agravar las penas. 
  • Reforma de las medidas contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social.
  • Dotar de más medios humanos a la Justicia y a la Fiscalía Anticorrupción. 
  • Regular la figura del 'whistleblower', para garantizar la protección efectiva del denunciante en casos de corrupción. 
  • Crear una Oficina Anticorrupción.
  • Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas
  • Introducir en el sistema educativo materias de formación en valores contra la corrupción y lanzar campañas de sensibilización. 

Racionalizar los salarios de los políticos

Sánchez siempre se ha mostrado partidario de limitar los aforamientos. Y lo lleva a su programa. Plantea limitar esta figura "al ejercicio de la actividad política" -o sea, no derogar el escudo legal por completo- y promover que las comunidades autónomas supriman los aforamientos de sus estatutos. Además, el PSOE quiere que esté prohibido que cualquier responsable político o empleado público pueda aceptar regalos, "salvo los de carácter protocolario, que pertenecerán a la Administración y se inscribirán en un registro accesible al público". 

Pedro Sánchez, en la presentación de los candidatos del PSOE, este domingo. (EFE)
Pedro Sánchez, en la presentación de los candidatos del PSOE, este domingo. (EFE)

Ferraz se mete en harina con los salarios de los políticos. Se compromete a "aprobar un programa de racionalización del régimen retributivo de los altos cargos de la Administración General del Estado y del personal directivo del sector público estatal, buscando los consensos" para aplicar esa misma racionalización al resto de administraciones. 

Indultos. Material sensible para la opinión pública. Los socialistas manifiestan su deseo de eliminar la concesión de esta medida de gracia "en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción". Se incorporaría la necesidad de su motivación -hoy no hace falta- y reforzar la información que se suministra a las Cortes Generales.

El PSOE quiere facilitar el voto electrónico, eliminar la obligación de pedir el sufragio para los emigrantes o regular los debates electorales

Este eje capital del documento socialista para el 20-D contiene medidas para reformar el sistema parlamentario y electoral. En el primer caso, pretende impulsar la modificación de los reglamentos de Congreso y Senado para corregir su rigidez, "dotando de mayor agilidad y dinamismo a los debates, potenciando el papel del parlamentario individual". El objetivo es igualmente quitarle capacidad de poder a la mayoría parlamentaria, impidiendo que el presidente y sus ministros rehúyan el debate en las cámaras. Intención, no obstante, que ya recogía la conferencia política que organizó el anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en noviembre de 2013 [puede consultar la resolución política aprobada aquí en PDF]. 

La reforma de la Ley Electoral no aspira a ser muy ambiciosa, ni persigue aumentar la proporcionalidad, queja frecuente de IU y de UPyD. El programa incluye cambios para facilitar el voto electrónico, eliminar el voto rogado para los españoles emigrados al exterior y favorecer su participación, posibilitar el sufragio a los discapacitados que no pueden hacerlo a día de hoy, incorporar la obligatoriedad de las listas cremallera (alternancia de hombres y mujeres), regular la celebración de debates -como ya anunció Sánchez la pasada semana- y "revisar el procedimiento electoral". En línea con la conferencia de 2013, el PSOE apuesta por desbloquear las listas, de forma que los electores puedan expresar sus preferencias respecto a los candidatos y se incentive así una "rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios". Es decir, que los ciudadanos podrán cambiar la voluntad de los partidos y de sus direcciones, una de cuyas fuentes de poder radica, precisamente, en su poder sobre la confección de las listas. 

El programa incluye regular la elección de candidatos por primarias y dotar a los afiliados de la capacidad de votar “determinados cargos internos“

El programa incluye finalmente el endurecimiento de las puertas giratorias para los altos funcionarios del Estado, tal y como adelantó El Confidencial este domingo. El PSOE sugiere "elevar de cinco a 10 años el periodo mínimo de servicio activo de los funcionarios para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo en esta situación", que no concreta, "a cuyo término se pierde la condición".

Más participación y transparencia en los partidos

Los socialistas hablan asimismo de profundización democrática y transparencia en los partidos. Lo primero es "refundir" la actual Ley de Partidos y la de Financiación de Partidos en una sola norma, una nueva Ley de Partidos. Que comprenda varias novedades. Que dote de mayor capacidad de participación a los militantes "mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos" -en el PSOE, su líder ya es elegido por el sistema de un afiliado, un voto-, regular la selección de candidatos a La Moncloa y a los gobiernos autonómicos y locales por primarias (posibilitando que los estatutos acojan la opción de primarias abiertas a la ciudadanía) o considerar los programas como "un compromiso vinculante con la ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas", idea expresada este lunes por la coordinadora del manifiesto socialista, Meritxell Batet

Se aumentaría la participación ciudadana, se reduciría el número de firmas necesarias para presentar una ILP a 300.000 y se potenciaría el Gobierno abierto

El PSOE prevé regular el sistema de microdonaciones a través de internet para aportaciones inferiores a 200 euros, dotar de transparencia a "todos los ingresos públicos y privados" de las formaciones políticas, indicando incluso los sueldos que pagan a cargos internos y empleados o informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas y de los créditos contratados. Como Sánchez ha reclamado en más ocasiones, se propone que los partidos que se hayan financiado ilegalmente deban responder patrimonialmente de esos actos.

El partido dedica un capítulo al Gobierno abierto, que incorpora medidas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los responsables públicos, así como la participación ciudadana, desde edades tempranas y a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía -que rescataría el Ejecutivo de Sánchez-. Se primaría la publicidad activa, se transformaría el actual Portal de la Transparencia en una web más útil, con formatos abiertos y reutilizables, y alojar en Internet un espacio que acoja las propuestas o peticiones de los ciudadanos. 

Las firmas necesarias para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se reducirían de 500.000 a 300.000 -obligaría a un cambio en el articulo 87 la Constitución-, y los promotores podrian defender en el Parlamento su propuesta. Se crearía la Oficina Ciudadana en las Cortes Generales -el Diputado y Diputada 351- para "canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía en las Cámaras", un espacio físico y digital donde los españoles podrían solicitar información, gestionar peticiones y entrevistas con políticos, registrar preguntas que cuenten con respaldo ciudadano y participar en debates y consultas públicas.

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