Presión en el PSOE para que Ferraz prometa derogar también el coste del despido del PP

No solo es Andalucía la que se siente descontenta con la propuesta laboral planteada por la dirección de Pedro Sánchez. No es la única federación que considera que debe rectificarse el documento redactado por Ferraz y caminar más hacia la izquierda. Son más los territorios que pedirán que el programa electoral de las generales del 20-D se enmiende y se prometa derogar por completo la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012 y que los socialistas recurrieron, de hecho, al Tribunal Constitucional. Se trata de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Desde Ferraz se recuerda que el PSOE es un "partido de gobierno" y que no puede prometer "cualquier cosa" que luego no sea capaz de cumplir.

Fue el pasado 14 de octubre cuando el PSOE desgranó uno de sus compromisos estrella, y lo hizo antes de presentar el conjunto de su borrador de programa. Quería separarlo para recalcar la mayor importancia que confería a una materia que considera crucial. Pero el titular que buscaba se le arruinó. Su secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, intentó huir de las persistentes preguntas sobre qué coste del despido quería el PSOE. Al final, no pudo esquivar el balón. El partido prometía derogar la reforma laboral del PP, pero parcialmente. Sin tocar, en un primer momento, la indemnización por fin del contrato. Esa cuestión peliaguda la dejaba para la negociación posterior de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para lo que se daba el plazo de un año. Así quería resaltar que deseaba sacar el asunto del despido de la contienda política, al albur del Gobierno de turno, para integrarlo en el diálogo con los agentes sociales. En definitiva, el PSOE planteaba una derogación parcial de la ley del PP, en tres puntos concretos: negociación colectiva -para fortalecer el poder de los sindicatos-, desigualdad y contratación.

Sin embargo, Sánchez se ha hartado de decir -como en su momento hizo Alfredo Pérez Rubalcaba- que, si llega a La Moncloa, derogaría la normativa del PP. Una afirmación que en el partido se interpretaba como lo que parecía: una voladura total del modelo alumbrado por Rajoy, incluido el aspecto más controvertido y por el que pasó a la historia: la reducción del coste del despido improcedente (de 45 a 33 días por año trabajado) y la generalización del fin del contrato por causas objetivas (el de 20 días). Por si quedaba alguna duda, el secretario general y candidato lo aclaró días después en una entrevista en 'eldiario.es': "Voy a poner en mi programa electoral lo que pueda cumplir. Quien diga en este país, en la UE y en la globalización en la que estamos, que quiere subir la indemnización por despido a 45 días está mintiendo".

"Esto ha cabreado, es verdad"

En el borrador del programa, hecho público la semana pasada [aquí en PDF], nada se dice de la extinción del contrato y de la necesidad o no de subir al alza el coste. De hecho, Luz Rodríguez, en contactos con empresarios, ya les garantizó que no se tocaría esta cuestión, muy sensible para la patronal.

Aquella presentación suscitó un profundo malestar interno que no afloró por la inminencia de los comicios y porque enseguida se solapó el incendio provocado por el fichaje de la exdiputada de UPyD Irene Lozano en las listas por Madrid. Decisión unipersonal de Sánchez que suscitó muchas heridas que también se taparon pertinentemente para no enturbiar las expectativas electorales. Pero ahora las federaciones tienen oportunidad de traducir ese resquemor con la propuesta laboral, que muchos entienden como un viaje "al centro", vía enmiendas al programa. Correcciones que los territorios tendrán que enviar a la ejecutiva federal antes del próximo 2 de noviembre, con vistas a que se estudien el día 8 y se llegue a la conferencia política del fin de semana del 14 y 15 de noviembre, que se celebrará en Madrid, con el trabajo ordenado y pulido.

Varios altos mandos territoriales reconocían a El Confidencial que había gustado "poco" o "nada" la cierta marcha atrás de Ferraz en un asunto que se considera medular del esquema impulsado por el PP. "Esto ha cabreado, es verdad. Y seguro que nosotros presentamos enmiendas para modificar esa parte. Aquí tenemos muchos sindicalistas y no se van a quedar callados -cuenta un cargo cercano al 'president' valenciano, Ximo Puig-. No es muy lógico tal y como se ha explicado". Esa insatisfacción, en cambio, no se ha producido con otros pilares del programa (como la apuesta firme por la laicidad, el blindaje de la sanidad y la educación, la regeneración democrática, la reforma fiscal o la modificación de la Carta Magna), cuyo texto será presentado en Madrid este miércoles tras su aprobación por el consejo de política federal, que reúne al líder y a sus barones territoriales. Sí ha suscitado algo más de incomodidad la inconcreción sobre un nuevo esquema de financiación autonómica que para federaciones como Valencia, que preside el Gobierno autonómico, es estratégica, razón por la que demandará cambios en ese capítulo.

Malestar también en el entorno de Rubalcaba

"Esta era una de las líneas más importantes de crítica y no puede ser que ahora caigamos en la laxitud. Nosotros contribuiremos a meter presión, y estoy convencida de que al final seremos más taxativos en el documento final", señala, en la misma línea, una dirigente próxima al jefe del Ejecutivo manchego, Emiliano García-Page, aunque pone una cautela: que no se ha adoptado una decisión en la dirección regional, ya que el debate, por ahora, está residenciado en las asambleas de base. Lo mismo ocurre en otras federaciones: será a finales de esta semana cuando los comités autonómicos fijen su posición.

