Bruselas avisa de que España debe hacer "más esfuerzos" por reducir la deuda pública

La Comisión Europea considera que, aunque hay "fuertes reducciones de las vulnerabilidades asociadas a los elevados niveles de deuda privada y externa de España" y "la deuda pública también se ha reducido en los últimos años", los técnicos comunitarios avisan de que el Gobierno debería hacer "más esfuerzos" para seguir reduciendo los niveles de deuda pública. En general, la Comisión Europea avisa de que "serían necesarias medidas adicionales para hacer frente a las vulnerabilidades detectadas". El informe exhaustivo, que el Ejecutivo comunitario hace como parte del Mecanismo de Alerta para evaluar los desequilibrios macroeconómicos de los Estados miembros, ha sido publicado este lunes junto a los de Chipre, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.

Bruselas apunta a la necesidad de que se tomen medidas para que "España alcance una situación presupuestaria saneada y mejore la sostenibilidad fiscal global, aborde los desajustes y la escasez de cualificaciones", además de "resolver el problema de los bajos niveles de inversión en innovación y desarrollo por parte de las empresas". Respecto a la deuda pública, la Comisión admite que "ha disminuido a pesar de los persistentes déficits presupuestarios", pero apunta a que "los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria se consideran globalmente altos a medio plazo".

Este último elemento es importante, ya que, cuando se apliquen las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, acordadas a finales del año pasado por los ministros de Finanzas y que comenzarán a aplicarse a partir de 2025, los países con un alto riesgo deberán hacer esfuerzos fiscales adicionales en los planes nacionales de ajuste que deben enviar a Bruselas después del verano.

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Las nuevas normas fiscales mantienen intactos los pilares tradicionales de la gobernanza económica, es decir, que los Estados miembros deben tener un déficit inferior al 3% y una deuda pública que tienda a quedar por debajo del 60% del PIB. Con las nuevas reglas, lo que cambia es la manera en la que las capitales logran cumplir con esos dos requisitos, obligando a los Estados miembros a dejar el déficit por debajo de dicha barrera y hacer que la deuda pública esté en una tendencia decreciente creíble y sostenida.

España ha logrado reducir por la vía del crecimiento sus niveles de deuda pública en los últimos años tras un fuerte incremento durante la crisis del coronavirus, y se prevé que en 2024 se sitúe en el 106,5%. Debido al coste relacionado con el envejecimiento y las pensiones, la Comisión Europea espera que el nivel de deuda pública vuelva a aumentar en la próxima década, llegando cerca del 120% en los "escenarios adversos" planteados por los técnicos comunitarios. Respecto al déficit, la Comisión Europea prevé que quede en un 3,2% en 2024, aunque cree que habrá un mayor desequilibrio en 2025, hasta el 3,4%, debido a la eliminación prevista de varios impuestos temporales a la banca y el llamado "impuesto de solidaridad" a los más ricos.

La Comisión celebra que, "por el lado del gasto, España empezó a aplicar las recomendaciones formuladas en las revisiones del gasto realizadas por la autoridad fiscal independiente (AIReF)", pero, sin embargo, admite que, "en cambio, la vinculación de las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad presupuestaria en el futuro, aunque en la legislación relativa a este ámbito se prevén medidas específicas para compensar el impacto de los posibles gastos más elevados".

Respecto a los ingresos, los técnicos comunitarios señalan que "habría margen para ser más ambiciosos". "Entre las posibles medidas adicionales de aumento de los ingresos podrían figurar la simplificación del régimen del IVA y otros ajustes de los beneficios fiscales o de determinados impuestos indirectos, incluida la fiscalidad medioambiental, protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables con medidas compensatorias específicas", señala la Comisión Europea en su análisis.

Además, el departamento de Economía y Finanzas de la Comisión Europea aplaude la reforma laboral aprobada en 2021, que era parte del Plan Nacional de Recuperación español, por el que el Estado recibe desembolsos por parte de la Unión Europea a cambio de reformas. Los técnicos aseguran que "ha contribuido decisivamente a la reducción del empleo temporal en el sector privado, aunque se necesitan nuevas medidas para abordar la persistente elevada proporción de empleados temporales en el sector público".