Cuadros del partido perciben que se ha querido operar un giro “al centro“, pero no comprenden que ahora se caiga en la “laxitud“ en un tema capital de crítica

"Yo creo que es un empeño de un sector que quiere mandar un mensaje más allá de nuestras fronteras. Y una vez más se olvidan de quiénes les quitan y les ponen, que son los votantes", añaden, aludiendo implícitamente al coordinador del área económica del programa, Jordi Sevilla, a quien en el PSOE sitúan en el ala más liberal, y autor, por tanto, de ese viraje "al centro" que ha molestado en ciertos sectores del partido. Sobre todo en una cuestión más "ideológica", como la propuesta laboral, que toca la fibra sensible del PSOE. Igual que ha ocurrido con la reforma fiscal, en la que el partido ha evitado reproducir, por ahora, la concreción que alcanzó en la resolución de la anterior conferencia política, la de noviembre de 2013, que organizó Rubalcaba.

El exsecretario general de los socialistas y su equipo, de hecho, vieron con pesar el giro "drástico" operado por la actual dirección, sobre todo en materia laboral. "¿Qué habrían dicho si lo hubiéramos hecho nosotros? Que Alfredo es de derechas...", se pregunta y se contesta un veterano responsable muy cercano a Rubalcaba.

Fuentes del entorno de Luz Rodríguez subrayan que no hubo pugna con Sevilla sobre esta cuestión capital: la pretensión era y es no embarrancar el diálogo social con el asunto del despido, y hablar del modelo entero.

Un "contrato ciudadano"

En el club de descontentos se sitúan varias federaciones. Andalucía, por descontado, que aspira a que se diga que se derogará por completo la reforma laboral del PP. Pero también piden cambios Valencia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Asturias, todas ellas consultadas por este periódico. O sea, los territorios más poderosos del PSOE en volumen de militantes. Nadie quiere que se interprete como una enmienda a la totalidad al programa de Pedro Sánchez, ni como un gesto de hostilidad hacia él, pero sí consideran que ha de endurecerse la redacción, aclararla para que no quepa duda sobre que el compromiso del partido de que se derogará la norma del PP es total e irreversible.

"Lo que hemos visto es un borrador, y afortunadamente se puede enmendar. Para nosotros -dicen en el círculo del presidente asturiano, Javier Fernández, un referente intelectual de los socialistas y uno de los barones, junto al extremeño Guillermo Fernández Vara, que más lealtad han demostrado hacia el líder-, es un tema sensible. Y estamos a tiempo de debatirlo. Confiamos en que al final se le dé la orientación que queremos". "Yo creo que habría que derogar entera la reforma del PP, incluido el coste del despido -indican en el entorno del castellanoleonés Luis Tudanca-, pero entiendo que no puedes crear un vacío legislativo. Y el tema de la indemnización no es lo más gravoso que provocó la ley del PP, es casi peor el fin de la ultraactividad de los convenios. Pero por ejemplo podemos volver a la reforma que nosotros hicimos, la de 2010". En las federaciones, no obstante, se aplaude que se quiera negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores con los agentes sociales.

“Somos un partido de gobierno. No vamos a prometer cualquier cosa. No somos Podemos y procede hacerlo con consenso“, defienden en la dirección

Ferraz estudiará las enmiendas a partir de la próxima semana, y el 8 de noviembre se debatirán en comisiones de trabajo. Las que queden vivas se podrán estudiar, sin embargo, en el plenario de la conferencia política, el 14 y 15, a la que asistirán 500 participantes, entre dirigentes y representantes de la sociedad, más los miembros de los órganos federales. Por el momento, mantiene su posición. "Somos un partido de gobierno y que vamos a gobernar. No vamos a prometer cualquier cosa. Este tema hay que negociarlo con sindicatos y empresarios para hacerlo bien. Los aspectos que no se pueden derogar inmediatamente lo haremos como procede. No somos Podemos y procede hacerlo con consenso", indica una dirigente cercana a Sánchez e integrante de su comité de estrategia, el sanedrín que pilota la campaña.

El candidato ha reivindicado el "diálogo" como un estilo necesario en la política, del que ha carecido Rajoy. Lo reitera en sus intervenciones públicas. A él, además, le interesa el cuerpo a cuerpo con el presidente del Gobierno. Un duelo que, por cierto, quedó este lunes señalado con el lanzamiento de la campaña en Internet presidenciables.es, que opone las cualidades de los líderes de PSOE y PP. La primera destacada es la "honestidad", la condición de Sánchez de "político limpio".

La obsesión del secretario general es que no se repita lo que ocurrió en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero: que los españoles sientan que el programa ha sido traicionado. De ahí que Sánchez y su equipo insistan en que el programa con el que comparecerán el 20-D es un "contrato ciudadano", o que incluso se incluya la memoria económica una vez se apruebe el documento definitivo. En el mismo borrador se plantea que los programas sean considerados como un compromiso "vinculante" del que habrá que "rendir cuentas". Ahora Ferraz, y Sánchez en particular, deberá calibrar si tiene margen de maniobra para matizar o transaccionar su texto, lanzando un guiño a su izquierda y calmando el frente interno, o es preferible dejarlo como está.